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Panamá: Acciones oficiales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas

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Panamá: Acciones oficiales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas

Escudo de Panamá

En abril de 2009 los Municipios del país inician el proceso de rendición de cuentas como parte del mandato de la Ley 6 de Transparencia que establece que todo servidor público debe responsabilizarse de sus actos en el ejercicio de sus funciones y en la comunicación de los resultados de su gestión ante la sociedad. De esta manera, se preparan para entregar un informe general 2004-2009, de sus proyectos y programas realizados, logros alcanzados, beneficiarios y recursos asignados. Los Municipios esperan además de cumplir con la Ley, ganar credibilidad ante la comunidad.

Desde el año 2005, la Procuraduría de la Administración coordina la Red Interinstitucional de Etica Pública y Transparencia que constituye una alianza entre las instituciones públicas para fortalecer una cultura de buenas prácticas institucionales.

El 25-01-2010 las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá inician las acciones dirigidas a retirar al país de la lista de territorios considerados paraísos fiscales, lo cual es una estrategia que busca mayor transparencia en la materia. El titular del MEF y el viceministro de Economía participan en Francia en un foro sobre América Latina convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Exponen a esa entidad los avances logrados para Panamá en la negociación de acuerdos dirigidos a evitar la doble tributación. Se anuncia también el cierre exitoso de conversaciones con México e Italia, unido al interés de iniciar contactos sobre el tema con Holanda, España, Chile y Gran Bretaña. Expertos del sector financiero indican que ya se han enviado además notas a naciones como Alemania, Australia, Japón, Suiza, Noruega, Islandia y Lichtenstein con vistas a concertar pactos de ese tipo. Desde el punto de vista jurídico, los analistas consideran que este tipo de acuerdo busca también el intercambio de información entre los estados firmantes, para de esa forma prevenir el fraude y la evasión fiscal.

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