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La reforma del Estado: reto de la democracia

Leonardo Garnier Rímolo

El tema de la reforma del Estado ha sido abordado desde una óptica estrictamente técnica, descuidando el contenido político que, por su propia naturaleza, afecta a cualquier proceso de transformación de la institucionalidad pública.

El trabajo plantea, en primer lugar, el problema de la eficiencia social de los servicios públicos, entendida no sólo como la definición de prioridades y la reducción de sus costos, sino como el complejo balance entre el costo, la calidad y la cobertura de esos servicios. Paralelamente, se valora la necesidad de promover una creciente participación democrática, pero sin caer en las tesis más simplistas en las que la participación sustituye a la representación, sino más bien como elementos complementarios de una democracia que se perfecciona.

En segundo lugar se argumenta que la adecuada dirección política, y la rendición de cuentas -tanto a las autoridades como a la ciudadanía- son elementos vitales de una reforma democrática del Estado, y que los instrumentos de evaluación deben jugar un papel central en el funcionamiento de las instituciones públicas.

En tercer lugar se plantea la necesidad de impulsar reformas radicales en los procesos de administración de los recursos públicos, de manera que éstos puedan dirigirse cada vez con más flexibilidad hacia las prioridades nacionales, y no a las rutinas que se van estableciendo con el tiempo, y con los intereses creados dentro y fuera del gobierno. Esta racionalización debe incluir, lógicamente, tanto el lado del gasto como el del ingreso, donde deben impulsarse reformas que combinen la ética, la equidad y la eficiencia tributaria, y enfrenten la cultura del endeudamiento con la cultura del ahorro y el financiamiento sano de los programas públicos.

En cuarto lugar, cualquier proceso exitoso de reforma del Estado debe avanzar hacia una gestión innovadora de los recursos humanos que requieren las instituciones públicas para prestar un servicio profesional y responsable. Esto supone desde transformaciones legales en los regímenes de empleo público, que por su misma naturaleza tienen efecto muy lentamente, hasta la utilización de esquemas de contratación y compra de servicios que le den a las instituciones el margen de flexibilidad que el mundo de hoy les demanda. Los sistemas de incentivos y sanciones incluidos tanto en los contratos laborales como en los administrativos y de compra de servicio, son la clave del éxito en este campo.

Finalmente, esto debe complementarse con procesos permanentes de modernización institucional que sirvan como base de una gestión pública eficiente, de calidad, y profundamente orientada al usuario.

La reforma del Estado no puede verse como un esfuerzo momentáneo, motivado casi siempre por problemas más o menos profundos en las cuentas fiscales, sino como un proceso permanente de adaptación en los procesos que llevan a una toma cada vez más democrática de decisiones colectivas, y a su ejecución cada vez más eficiente desde el punto de vista social y de largo plazo.

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