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Mesa Directiva Ampliada del CLAD aprueba versión definitiva del proyecto de Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

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Después de dos días de intenso trabajo en La Paz, Bolivia, la Mesa Directiva Ampliada del CLAD redactó la versión definitiva del Proyecto de Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que será considerada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, a celebrarse en Lisboa, Portugal, durante los días 25 y 26 de junio de 2009

Mesa Directiva Ampliada del CLAD aprueba versión definitiva del proyecto de Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Inauguración de la reunión por parte del Ministro Luis Alberto Arce Catacora

Bajo el coauspicio del Gobierno de España, a través del Ministerio de la Presidencia, y del Gobierno de Bolivia, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, durante los días 10 y 11 de junio de 2009 se reunió en la Paz, Bolivia, la Mesa Directiva Ampliada del CLAD con el propósito de revisar el borrador de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública cuya elaboración fue decidida por el Consejo Directivo del Centro.

Este proyecto de Carta Iberoamericana prevé contribuir con la construcción de una democracia plena en Iberoamérica, que se soporte entre otros derechos en los de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho genérico de los ciudadanos y las ciudadanas de incidir individual o colectivamente en la gestión pública, derecho que la Carta denomina como el "derecho de participación ciudadana en la gestión pública".

El proyecto establece  que las denominaciones de "ciudadano" y de "ciudadana", como sujetos titulares del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, no está referido a las personas con derechos exclusivos de ciudadanía o nacionalidad, sino a todo habitante con respecto a la gestión pública del país en donde reside.

Además, reconoce al Estado como principal instrumento de construcción  de los intereses colectivos en la búsqueda de un desarrollo con mayor equidad y justicia social.

En tal sentido, el proyecto establece como indispensable para que se de la participación ciudadana en la gestión pública, que la actuación del Estado sea transparente y que el ejercicio del gobierno esté sometido a responsabilización, esto es, que las autoridades públicas rindan cuentas y se sometan al control social de la ciudadanía.

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