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Mesa Directiva Ampliada del CLAD: revisión del proyecto de Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

La Paz, Bolivia, 10-11 de junio de 2009

Bajo el coauspicio del Gobierno de España, a través del Ministerio de la Presidencia, y del Gobierno de Bolivia, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante los días 10 y 11 de junio de 2009 se reunió en la Paz, Bolivia, la Mesa Directiva Ampliada del CLAD con el propósito de revisar el borrador de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública cuya elaboración fue decidida por el Consejo Directivo del CLAD.

La versión preliminar de la Carta se basó en un documento de trabajo preparado por reconocidos especialistas en la materia, a saber: José María Fernández Lacasa, Director de Gabinete de la Secretaría de Estado para la Función Pública de España; Nuria Cunill Grau, Asesora Especial del CLAD; Marta Oyhanarte, Subsecretaria de Reforma Institucional de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina; y Caridad Jiménez Giraldo y Elsa Quiñones Serrano, Dirección de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia.

Con la participación de los Representantes de Argentina, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, la Mesa Directiva Ampliada del CLAD redactó la versión definitiva del Proyecto de Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que será considerada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado a celebrarse en Lisboa, Portugal, durante los días 25 y 26 de junio de 2009.

El proyecto de Carta Iberoamericana prevé contribuir con la construcción de una democracia plena en Iberoamérica, que se soporte entre otros derechos en los de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho genérico de los ciudadanos y las ciudadanas de incidir individual o colectivamente en la gestión pública, derecho que la Carta denomina como el "derecho de participación ciudadana en la gestión pública".

El proyecto establece que las denominaciones de "ciudadano" y de "ciudadana", como sujetos titulares del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, no está referido a las personas con derechos exclusivos de ciudadanía o nacionalidad, sino a todo habitante con respecto a la gestión pública del país en donde reside.

Además, reconoce al Estado como principal instrumento de construcción de los intereses colectivos en la búsqueda de un desarrollo con mayor equidad y justicia social.

En tal sentido, el proyecto establece como indispensable para que se de la participación ciudadana en la gestión pública, que la actuación del Estado sea transparente y que el ejercicio del gobierno esté sometido a responsabilización, esto es, que las autoridades públicas rindan cuentas y se sometan al control social de la ciudadanía.

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