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Modernizar la gestión pública de las personas: los desafíos de la flexibilidad

Francisco Longo

En la era de la información y el conocimiento, el factor humano deviene un eje central para las organizaciones y las sociedades. Por su naturaleza, en los servicios públicos esta centralidad adquiere aun una mayor trascendencia. No hay innovación sin personas capaces y dispuestas a producirla. En el ámbito de la OCDE, el lema de la flexibilidad sintetiza las tendencias vividas por la gestión pública de los recursos humanos (en adelante, GPRH), en el marco de los procesos o discursos de reforma de las administraciones públicas. Es un lema equívoco en un doble sentido. De un lado, porque su concreción habrá de ser diferente en países que disponen de un sistema de mérito consolidado, y en aquellos otros cuya primera prioridad sea construirlo. Por otra parte, la orientación a la flexibilidad difiere en su aplicación efectiva, según se sustente en programas cuya lógica exclusiva o dominante sea la reducción de efectivos (tendencia principal en numerosos países), o bien se centre en la mejora cualitativa de las políticas y prácticas de personal. En el plano prescriptivo, una noción de flexibilidad que aúne y equilibre las dimensiones de eficiencia y calidad de las políticas de GPRH parece el enfoque más adecuado.

Desde este enfoque, orientar la GPRH a la flexibilidad supone afrontar un conjunto de desafíos fundamentales, en lo que se refiere a la gestión del empleo, la planificación y organización del trabajo, la gestión del rendimiento, la del desarrollo y aprendizaje, y la organización de la función RRHH. En estos cinco ámbitos, la puesta en marcha de políticas y prácticas adecuadas de GPRH está exigiendo un consistente esfuerzo de innovación, que enfrenta inercias y resistencias de diversa índole. Para tener éxito, las reformas en el diseño organizativo, de enfoque antiburocrático y descentralizador, serán clave, como lo serán las iniciativas de fortalecimiento y desarrollo de capacidades gerenciales, y la búsqueda de algunos consensos básicos entre los actores fundamentales de los sistemas públicos. Las reformas jurídicas, desprovistas del valor totémico que a menudo se les atribuye, serán imprescindibles, sobre todo para consolidar los cambios. Pero el escenario clave en el que se jugará la viabilidad de las innovaciones será el del cambio cultural, el de la sustitución de una parte de los mitos, modelos mentales y normas no escritas que han venido sustentando el comportamiento humano en las organizaciones públicas, por los nuevos valores que deben caracterizar lo público en sociedades abiertas, gobernadas democráticamente.

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