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Uruguay: Se promulga la ley sobre la regulación del derecho al acceso a la información pública

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Uruguay: Se promulga la ley sobre la regulación del derecho al acceso a la información pública

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El 17-10-2008, se promulga la Ley No. 18381 sobre la regulación del derecho al acceso a la información pública. Tiene por objeto promover la transparencia en la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

Se establece que los organismos públicos, sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios, la siguiente información mínima: a) su estructura orgánica; b) las facultades de cada unidad administrativa; c) la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación; d) información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías; e) concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas; f) toda información estadística de interés general; y g) mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Asimismo, se crea la Unidad de Acceso a la Información Pública, como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), cuyas funciones y cometidos son:

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República.

b) Controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados.

c) Coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas.

d) Orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública.

e) Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental.

Se estipulan las responsabilidades administrativas, además de las civiles y penales que pudieran acarrear faltas consideradas como graves, entre las cuales se menciona: negar información no clasificada como reservada o confidencial, omitir o suministrar parcialmente la información requerida, permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial.

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