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La corrupción y la experiencia cubana

José Miguel Betancourt Araoz

I. Introducción

No es objetivo del presente trabajo ilustrar científicamente a los distinguidos participantes en esta reunión sobre la mejor manera de combatir la corrupción en sus respectivos países. Solamente pretendemos darles a conocer la manifestación histórica de este fenómeno en Cuba, las medidas que se adoptaron para su erradicación al triunfo de la Revolución y las aplicadas en estos últimos 40 años, para prevenir su resurgimiento, teniendo como escenario un mundo que transita a una globalización neoliberal, así como la apertura de nuestra economía a la inversión extranjera y a la industria del turismo, el desarrollo impetuoso de la ciencia y la técnica en general y, en especial, en el ámbito de la informática y las comunicaciones y, particularmente, el interés manifestado por los enemigos de la nación cubana, de erosionar la moral de nuestro pueblo, pretendiendo restablecer el dominio neocolonial perdido para siempre sobre los destinos de nuestra nación.

Comprendemos la necesidad de que para discutir el tema de la corrupción, sea necesario constituir paneles sobre la corrupción política, económica y administrativa, aunque nos resulta difícil deslindar estos temas porque, a nuestro juicio, los tres están íntimamente vinculados, interactuando entre sí.

Es por ello que al exponer las medidas adoptadas en Cuba contra la corrupción económica en el presente trabajo, posiblemente incursionemos involuntariamente en temas que son objeto de análisis de los otros paneles, por lo cual pedimos disculpas.

Por otra parte resulta necesario precisar, para el mejor entendimiento de la política seguida por la dirección del país contra la corrupción, que en Cuba la casi totalidad de la economía se enmarca en el sector público y que, según nuestra legislación penal, están tipificados como delitos vinculados con la administración y la economía, hechos que en la generalidad de los países son, cuando más, infracciones reglamentarias y, en su mayoría, hechos normales en el desenvolvimiento de esas actividades.

De nuestra experiencia y resultados, lo que pueda ser aprovechado positivamente por otros países, nos servirá de acicate para seguir luchando en la prevención de la corrupción en Cuba y colaborando con la comunidad internacional en su combate y de satisfacción por haber contribuido al bienestar de pueblos hermanos.

Durante la celebración del 50 Aniversario de la Organización Mundial de la Salud, realizada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el pasado mes de mayo, Cuba ratificó al mundo que, desde el año 1983 cumplió el "Programa Salud para Todos en el año 2000".

Hoy ante este foro, podemos afirmar que veinte y cuatro años antes, en los primeros meses de 1959, nuestro país extirpó de su suelo las principales y más arraigadas manifestaciones de ese terrible flagelo mundial que es la corrupción, motivo de este evento, que asoló a nuestro pueblo durante más de 450 años y que hoy en día se ha multiplicado en la generalidad de los pueblos del mundo, sin que aún se haya podido fijar por alguien un término para su erradicación o, al menos, para revertir su tendencia creciente, a pesar de los esfuerzos que realizan a nivel local e internacional, gobiernos y prestigiosos organismos internacionales e instituciones intergubernamentales y no gubernamentales.

La sociedad cubana actual no es perfecta, como no lo es ninguna obra humana, pero en ella no se manifiesta el fenómeno de la corrupción en la magnitud y complejidad que preocupa y ocupa a la mayor parte de los países, tanto desarrollados, como subdesarrollados.

Paradójicamente, es un hecho que representamos aquí a una nación sometida durante casi cuarenta años a agresiones de todo tipo, desde las militares, hasta las de carácter bacteriológico y al más feroz bloqueo que haya sufrido pueblo alguno, todo ello, por parte del país más poderoso de la tierra y de la historia.

Mediante este bloqueo se le impide o interfiere a nuestro país, sistemática, implacable y cruelmente el acceso a fuentes de financiamiento externo, la adquisición de alimentos, medicinas, equipos médicos y estomatológicos, materias primas y materiales para sus industrias, así como cuantas negociaciones financieras o de inversiones intenta hacer para su desarrollo, amenazando a los inversionistas interesados con leyes represivas extraterritoriales violadoras del derecho internacional, circunstancias estas en que quizás hubiera sido lógico que se creara un terreno propicio para la proliferación de la corrupción.

Sin embargo, lo cierto es que nuestro pueblo, no solo ha logrado sobrevivir, sino alcanzar conquistas políticas, sociales y económicas que constituyen la aspiración de muchos pueblos del tercer mundo e, incluso, algunas de ellas, de países del mundo desarrollado, demostrándose fehacientemente así, que un pueblo capaz de realizar tan grandes proezas, no puede estar penetrado por la corrupción.

Además de no manifestarse el fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad con sus innumerables secuelas, en el orden penal tampoco existe el delito organizado, tipificado, entre otros, por el crimen y el fraude político, el lavado de dinero, la tortura, el narco-tráfico, la drogadicción, en gangsterismo, los secuestros, la desaparición de ciudadanos, la venta de niños y su prostitución, el tráfico de órganos, los asaltos a mano armada, los atentados, la extorsión y tantos otros que asolan la tranquilidad ciudadana y el desarrollo social en la generalidad de las latitudes del mundo.

No quiero esto decir que en Cuba no se cometan delitos relacionados con las actividades administrativas y económicas, tales como la malversación, el cohecho, el uso indebido de recursos financieros y materiales, el abuso en el ejercicio del cargo y otros, pero ellos, con independencia de que en su mayoría implican infracciones de escasas cuantías, no son actividades delictivas institucionalizadas, siendo consecuencia de puntuales actitudes individuales de personas con debilidades morales, dignas de un estudio de sus perfiles sicológicos, quienes acuden a esos métodos influenciadas por ideologías consumistas ajenas a los principios de nuestra sociedad e incapaces de alcanzar por sus propios méritos y por vías lícitas, sus aspiraciones particulares.

Pero ha sido y es voluntad política del país que ni un solo hecho de este tipo quede impune, habiéndose adoptado en determinados casos que han tenido una relevante connotación, severas medidas, preservando así la función pública de la perversión que ello conlleva.

II. Algunos antecedentes históricos

Antes del triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, durante la conquista y la colonización española, así como durante la existencia de la pseudo república que sobrevino en el año 1902 y, por más de 450 años, en nuestro país se enseñoreó la corrupción pública y privada, utilizada como instrumento de degradación moral por parte de los intereses foráneos que pretendían perpetuar su dominio sobre nuestra nación, manifestándose múltiples hechos derivados de ella, desde el aniquilamiento de nuestra población indígena en un desmedido y despiadado afán de enriquecimiento por parte de los colonizadores, hasta convertir a Cuba en un gran garito, con el protagonismo de los más oscuros intereses extranjeros y la complicidad criminal de los gobernantes de turno.

Contra este estado de cosas, las injusticias sociales y el sometimiento a los designios del colonialismo español primero y del poderoso vecino del norte después, lo más sano y progresista de nuestro pueblo libró durante casi 100 años, múltiples batallas por la verdadera independencia y soberanía de Cuba que se vieron frustradas por las ambiciones neocolonialistas y el entreguismo sumiso e interesado de la oligarquía nacional.

El gobierno estadounidense, en el año 1898, a espaldas y sin el consentimiento de los patriotas que luchaban por la libertad de Cuba, declaró la guerra a España amparado en una muy dudosa agresión al acorazado Maine, surto en el puerto de La Habana, con el objetivo de satisfacer mediante su esta primera intervención militar en Cuba, las viejas ansias de apropiarse de la Isla, interés que manifestaron varios de sus gobernantes desde principios del Siglo XIX.

Al amparo de esta intervención norteamericana, el 20 de Mayo de 1902, se constituye oficialmente la República de Cuba e inicia su desempeño su primer gobierno, dirigido e integrado ya en esos momentos por elementos que comienzan a introducir prácticas corruptas y, cuyo mayor acto de desgobierno, fue la entrega de las riquezas del país a los intereses económicos norteamericanos y su sometimiento político a los Estados Unidos, principalmente, por la aceptación de la Enmienda Platt impuesta a nuestra naciente nación, mediante la cual, entre otras arbitrariedades, el gobierno norteamericano se arrogaba el derecho de intervenir directamente en Cuba, cuando considerara que sus intereses así lo requerían.

A este primer gobierno lo suceden consecutivamente, hasta el primero de enero de 1959, otros del mismo corte, unos de filiación liberal y otros de filiación conservadora cuyos personeros fueron autores y protectores de todo tipo de acciones ilegales derivadas de la corrupción imperante en las esferas oficiales y sostenedoras de regímenes que mantenían un injusto e inoperante orden político, económico y social.

En el primer tercio de la década de los años cincuenta y ante tanta ignominia, la juventud cubana, dirigida por un joven abogado nombrado Fidel Castro y siguiendo el pensamiento doctrinal de José Martí, Héroe Nacional de Cuba, inicia la lucha armada revolucionaria para derrocar al gobierno del corrupto dictador de turno, Fulgencio Batista y, una vez logrado ese derrocamiento, instaurar en el país, un nuevo régimen político, social y económico: "La patria de hermandad y justicia" que diseñó el Apóstol de nuestra independencia.

Este dictador Batista, de triste recordación para el pueblo cubano por haber causado la muerte a más de 20.000 de sus mejores hijos, fue fiel defensor de los intereses norteamericanos en la Isla y el que, a pesar de pisotear sistemáticamente los más fundamentales derechos civiles y humanos de los ciudadanos cubanos, contaba con la aquiescencia y apoyo económico, político y militar del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

El 1ro.de Enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana después de más de cinco años de cruenta lucha contra un ejército, policía y otros cuerpos represivos, equipados, entrenados y sostenidos por el gobierno norteamericano. El tirano y sus secuaces huyeron a otros países y, principalmente, a la ciudad de Miami, donde fueron acogidos como ciudadanos "respetables" por las autoridades de dicho país.

III. Combate y prevención de la corrupción

A partir del triunfo de la Revolución se inicia en Cuba un proceso político, económico y social profundo; todos los integrantes del gobierno dictatorial y aquellos elementos corrompidos del llamado Servicio Civil, abandonaron el país o fueron sustituidos de sus cargos.

Asumieron esas responsabilidades hombres, en muchos casos, sin la preparación profesional requerida, pero de incuestionable honestidad y probidad y con la voluntad inquebrantable de cumplir cabalmente con sus deberes en beneficio de la sociedad; se disolvieron el ejército, la policía y los demás cuerpos represivos existentes en el país, sostenedores internos del régimen tiránico; se separaron de sus cargos a aquellos jueces y magistrados venales que con sus sentencias prevaricadoras favorecían el imperio de la corrupción; se creó un organismo denominado Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados que ejecutó escrupulosa y legalmente la confiscación de todos los bienes mal habidos por los integrantes de dicho régimen dictatorial y se implantó una política de administración honesta, erradicándose en pocos meses las lacras sociales existentes, con la actuación decidida de todo el pueblo que estaba urgido de libertad, justicia social, decencia y honestidad.

En los últimos 40 años, nuestro pueblo, principal protagonista de nuestro proceso revolucionario, ha logrado realizar hazañas y conquistas sociales que parecen extraordinarias, como es el caso de la erradicación de la corrupción, pero que son realmente sus verdades y aspiraciones hechas realidad, sustento de la justicia social que caracteriza a nuestra sociedad, siendo las más sobresalientes las siguientes:

  • El triunfo y consolidación de una Revolución Socialista a 90 millas de los Estados Unidos de Norteamérica y la heroica resistencia de todo un pueblo ante las múltiples agresiones sufridas y el feroz bloqueo impuesto a Cuba;
  • la realización de una verdadera reforma agraria desde el mismo triunfo de la Revolución, eliminándose así la secular explotación económica al campesinado y el otorgamiento de la propiedad de las viviendas urbanas arrendadas a sus ocupantes, mediante el justo pago por el Estado a los respectivos ex-propietarios;
  • la erradicación del analfabetismo desde el año 1961 y la creación de un sistema educacional integral, que ha permitido lograr la elevación de la educación general, técnica y profesional del pueblo y garantizar de que no haya un niño sin escuela o maestro y que no se pierda ninguna inteligencia, sea de hombre o mujer, trabajador o no, obrero o campesino, blanco o negro, revolucionario o no, creyente o no creyente, con más o menos ingresos familiares, todos, con las mismas oportunidades de acceder a estudios de todos los niveles según sus méritos y capacidades y, en ese contexto, la formación de miles de técnicos universitarios que, partiendo de un sinnúmero de casos de personas analfabetas, muchas de ellas hoy son consideradas de un altísimo nivel profesional a escala mundial. Estos técnicos han coadyuvado a enfrentar y contrarrestar el robo de cerebros que han practicado también en Cuba los enemigos de nuestro país;
  • el desarrollo e introducción de la ciencia y la técnica en la mayor parte de los sectores de la economía, alcanzando niveles a la altura de países desarrollados en varios de ellos, como son los casos de la biotecnología y la farmacéutica;
  • el fomento de una cultura autóctona, en cuyo marco se han cultivado diversas manifestaciones artísticas que son reconocidas mundialmente;
  • la práctica masiva del deporte por parte del pueblo en forma gratuita, con la introducción de las más avanzadas técnicas en esta materia, lo que ha permitido que Cuba haya alcanzado lugares muy destacados en eventos deportivos nacionales e internacionales, mundiales y regionales;
  • La implantación de sistemas y programas integrales de salud gratuitos al alcance y en beneficio de todo el pueblo, con resultados que se comparan con los de países del primer mundo;
  • la aplicación de un régimen de seguridad social que ampara a todos los trabajadores y sus familiares, hasta la fecha en forma gratuita para éstos, así como de asistencia social para toda la población, igualmente gratuita;
  • la abolición de la discriminación racial y de la mujer, teniendo todos los ciudadanos los mismos derechos, deberes y oportunidades;
  • la instauración de un democrático sistema electoral, ajeno a la politiquería, al fraude y a la compraventa de votos; sin costosas campañas políticas ni rivalidades entre partidos políticos y candidatos, así como la celebración de elecciones ejemplares, en las que participa más del 98% de los electores y en las que los elegidos, en los casos de diputados nacionales y delegados provinciales alcanzan más del 90% de los votos emitidos, todo ello, después de más de 39 años de poder revolucionario;
  • En Cuba son los electores los que nominan y eligen a los candidatos y los revocan cuando ello resulta procedente, al amparo de las causales que establece la ley;
  • el establecimiento de una democracia participativa, en la que el pueblo realmente ostenta el poder político y económico, democracia que puede servir de ejemplo a muchos países del mundo.

Como resultado de la alta moral irradiada por la Revolución que con su ejemplo reivindicador ha venido cumpliendo y rebasando el programa social y económico inicialmente expuesto en "LA HISTORIA ME ABSOLVERA", alegato programático del movimiento revolucionario dirigido por Fidel Castro y adoptando además durante estos casi cuarenta años, innumerables medidas destinadas a garantizar la independencia de la nación y la defensa de su soberanía, la identidad nacional del pueblo cubano, el respeto a la dignidad plena del hombre, la salud, la educación, la seguridad económica y personal, la ayuda internacionalista a otros pueblos del mundo y otras muchas, se ha logrado, en el contexto de la justicia social alcanzada, promover y arraigar en nuestro pueblo importantes valores patrióticos y morales, así como un alto sentido de propiedad social.

No obstante, ante la necesidad de convivir e insertarse en el mundo globalizado y relacionarse con sociedades donde imperan regímenes neoliberales, para resistir y desarrollar nuestra sociedad en medio del bloqueo norteamericano, el derrumbe del Campo Socialista y la desintegración de la antigua Unión Soviética, la economía cubana se ha visto precisada a abrirse a la inversión extranjera y promover intensivamente el turismo, lo que, con independencia de todo el beneficio material, tecnológico, económico y financiero que reporta al país y el intercambio cultural que ello conlleva, no deja de ser un canal por el que se pudieran extender a nuestra Isla los vicios y actividades vinculados a la corrupción internacional, en relación con lo cual el Gobierno Cubano se encuentra enfrascado en prevenir a nuestra sociedad, como cuestión vital para la supervivencia del Estado Cubano.

Las principales causas y condiciones que han determinado que en Cuba no se arraigue el fenómeno de la corrupción son:

  • el imperio de una ideología que ha permitido la creación de una nueva sociedad que, política, económica y socialmente garantiza la justa y equitativa satisfacción de las necesidades materiales y espirituales fundamentales de sus integrantes, sobre la base de sus legítimos méritos y derechos, así como por sus aportes mediante el trabajo creador, todo ello, sustentado en la propiedad social de los medios fundamentales de producción y financieros y la concepción que vincula y le da interdependencia orgánica a los aspectos económicos y sociales del desarrollo, considerados como unidad integral;
  • la incuestionable e inquebrantable voluntad política de la máxima dirección del país, de prevenir, rechazar, reprimir y erradicar cualquier manifestación de corrupción, respaldada por el aval ético de sus principales integrantes, quienes han demostrado, ejemplar e irrefutablemente, que son incorruptibles e intransigentes con cualquier conducta de este tipo y por la inobjetable autoridad que les otorga el hecho de haber sido protagonistas de primera línea, junto con todo el pueblo, en la larga y difícil lucha llevada a cabo para alcanzar y mantener las conquistas de la Revolución;
  • la consolidación de la unidad del pueblo con su Partido, Estado y Gobierno, lo cual ha sido corroborado, entre otros eventos, por el respaldo que ha otorgado y otorga ese pueblo a nuestro sistema, expresado en los resultados de las votaciones alcanzadas en los procesos electorales y por su participación en los desfiles y concentraciones, como el celebrado el pasado 1ro. de Mayo, donde millones de cubanos patentizaron, combativos, alegres y entusiastas, su respaldo a la Revolución y a sus dirigentes en todo el país, sin enarbolar ni una sola consigna reivindicatoria de grupos, sindicatos o sectores y sí los de todo el pueblo en defensa de la soberanía nacional y la eficiencia para el desarrollo general de la economía, así como la voluntad de resistir el tiempo que sea necesario para lograr el definitivo triunfo de nuestro proyecto social;
  • el fortalecimiento de una conciencia general de anti-corrupción, bajo el principio de que en nuestra sociedad, los cargos públicos son una tarea para servir a la nación, no un modo de vida para beneficio personal, con el entendimiento de que la generalización e impunidad de la corrupción atentaría, no solamente contra la prosperidad de nuestra economía y el nivel de vida del pueblo, sino también contra los principios morales, la capacidad de resistencia del pueblo y sus irreversibles conquistas políticas, sociales y económicas, lo que revela los avances alcanzados en el objetivo final, de lograr la transformación de los seres humanos, haciéndolos más saludables, cultos, participativos y solidarios;
  • el derecho que le otorga la Constitución de la República a todos los ciudadanos a presentar quejas y denuncias a las autoridades, cualquiera que sea su nivel jerárquico y que le sea respondida en el término que establece la ley, que es de 60 días.

Son innumerables las medidas de organización y de funcionamiento, así como de legislación, penales y administrativas, adoptadas para la represión y prevención de la corrupción en nuestro país, habiéndose creado o fortalecido varios órganos, organismos e instituciones que, de conjunto con los demás organismos estatales y gubernamentales, las organizaciones políticas, de masas y el pueblo, llevan el peso de esa responsabilidad pero, las de mayor importancia son las medidas ideológico-educativas respecto del hombre, que es el elemento decisivo de la sociedad.

Al propio tiempo, se han establecido mecanismos de control internos y externos a las entidades económicas, que coadyuvan a garantizar la detección de cualquier irregularidad y que son objeto de constante perfeccionamiento.

Se le da una especial atención al trabajo con los que ocupan responsabilidades de dirección a todos los niveles en las organizaciones políticas, administrativas y económicas, estableciéndose un cuidadoso e integral sistema de selección, preparación y superación, evaluación, estimulación y disciplinario.

La selección de los cuadros de dirección se realiza sobre la base de su integridad política y moral, así como por su preparación técnica y de dirección.

Se ha promulgado el Código de Etica de los Cuadros del Estado Cubano que postula modelos de conducta moral y patriótica para los mismos en el desempeño de sus respectivas responsabilidades públicas y en sus vidas privadas.

Medidas de organización y funcionamiento de los órganos y organismos estatales y organizaciones políticas, sindicales y de masas en la prevención de la corrupción económica

 

En Cuba existe un sistema de órganos, organismos, organizaciones y otras entidades políticas, estatales y gubernamentales que tienen, algunos como su objetivo principal y otros, como uno de sus objetivos, combatir las ilegalidades, entre las cuales se encuentran aquellas vinculadas con potenciales casos de corrupción económica.

Como fundamento de ello, la Constitución de la República de Cuba preceptúa que: "la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes."; y establece que, "Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas siguientes:

  • Todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables;
  • las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios;
  • los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento;
  • cada órgano estatal desarrolla ampliamente, dentro del marco de su competencia, la iniciativa encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y a la incorporación de las organizaciones de masas y sociales a su actividad;
  • las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores;
  • los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión y;
  • la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados.

Es así que la Asamblea Nacional del Poder Popular, como máximo órgano representativo, discute y aprueba, entre otras, las principales normas jurídicas atinentes a la prevención y represión de las actividades ilegales, manteniendo a su vez, el control de la eficacia jurídica de las mismas mediante estudios que realiza al efecto a través de sus órganos auxiliares y los diferentes organismos estatales. El Consejo de Estado, órgano de la Asamblea Nacional de Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, también legisla en esta materia, sometiendo las normas que aprueba a la ratificación, modificación o revocación de este órgano legislativo.

En el seno de la comunidad, como una peculiaridad del sistema democrático de Cuba, tenemos el proceso de rendición de cuentas y los despachos de los delegados municipales a sus electores.

La ley establece que el delegado está obligado a mantener un vínculo real, permanente y sistemático con sus electores, atendiendo y tramitando los asuntos planteados por éstos, y para ello, están establecidos de forma obligatoria las reuniones de rendición de cuenta y los despachos con los electores, mediante los cuales los delegados conocen los problemas que afectan a los mismos, directa o indirectamente, y las causas que los generan, gestionando con los órganos, organismos y demás entidades estatales y administrativas, a cualesquiera de sus niveles, la solución de los mismos, así como exigiendo las explicaciones de su ocurrencia, con lo que se cuenta con una vasta red de "censores" aptos para detectar y encauzar las irregularidades que se revelan mediante este mecanismo.

Las reuniones de rendición de cuenta se realizan, al menos dos veces al año y los despachos con los electores, como mínimo, una vez por semana, lo cual constituye un pilar fundamental de la participación del pueblo en el ejercicio del poder y un eficiente método de control de la actividad del Estado, Gobierno y Administración, lo cual ha sido corroborado en la práctica durante más de 22 años.

Finalmente, consideramos necesario aclarar que todos los cargos electivos en los órganos representativos de poder del Estado son honorarios y que sus integrantes no tienen ningún poder individual ni privilegio material, por lo que los elegidos asumen sus respectivas responsabilidades con el espíritu de desinterés económico y consagración política del que es merecedor el pueblo que los elige.

Los Tribunales Populares constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado e imparten justicia en nombre del pueblo a través del Tribunal Supremo Popular y los Tribunales Provinciales, Municipales y Militares, integrados por jueces profesionales y jueces legos, electos por los correspondientes órganos de Poder del Estado. Entre los objetivos asignados a los tribunales se encuentran:

  • salvaguardar el orden económico, social y político establecido por la Constitución de la República;
  • proteger la propiedad socialista, la personal de los ciudadanos y las demás formas de propiedad que autorizan la Constitución y las leyes;
  • prevenir las infracciones de la ley y las conductas antisociales;
  • elevar la conciencia jurídica y educar a los ciudadanos en la observancia consciente y voluntaria de sus deberes de lealtad a la patria y de respeto a las normas de convivencia social.

La Fiscalía General de la República, es el órgano del Estado para el control y preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La Fiscalía tiene entre sus objetivos, los siguientes:

  • combatir toda manifestación de abuso de poder y corrupción;
  • contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.

Este órgano ha establecido un sistema de verificación fiscal a nivel nacional que ejecuta a través de sus dependencias nacional, provinciales y municipales, consistiendo este sistema, en la realización de auditorías e inspecciones a entidades de sus respectivos territorios, mediante las cuales se verifican, entre otras materias, la legitimidad de sus actos, el estado de la contabilidad, la preservación y la utilización de los recursos materiales y financieros, la comercialización de sus producciones o la prestación de sus servicios, así como la eficiente utilización de la fuerza de trabajo y su contratación, procediendo en su caso, a disponer la restitución de la legalidad quebrantada y a solicitar acciones administrativas contra los funcionarios responsables de irregularidades o iniciar procesos penales por las violaciones constitutivas de delitos, sometiendo estos casos a los tribunales correspondientes.

El Banco Central de Cuba es una institución estatal de reciente creación en el contexto de la reestructuración de la Banca Nacional que se viene llevando a efecto en el país, que funge como autoridad rectora, reguladora y supervisora de las instituciones financieras. Entre las responsabilidades de esta institución está la de velar porque no sean aprobadas operaciones financieras que puedan implicar actividades de lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas.

La Aduana General de la República, es el órgano estatal encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el Gobierno en materia aduanera, recaudar los derechos de aduana y dar respuesta dentro de su jurisdicción y competencia a los hechos que incidan en el tráfico internacional de mercancías, viajeros, postal y los medios que los transportan, previniendo, detectando y enfrentando el fraude y el contrabando, así como contribuyendo a la protección nacional e internacional del medio ambiente.

Este órgano y sus dependencias territoriales vienen desarrollando ingentes y fructíferos esfuerzos encaminados a fortalecer el ordenamiento del tráfico en la frontera y a prevenir y reprimir actividades delictivas, en especial, en lo referente al contrabando de bienes culturales y al tráfico de drogas.

Los organismos gubernamentales que tienen entre sus objetivos fundamentales el combate a las ilegalidades económicas y financieras son, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica y el Ministerio del Interior.

El Ministerio de Finanzas y Precios es el organismo encargado de la dirección, ejecución y control de la política del Estado y el Gobierno en lo referente a las finanzas, precios, tributos, seguros y auditoría, contando entre sus dependencias subordinadas, entre otras, con la Oficina Nacional de Auditoría, la que constituye la contraloría estatal y con la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la que ejecuta y controla la política fiscal del país, ambas con oficinas subordinadas a niveles territoriales. Al propio tiempo, cuenta con una Dirección de Inspección de Precios, la que, apoyándose en miles de inspectores profesionales y populares en todo el territorio nacional, vela por la correcta formación y aplicación de los precios, fundamentalmente, los de los productos de uso y consumo de la población.

Este organismo y sus dependencias han trabajado infatigablemente por el perfeccionamiento de los controles económicos, aprobando la implantación de un sistema contable compatible con las características de nuestra economía y basado en los principios generalmente aceptados en esa disciplina y verificando, mediante auditorías sistemáticas, a las entidades económicas cubanas, tanto las radicadas en Cuba como en el extranjero, así como a las entidades extranjeras radicadas en el territorio nacional, dando cuenta a las autoridades competentes, de las irregularidades detectadas.

Al propio tiempo, ha trabajado intensamente en la organización tributaria y la disciplina fiscal, al adecuarse esta actividad a los cambios económicos operados en el país.

En materia de precios, ha dirigido un complejo proceso de reordenamiento, así como de descentralización y flexibilización de su aprobación, manteniendo el vigoroso sistema de inspección a que nos referíamos anteriormente, para controlar el cumplimiento de lo establecido en la materia.

Este organismo ha propiciado la transparencia necesaria en el desarrollo de su actividad y en el ámbito de sus relaciones con las autoridades administrativas.

El Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica está responsabilizado con la dirección y control de la política del Estado y el Gobierno en las actividades que le han dado su nombre. Aprueba en primera instancia los negocios vinculados con los inversionistas extranjeros, acordados en principio por empresarios cubanos y los somete conjuntamente con el máximo jefe del órgano u organismo patrocinador de la inversión propuesta, a la consideración del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo o, en su caso, de la Comisión Gubernamental creada al efecto.

Ello implica, que la concertación de estos negocios con capitales extranjeros sea sometida a decisiones colegiadas por organismos y órganos en los que la corrupción es inimaginable y donde se vela y responde por los intereses de nuestra sociedad, rechazándose inversiones de los llamados capitales "golondrina" o que puedan perjudicar dichos intereses nacionales.

Además, ejecuta auditorías especializadas a las asociaciones económicas internacionales constituidas y controla el desarrollo de sus actividades, así como el cumplimiento de sus respectivos presupuestos.

Igualmente, propone al Gobierno la adopción de las medidas requeridas para la rectificación de las ilegalidades que se detectan en el desempeño de sus atribuciones y funciones, incluida la de extinción de la entidad infractora.

El Ministerio del Interior es el organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de la política del Estado y el Gobierno en cuanto a la seguridad del Estado y el orden interior del país.

Los demás organismos de la Administración Central del Estado, órganos, entidades económicas y otras organizaciones tienen establecidos sus mecanismos de control interno, mediante auditorías, verificaciones e inspecciones, así como de visitas de control integral que efectúan a las dependencias de sus respectivos sistemas organizativos y a aquellas otras entidades que desarrollan actividades de las cuales son rectores los referidos organismos.

Con vista a efectuar la evaluación sistemática de los resultados alcanzados por las auditorías, verificaciones fiscales y otros sistemas de inspección en la actividad de control y perfeccionar así los mecanismos de prevención de la corrupción en el ámbito gubernamental, hace aproximadamente dos años fue creada la Comisión Gubernamental de Control, presidida por el Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo e integrada por el Ministro de Finanzas y Precios, que es su Vicepresidente, el Fiscal General de la República, el Presidente del Banco Central de Cuba, los directores de la Oficina Nacional de Auditoría y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, así como por representantes del Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Ministerio del Interior.

Esta Comisión tiene como funciones principales, las siguientes:

  • conocer los resultados de las auditorías, verificaciones fiscales e inspecciones más significativas, atendiendo a que se detecten la no solución de los problemas, la generalización de una situación crítica en un sector de la economía o presentarse el hecho en un centro de connotación especial;
  • evaluar, con la presencia de los jefes de organismos y entidades, el grado de solución de los principales problemas detectados y las medidas adoptadas para que no se presenten situaciones similares en otras entidades de sus organismos;
  • conocer de las medidas adoptadas con los infractores de la regulación vigente, comprobando que las mismas se correspondan con la gravedad de las deficiencias detectadas;
  • tramitar, en los casos procedentes, sus consideraciones sobre dirigentes implicados a la Comisión Central de Cuadros; y
  • formular propuestas organizativas y de otro carácter que conduzcan a fortalecer la disciplina financiera y el control de los recursos del Estado.

La referida Comisión cuenta con un Grupo de Apoyo, el que coadyuva a garantizar su acción dinámica en el ejercicio de sus funciones, lo cual se ha logrado satisfactoriamente en el período en que ha venido trabajando.

Las organizaciones políticas diseñan y aprueban la política del Estado y Gobierno respecto del combate a las actividades ilegales y comprueban sistemáticamente su cumplimiento en cada centro administrativo o económico, donde se encuentran constituidas sus organizaciones de base, las que periódicamente, efectúan análisis sobre el comportamiento de la actividades de dichos centros y, dentro de ellas, la ilegalidades cometidas si las hubiere, incluidas las causas y condiciones que pudieran dar lugar a la comisión de las mismas por parte de sus dirigentes y trabajadores y a cuya erradicación se orientan, en primerísimo orden, las medidas correspondientes. De estos análisis se envían los correspondientes informes a los niveles superiores, los que a su vez, interactúan con los organismos superiores de dichos centros para el control de las situaciones detectadas en los mismos.

También las organizaciones políticas, con la participación de la generalidad de los organismos de la Administración Central del Estado y otros órganos y organizaciones, ejecutan periódicamente visitas de control a las distintas regiones o territorios del país, valorando integralmente el desempeño del conjunto de entidades comprendidas en los mismos y los resultados alcanzados. En el marco de estas visitas se analizan y aprueban las medidas a adoptar para erradicar las irregularidades detectadas y proyectar las acciones que es necesario emprender para alcanzar los objetivos trazados para la región controlada.

Por su parte, las organizaciones obreras, estructuradas en sindicatos nacionales e integradas en una central única de trabajadores denominada Central de Trabajadores de Cuba, desde el nivel nacional hasta cada centro de trabajo, conjuntamente con los colectivos laborales, analizan periódicamente la gestión de las entidades y su eficiencia, de cuyo análisis salen a relucir las posibles irregularidades que se hayan cometido, teniendo el deber de dar cuenta de esos hechos, tanto a los niveles de dirección administrativa superior, como a las autoridades competentes cuando ello sea procedente.

Las organizaciones de masas, en especial los Comités de Defensa de la Revolución, que organizan a la población en sus lugares de residencia y encauzar los esfuerzos de ésta en el ámbito de la comunidad, también participan en la gestión administrativa y económica del país, apoyando a las instituciones políticas, estatales y gubernamentales, teniendo entre sus objetivos los de velar por la prevención de ilegalidades y enfrentar la ocurrencia de las mismas.

Todo este sistema organizativo y de funcionamiento, con independencia de que debe ser y es objeto de un constante y sistemático perfeccionamiento, contribuye de manera significativa al control y la transparencia de la gestión económica estatal y constituye un eficiente medio de auto vigilancia, en la que participan, no solamente los organismos correspondientes, sino también las masas populares que coadyuvan a que dicha gestión económica se desenvuelva de conformidad con lo establecido por la Constitución y las leyes y dentro del marco de la moral socialista de nuestro pueblo.

Medidas de orden legal

Para no extendernos innecesariamente, haremos mención solamente de las principales disposiciones legales de carácter penal y administrativo que se encuentran vigentes en estos momentos vinculadas, en mayor o menor medida, con la represión y prevención de actos que pudieran devenir en un fenómeno de corrupción económica:

CODIGO PENAL. Ley No. 62 de 29 de diciembre de 1987, tal como quedó modificado por los Decretos Leyes Nos. 150 y 175, de 6 de Junio de 1994 y 17 de Junio de 1997, respectivamente.

Este cuerpo legal incluye, entre otras, la tipificación y sanción de una serie de conductas o figuras delictivas destinadas a reprimir acciones contrarias a la administración pública relacionada con la actividad económica, consignándose a continuación las que más incidencia tienen con la prevención y represión en ese ámbito:

Violación de los deberes inherentes a una función pública

  • Revelación de Secreto Administrativo de la Producción y los Servicios.
  • Abuso de Autoridad.
  • Desobediencia.
  • Prevaricación.
  • Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de la Contratación.

Ejercicio fraudulento de funciones públicas

  • Enriquecimiento Ilícito.
  • Tráfico de Influencias.

Cohecho, exacción ilegal y negociaciones ilícitas

  • Cohecho.
  • Exacción Ilegal y Negociaciones Ilícitas.

Encubrimiento

Infidelidad en la custodia de documentos u otros objetos

Delitos contra la economía social

  • Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas.
  • Ocultación u Omisión de Datos.
  • Uso indebido de Recursos Financieros y Materiales.
  • Abuso en el Ejercicio del Cargo.
  • Infracción de las Normas de Protección de los Consumidores.
  • Actividades Económicas Ilícitas.
  • Especulación y Acaparamiento.
  • Contrabando.
  • Tráfico Ilegal de Moneda Nacional, Divisas, Metales y Piedras Preciosas.

Falsificación de documentos

Delitos contra los derechos patrimoniales

  • Malversación.

Delitos contra la hacienda pública

  • Evasión Fiscal.

Como puede apreciarse, son numerosos los delitos tipificados por el Código Penal cubano para prevenir y reprimir manifestaciones de corrupción en la Administración Pública respecto de las actividades económicas del país, cuyas sanciones fluctúan, desde multas y medidas supletorias de privación de libertad, hasta la privación de libertad efectiva, en algunos casos, de hasta 20 años.

Del análisis de la frecuencia y gravedad en la ocurrencia de la generalidad de los delitos anteriormente mencionados se aprecia una sensible disminución de ambos indicadores, al decrecer los sancionados por la comisión de los mismos entre los años 1991 y 1997, así como el predominio de sanciones impuestas de menor severidad.

En el orden administrativo, las normas legales fundamentales que se han adoptado y que se encuentran vigentes en estos momentos vinculadas con las infracciones sobre la actividad económica son:

  • LEY Nº 82, DE LOS TRIBUNALES POPULARES.
  • LEY Nº 83, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
  • LEY Nº 77, DE LA INVERSION EXTRANJERA
  • LEY Nº 73, LEY DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
  • DECRETO LEY Nº 169, DE LAS NORMAS GENERALES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.
  • DECRETO LEY Nº 159, SOBRE LA AUDITORIA.
  • DECRETO LEY Nº 162, LEY DE ADUANAS
  • DECRETO-LEY Nº 141, SOBRE EL EJERCICIO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA.
  • DECRETO-LEY Nº 149, SOBRE LA CONFISCACION DE BIENES E INGRESOS OBTENIDOS POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO.

El conjunto de normas jurídicas vigentes en Cuba, aunque pueden y deben ser perfeccionadas en la medida que su aplicación así lo requiera, en su conjunto, han mostrado su eficacia para enfrentar adecuadamente la tarea de prevención y represión de actos propiciatorios de corrupción.

Medidas ideólogico-educativas

Sin restarle importancia al extraordinario papel ordenador y profiláctico asumido por los antes referidos sistemas de medidas de organización, de funcionamiento y normativo, es lo cierto que a las medidas ideológico-educativas se les dispensa el mayor protagonismo social.

Estamos convencidos de que las múltiples acciones que venimos desarrollando en el terreno de la educación ideológica y de la formación de valores en los cuadros dirigentes de todos los niveles, en los funcionarios y trabajadores en general, en los jóvenes y niños y en el resto de la ciudadanía, a través del sistema nacional de enseñanza, las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de masas, centros especializados y los medios de difusión masiva, son decisivas para potenciar al máximo la conciencia anti-corruptiva en toda nuestra sociedad y lo que nos permite mantener la profilaxis en nuestro país contra esa epidemia socio económica internacional.

Las antes referidas medidas se han venido adoptando, fundamentadas en la política trazada por la Dirección del País, sobre la base de las ideas martianas y marxistas-leninistas y presididas por el ejemplo de quienes han tenido la responsabilidad de dirigir con suma inteligencia, el proceso insurreccional y la construcción de la sociedad socialista en Cuba en la que impera, como ha quedado demostrado, una equitativa justicia social, lográndose alcanzar en la mayor parte del sistema de administración estatal y de nuestro pueblo, un elevado sentido de responsabilidad y exigencia, en correspondencia con una alta conciencia política.

IV. Conclusiones y recomendación:

Sobre la base de la experiencia cubana, podemos concluir que el exitoso resultado alcanzado en nuestra patria en el combate y prevención de la corrupción se fundamenta, como elemento fáctico, en tres condiciones decisivas: JUSTICIA SOCIAL, PATRIOTISMO E INTELIGENCIA.

Respecto de la justicia social, instaurada definitivamente en Cuba, ya nos hemos referido en este trabajo y consideramos que es una condición esencial para prevenir y combatir la corrupción.

El patriotismo es el principio ideológico de los hombres y los pueblos que los conmina a entregarlo todo por la patria, incluso la vida, poniendo los intereses de ésta y de la sociedad que la integra, por encima de sus intereses personales y al que le son inherentes valores tales como, la voluntad de hacer en cada momento lo que es necesario hacer, el espíritu de sacrificio por un ideal, la solidaridad humana, la honestidad, la honradez, el desinterés personal, la consagración cotidiana a los deberes públicos y la confianza en el futuro.

En todos los hombres hay una cuota de patriotismo y esa es la que hay que exaltar al máximo mediante el trabajo ideológico-educativo.

La inteligencia se cultiva y desarrolla; permite determinar y elegir las mejores decisiones que es necesario y posible adoptar en cada momento para alcanzar los mejores resultados, de conformidad con las condiciones histórico concretas imperantes. Se debe impedir que se pierda inteligencia alguna sin cultivar y desarrollar.

Si muchos pueblos del mundo con diferentes ideologías, costumbres, religiones, modos de vida e idiosincrasias, han realizado proezas increíbles a través de la historia, con patriotismo e inteligencia, como cuando los países de América del Sur y Cuba se independizaron de la metrópoli española; la hoy desaparecida Unión Soviética venció heroicamente al fascismo; Viet Nam infligió una aplastante derrota al país militarmente más poderoso de la tierra; Angola rechazó la invasión sudafricana y preservó su independencia, y Namibia y Sudáfrica obtuvieron su liberación de los sostenedores del apartheid, estamos convencidos que la corrupción también puede ser derrotada por aquéllos pueblos que se lo propongan firmemente.

El combate a la corrupción es una batalla viable, pero larga y difícil, mediante la cual debemos hacernos el propósito de, unidos y solidarios todos, lograr en primerísimo lugar, con patriotismo e inteligencia, que impere en nuestros pueblos la justicia social. Si esto no se logra, no venceremos a la corrupción.

Erradicar la corrupción es un deber de nuestra generación al cual no tenemos derecho a faltar, porque en ello está la supervivencia de la humanidad, de los ricos y de los pobres, de los débiles y de los poderosos; no permitamos que el mundo sea globalizadamente ingobernable en un futuro cercano, por el imperio de la corrupción.

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