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Informe Final de Conclusiones y Recomendaciones

Coloquio Iberoamericano: "Obstáculos Institucionales que limitan las Funciones de los Organismos Gubernamentales de Combate a la Corrupción en América Latina" Colonia Tovar, Venezuela, 06 y 07 de diciembre de 2004

     

 

Las autoridades de los organismos gubernamentales anticorrupción de los países iberoamericanos, reunidos los días 6 y 7 de diciembre de 2004, en la Colonia Tovar, Venezuela, bajo la iniciativa del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el apoyo del Ministerio de Administraciones Públicas de España (MAP), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Ética Pública (RICOREP) que coordina el CLAD, se han constituido en el Coloquio Iberoamericano: "Obstáculos Institucionales que Limitan las Funciones de los Organismos Gubernamentales de Combate a la Corrupción" con el propósito de intercambiar información, debatir y presentar líneas de orientación y cooperación en materia de lucha contra la corrupción, con la finalidad de contribuir a que las oficinas gubernamentales anticorrupción y las demás instituciones de los Estados Iberoamericanos que combaten la corrupción estén dotadas de las capacidades necesarias para asegurar la efectividad y el avance de la lucha contra dicho flagelo y la promoción de una cultura que rescate la ética pública, concluyeron lo siguiente:

  1. La corrupción constituye un fenómeno que representa una amenaza para la consolidación de la democracia y el desarrollo económico y social de los países iberoamericanos. A pesar de que la democracia se expande, en algunos países la corrupción crece, con el peligro de convertirse en generalizada y, a veces, sistémica.
  2. La corrupción es un problema complejo en el que convergen múltiples procesos y causas, económicas, socioculturales, éticas y políticas; así como diversos actores, tanto privados como públicos, nacionales como transnacionales.
  3. La insuficiente información disponible sobre los alcances y características del fenómeno de la corrupción deriva, muchas de las veces, en la consolidación de mitos que dificultan su combate. Dos de los mitos más difundidos son aquellos que aseguran falsamente que el fenómeno es un problema causado exclusivamente por la actuación de funcionarios y políticos en el sector público, y que únicamente aparece en los países de poco desarrollo económico.
  4. Como una respuesta propia de América Latina, en algunos países se ha promovido desde los Gobiernos y desde la sociedad la constitución de organismos públicos anticorrupción, para reforzar a los órganos tradicionales y sistemas constitucionales de control.
  5. La creación de dichas oficinas gubernamentales anticorrupción es un esfuerzo loable, que muestra la conciencia que existe en la región sobre la magnitud del fenómeno de la corrupción, la voluntad política y social de enfrentarlo y la necesidad de experimentar mecanismos innovadores para combatirla de manera más efectiva.
  6. A pesar de que los organismos públicos anticorrupción han encontrado límites y obstáculos que dificultan su labor, es imperativo reconocer que muchas de estas oficinas han logrado avances en el campo de la prevención, la investigación y el combate a la corrupción, fundamentalmente mediante la creación de una conciencia social sobre este flagelo.
  7. Las experiencias exitosas muestran que las Oficinas Anticorrupción han conseguido algunos elementos positivos en el combate contra la corrupción, a saber:
    1. Contribuido a colocar el tema de la corrupción y del buen gobierno como una prioridad en la agenda política de los países.
    2. Generado una tendencia para trascender de políticas de gobierno a políticas de Estado en materia de prevención, investigación y combate a la corrupción.
    3. Promovido acciones que desarrollan una concepción integral de los programas anticorrupción, de manera que estos reconocieran y atendieran la multidimensionalidad del fenómeno.
    4. La búsqueda de respuestas novedosas, modelos y estrategias innovadoras en la lucha contra la corrupción, de acuerdo a las condiciones específicas de cada país.
    5. Demandar la cooperación internacional por tratarse de un fenómeno transnacional con ramificaciones de orden regional y mundial.
    6. Conseguir avances en el establecimiento de mecanismos de transparencia e información sobre la gestión de los organismos del Estado, como por ejemplo: la creación de portales de transparencia accesibles a la ciudadanía, mediante la utilización de medios informáticos y telemáticos.
    7. Haberse apoyado en los convenios internacionales, especialmente la Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción de la OEA, como medio para fortalecer la acción institucional y para impulsar un apoyo internacional más coordinado.
  8. Sin embargo, es importante reconocer que aún subsisten problemas significativos que entraban el accionar institucional de los organismos gubernamentales anticorrupción e impiden el cumplimiento cabal de sus funciones y cometidos. Se identifican a continuación algunos de estos obstáculos que se expresaron con mayor recurrencia en el Coloquio y cuya superación contribuiría a hacer que las acciones de estos organismos puedan ser más efectivas de lo que son actualmente en el combate frontal a la corrupción:
    1. Incumplimiento o ausencia del marco jurídico-normativo, que permita que las diferentes instituciones de los poderes públicos desarrollen tareas de forma coordinada, establezcan mecanismos de cooperación interinstitucional y definan claramente las atribuciones y competencias que correspondan a cada una de ellas. Es particularmente crítica la ausencia de mecanismos de cooperación interinstitucional entre las oficinas anticorrupción y los órganos jurisdiccionales de la administración de justicia.
    2. Las oficinas gubernamentales anticorrupción poseen, en general, poca autonomía institucional, financiera y política, debido fundamentalmente al origen del mandato y a la manera como se designan sus autoridades y funcionarios. Esto origina problemas de estabilidad institucional que han afectado a oficinas gubernamentales anticorrupción en varios países en América Latina. Este hecho limita la constitución de una política de Estado ante la corrupción. A menudo, un cambio de gobierno implica también un cambio de políticas, el fin de programas y la remoción de funcionarios. Esta es la paradoja central de los organismos públicos especializados en el combate a la corrupción: ser a la vez parte del funcionamiento del sistema político, pero requerir un distanciamiento, una autonomía suficiente para poder ejercer su labor.
    3. Falta de capacitación especializada de algunos servidores públicos que trabajan en las oficinas gubernamentales anticorrupción.
    4. Falta de sistemas de información sobre corrupción articulados entre las diferentes instituciones estatales con competencias en la materia.
    5. Debilidad de un control social y ciudadano, independiente y financieramente sostenible.
    6. Expectativa desmedida sobre los organismos de lucha contra la corrupción.
    7. Manejo inadecuado de cifras y encuestas de percepción de la opinión pública sobre la corrupción y su combate, en razón a la ausencia de patrones estandarizados de medición.
    8. Ausencia de comprensión cabal de los organismos internacionales respecto de las características de la corrupción en cada país, en particular como consecuencia de la limitada y a veces errónea política de cooperación internacional hacia las oficinas gubernamentales anticorrupción.
  9. La mayoría de los obstáculos identificados en el Coloquio pueden superarse con la formulación de una política de Estado, con la participación concertada de las instituciones públicas que participan en la lucha contra la corrupción, de acuerdo con sus competencias y con la participación activa de la sociedad. Razón por la cual las oficinas gubernamentales anticorrupción de Iberoamérica deberán propender a:
    1. Obtener independencia financiera y política. Lo que se puede lograr a través de una alianza estratégica del aparato anticorrupción del Estado (no sólo de la oficina anticorrupción), con la participación de la sociedad y la presión de la opinión pública.
    2. Seguir construyendo sistemas nacionales de integridad y ética pública que fortalezcan el Estado de derecho y la democracia como objetivos de la lucha contra la corrupción.
    3. Fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucional, mediante la sistematización del aparato anti-corrupción, el intercambio de información y el impulso de programas y acciones conjuntas.
    4. En los países en que no existen o están desactualizados, desarrollar planes de integridad y anti-corrupción, que dejen claras las atribuciones y responsabilidades de cada actor y dependencia pública especializada.
    5. Velar porque el rescate de la ética pública y el combate contra la corrupción sean orientaciones permanentes de los programas nacionales de reforma del Estado y de la Administración Pública.
    6. Fortalecer en la lucha contra la corrupción la cooperación entre los sectores público y privado, entre los Estados nacionales y entre estos y los organismos internacionales.
    7. Promover la aprobación de códigos de buen gobierno y ética publica que orienten la actuación de los gobernantes y de los funcionarios públicos, como medio para ejemplarizar a la sociedad imponiéndose a los dirigentes medidas restrictivas y cautelares en previsión de comportamientos no éticos.
    8. Promover aún más la participación de todos los sectores sociales en la formulación y ejecución de políticas, planes, acciones y estrategias destinados a combatir la corrupción.
    9. En la lucha contra la corrupción, reflejar claramente que sus acciones son orientadas por una política de Estado y no sólo por decisiones del gobierno.
    10. Crear o fortalecer sistemas de información que garanticen el acceso ciudadano a la información y garantizar la continuidad de dichos sistemas.
    11. Establecer mecanismos e indicadores de evaluación de resultados sobre el combate a la corrupción y no sólo indicadores de percepción.
    12. Identificar, analizar y difundir las estrategias y experiencias exitosas desarrolladas por los diversos organismos públicos de Iberoamérica en la lucha contra la corrupción.
  10. En América Latina hay elementos comunes tanto en el problema como en las respuestas; pero se destaca la existencia de condiciones sociales y políticas, marcos institucionales y modelos específicos en cada país, que es necesario tomar en cuenta a tiempo de definir el problema, los obstáculos, y para recoger las respuestas y las estrategias exitosas.
  11. En todo caso, en cada país el éxito de la lucha contra la corrupción estará siempre sujeto a las distintas condiciones que inciden sobre el fortalecimiento institucional y la autonomía funcional de los entes y órganos con competencia en esta materia; a la disponibilidad de sistemas de información sobre el fenómeno y sus diversas dimensiones; a la coordinación y cooperación interinstitucional entre los órganos y entes de los Poderes del Estado; al apoyo de la opinión pública, y del sector privado; a la cooperación internacional; y a la continuidad del rescate de la ética pública y de la prevención y combate contra la corrupción como programas permanentes del Estado que transciendan los períodos gubernamentales.
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