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La descentralización fiscal en América Latina : peculiaridades política, organizacionales y fiscales

Fernando Rojas Hurtado

Se describen los procesos de descentralización en América Latina, incluyendo los orígenes, propósitos y alcances de los mismos, y los obstáculos y condicionamientos que restringen sus resultados. Se abordan las dimensiones política, organizacional y propiamente fiscal de los procesos de descentralización fiscal, en base al análisis de los casos de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

Las motivaciones y las metas de la descentralización fiscal son muy diversas en los casos de los países estudiados. Existe una determinación global de naturaleza económica, pero al mismo tiempo existen resistencias al desmonte completo del Estado benefactor. En particular en lo que se refiere al caso venezolano, el propósito original de la descentralización fue de índole política más que económica. En Venezuela, el organismo competente en materia de descentralización es una entidad técnica, de nivel ministerial, responsable de la reforma política, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE. En este caso, cobran especial importancia los actores descentralizados, siendo los estados copartícipes del proceso de descentralización. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el débil apoyo del Gobierno Central al proceso descentralizador en Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos.

En la dimensión organizacional se aprecia una abigarrada variedad de arreglos institucionales para la descentralización fiscal. Las reformas organizacionales chocan con las estructuras locales jerarquizadas, con las exigencias de economías de escala, con la falta de preparación adecuada por parte de los funcionarios de los niveles más desagregados, y con la ventaja del nivel central, nacional o federal para otorgar prioridades en los gastos que generan externalidades en el país. La interacción entre la descentralización fiscal y el desarrollo institucional en la experiencia latinoamericana puede estudiarse tomando como referencia el caso venezolano. En este sentido, se aprecian los siguientes aspectos: la flexibilidad contractual del proceso, la distribución de competencias, el apoyo al desarrollo institucional, la coordinación intersectorial y con el sector privado, y el papel de los estados y municipios en el proceso.

En lo que se refiere a la dimensión propiamente fiscal, se plantean dos vías para la reasignación de los recursos, acorde con las prioridades y las demandas de los usuarios de los servicios públicos. La primera es la vía del fortalecimiento de los recursos propios de los niveles subnacionales, y la segunda es la de las transferencias. Lo aconsejable es llegar a un balance entre recursos propios y transferencias, la combinación de transferencias condicionales e incondicionales y la elaboración de un paquete diversificado de financiamiento estadal o municipal. La experiencia muestra que de los países de la región, Perú es el más inclinado a conceder autonomía a las entidades territoriales y al sector privado. El gobierno central de Colombia, por el contrario, ha transferido cuantiosas sumas a departamentos y municipios. En Venezuela los recursos propios de los estados son exiguos, y las transferencias en este país han sido diseñadas dejando poco margen de autonomía a los niveles estadal y municipal.

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