Herramientas Personales
Usted está aquí: Inicio Documentos Otros documentos Informe Final: Que hemos aprendido? Una perspectiva práctica
Navegación
 

Informe Final: Que hemos aprendido? Una perspectiva práctica

Robert Klitgaard

A tan sólo pocos meses de celebrado el Foro Iberoamericano sobre el Combate a la Corrupción, patrocinado por el CLAD y realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 15 y 16 de junio de 1998, de los 19 países participantes cuatro nuevos presidentes asumieron la jefatura de sus respectivos Estados: Raúl Cubas en Paraguay, Jamil Mahuad en Ecuador, Andrés Pastrana en Colombia y Hugo Chavez Frías en Venezuela. Los cuatro nuevos mandatarios inmediatamente le declararon la guerra a la corrupción. Por ejemplo, el Presidente Cubas en su discurso inaugural del 15 de agosto prometió:

"Frontal combate a la impunidad y rigurosa aplicación de las leyes, en particular contra quienes lucran con los recursos del Estado, privando de mayor bienestar a la comunidad toda y manchando el honor de los funcionarios públicos honestos. Y medidas ejemplificadoras para delincuentes que han demostrado premeditación, especialmente en el ámbito económico y financiero.[1] "

Si se toma en consideración los diferentes documentos preparados para la Conferencia del CLAD, una pregunta interesante es conocer como estos documentos pudieran ayudar a estos nuevos presidentes en su lucha contra la corrupción.

Un problema grave

En primer lugar, ¨Qué tan serio es el problema de la corrupción? Muchos de los documentos presentados en la Conferencia usan vuelos de retórica:

"un flagelo que amenaza seriamente la pervivencia y el desarrollo de nuestras democracias" (Venezuela; Chile también citó "el flagelo de la corrupción y el soborno"),

"uno de los peores males de la sociedad moderna" (Panamá),

"el mayor de los fantasmas que recorre el mundo en este final de siglo" (México),

"el peor enemigo del sistema democrático y libre" (Paraguay), y

"la corrupción está en el aire que respiramos" (Mario Vargas Llosa, citado por Uruguay).

El documento presentado por Costa Rica cita un Plan Nacional de Rescate de Valores, afirmando: "Todos sin excepción sabemos y sentimos que una corriente de corrupción está minando nuestra identidad, nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestra nacionalidad."

Cuba se identificó como una excepción, indicando que "no se manifiesta el fenómeno de la corrupción en la magnitud y complejidad que preocupa y ocupa a la mayor parte de los países, tanto desarrollados, como subdesarrollados."[2]  Así como otros países no proporcionaron ningún dato sobre la extensión o el daño producido por la corrupción, tampoco Cuba ofreció datos sobre la relativa ausencia de corrupción en ese país.

Unicamente Bolivia proporcionó información cuantitativa, basada en la gravedad y alcance de la corrupción en el país. Con la colaboración del Banco Mundial, recientemente en Bolivia se culminó un proceso de encuestas sobre opinión pública, en donde la corrupción se clasifica como el quinto problema social mas importante. Setenta y nueve por ciento de las familias encuestadas clasificaron a la corrupción como "seria o muy seria." (No obstante, el representante boliviano, entre otros, criticó la reciente encuesta realizada por Transparencia Internacional, en la cual Bolivia esta ubicada entre los países más corruptos del mundo).

¨En dónde la corrupción es más frecuente?

En dónde creen los países que la corrupción es más frecuente o perjudicial? Las respuestas no eran sistemáticas y en muchos casos el lector puede deducir que el problema está altamente generalizado. Sin embargo, algunos países hicieron declaraciones (sin evidencias que lo confirmen) sobre los sectores donde la corrupción pareciera ser particularmente nociva. El documento colombiano señala a los contratos públicos como el principal foco de corrupción: "fraccionamiento de contratos, inadecuado uso de la "urgencia manifiesta," contratos con cooperativas públicas, asesorías profesionales y contratos con fiducias que se revierten en interpretaciones torcidas de la ley, de manera maligna y burda. No hay planeación en la contratación pública, los controles son insuficientes y no hay control en las unidades sobre los procesos de ejecución de los contratos, que impiden que se cumplan las condiciones de calidad" [3] 

El documento panameño indica que "el blanco favorito de estos señores, lo constituyen las compras que realiza el estado y para ello se valen de un sinnúmero de actividades" (Lynch, p. 2).

En México, una inspección realizada al azar a los servicios públicos condujo a la identificación de algunos de ellos como los más probables a ser corruptos "... [L]os servicios que por sus características naturales y universo de trabajo, presentan mayores índices de corrupción: los servicios que presta la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito (DGSPyT), transporte público, verificación vehicular, regulación sanitaria, regulación de la tenencia de la tierra, averiguaciones previas, inspección a empresas y establecimientos" (Haro Belchez, pp. 18-19).

El informe de Ecuador se centra en la administración de la justicia. Este informe describe una forma de corrupción sistemática que denomina "científico."

"En el léxico popular se empieza a conocer el fenómeno como la "corrupción científica" de la administración de justicia, porque ha dejado de ser ciega, ha olvidado la verdad procesal, y se deja conducir por razonamientos de las consecuencias de una sentencia o resolución que más satisfagan los intereses de los litigantes que ejercen presión en el juez o tribunal". [4] 

En encuestas realizadas en Bolivia, los ciudadanos clasificaron al Departamento de Aduanas como "la institución más corrupta". El ochenta y siete por ciento de los encuestados respondieron que los "procesos de licitación no son limpios." [5]  El mismo documento boliviano señala al sistema jurídico como la primera debilidad en el esfuerzo de la lucha anti-corrupción.[6] 

¨Qué causa la corrupción?

Esta pregunta pareciera irresistible aun cuando su respuesta nos conduce a menudo lo que Robert Solow una vez llamó "un resplandor de la sociología aficionada."

Muchos documentos señalan como causa de corrupción a un Estado muy grande y con demasiado poder sobre las actividades económicas. Por ejemplo, el libro distribuido por la Oficina Nacional de Etica Pública de Venezuela menciona como condiciones que conducen a una "corrupción estructurada":

Centralización del poder

Dirigismo del comercio y la industria

Controles excesivos

Monopolio de la información

Manejo de empresas

Muchos de los documentos usan la formula corrupción = monopolio + discreción - transparencia o algo similar.

En el caso de Colombia, las causas de corrupción también incluyen al narcotráfico, la globalización y un programa acelerado de descentralización sin suficientes controles[7] .

A lo largo del minucioso informe guatemalteco se señala que la culpa de la corrupción está en "el contexto ético moral, económico, social, político y de la sociedad." Añadiendo a esto lo que pudieran ser los dos aspectos catalizadores de la corrupción: "... la impunidad y... la falta de sistemas funcionales y efectos para prevenirla." De los documentos presentados en la conferencia así como de la literatura que en materia de corrupción existe, es posible detectar una tensión entre los intentos de un análisis holístico casual que rápidamente puede llegar a ser superficial e inútil y diagnósticos más operacionales, como aquellos que acentúan la impunidad y la debilidad de los sistemas de gobierno. Pescando "peces gordos" se puede cambiar rápidamente la percepción de la impunidad y afortunadamente existen muchos ejemplos de sistemas fortalecidos de compras, administración tributaria, financiamiento de campañas políticas, créditos y contratación por parte del gobierno.

¨Como reducir la corrupción?

Aquí también, muchos de los documentos no resistieron en emprender conjeturas retóricas dentro de las hipótesis de largo plazo. Muchos documentos señalar que un cambio cultural o un cambio de conducta sería necesario para reducir la corrupción. Por ejemplo, el documento colombiano afirma: "Hay que cambiar la cultura que premia el enriquecimiento ilícito, la que no sanciona" (Villegas Garzón, p. 13). En Venezuela, la impunidad "ha creado una especie de subcultura o anti-cultura, donde se la tolera, se la acepta y a veces hasta se la celebra" (p. 21). El Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública de Venezuela, profesor de carrera, considera como la primera línea de batalla el sistema educativo del país, comenzando desde el nivel preescolar (González Urdaneta, p. 17). Él aspira a nada menos que un "nuevo orden ético, tanto a nivel nacional como internacional."

La presentación de Costa Rica, documento realizado por el Colegio de Abogados y un grupo de profesionales interdisciplinarios, estuvo a cargo del Presidente de la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores. Al igual que en el plan venezolano, en Costa Rica se aspira modificar la enseñanza tanto formal como la no-convencional en todos sus niveles, involucrando en esta tarea al Estado, las comunidades, las asociaciones profesionales, la empresa privada, las cooperativas, los sindicatos, la prensa y la iglesia. Los programas educativos intentan ir más allá de "una lección propia de la filosofía especulativa, sino como una conducta cotidiana" (p. 4). Con la ayuda del Ejecutivo se ha creado "setenta comisiones institucionales, con las cuales se trabaja hasta el interior de las organizaciones, capacitando a los servidores públicos sobre valores, la ética, la calidad, la responsabilidad, el trabajo, el respeto, la solidaridad, la criticidad [sic], la iniciativa, la creatividad, el servicio al cliente, la eficiencia y la eficacia" (p. 8). La meta más importante es la de "despertar la conciencia del empleado público".

En ninguno de los documentos se presentaron evidencias que señalen que el proceso de concientización funciona. Tampoco se presentaron evidencias sobre como emprender cambios culturales de esta índole como parte de una política pública (aunque todos sabemos que los cambios culturales ocurren), o bien, que a través de programas educativos se puede cambiar el concepto de moralidad o el comportamiento popular. Hay un vacío significativo entre la aseveración de que la educación y el cambio cultural son necesarios en el sentido de que uno u otro constituyan una diferencia mensurable.

Así, la experiencia demuestra que la propuesta moral conduce a desilusiones. En Venezuela se ha llevado a cabo el "Plan Nacional Compromiso Educativo Anti-Corrupción". El documento venezolano va aún más lejos y hace un llamado para un "nuevo orden ético" tanto nacional como internacional, que aparece integrado por principios tan viejos como la misma civilización. Al final del documento, el autor admite que puede tomar décadas antes de poder observar algún resultado y una de las partes más duras de su trabajo ha sido "mantener un sano equilibrio entre los niveles de aspiración y logros, regla sicológica válida para cualquiera que no quiera caer en estados de impotencia, decepción, frustración y aun de depresión y entrega fatalista..." (González Urdaneta, p. 36).

Códigos de Etica

Una idea conexa pero cerrada más limitada es la de promover la ética mediante un código de conducta para los funcionarios de gobierno. Muchos gobiernos han tomado medidas sobre este aspecto, con varios grados de ambición.

Venezuela ha propuesto un código de ética con once principios de conducta, que van desde la honestidad, el decoro, la lealtad y la eficacia hasta la puntualidad y la pulcritud (González Urdaneta, pp. 24-26). El autor hace un llamado para un nuevo orden ético nacional e internacional y espera conseguirlo mediante la educación y la participación de los ciudadanos en talleres de trabajo.

Muchos otros países han promulgado un código de conducta para los servidores públicos. Guatemala, por ejemplo, ha promulgado un "compromiso nacional de integridad", comprometiendo a varios sectores gubernamentales a cumplir con los principios de ética y moralidad, de modo que Guatemala pudiera convertirse en una "isla de la integridad".

Los esfuerzos de rescatar y formar valores han hecho progreso en Costa Rica, según lo escribe su Presidente. Sin embargo, su documento no esta ajeno de los obstáculos encontrados incluyendo la carencia de una voluntad política. Los líderes del gobierno hablan audazmente sobre la corrupción, "sin embargo las acciones concretas distan de la retórica" (p. 18), siempre un problema con las reformas que tienen como objetivo la concientización ética. Otros obstáculos incluyen "compromisos político-electorales", una carencia de confianza en el sistema judicial, "las limitaciones para señalar y cuestionar los actos de corrupción" y una carencia de incentivos en el sector público. No obstante, el documento continúa haciendo recomendaciones exclusivamente sobre los aspectos legales y de concientización[8] 

Otros son escépticos de los esfuerzos realizados para cambiar las éticas o las culturas a través de la educación exclusivamente. Por ejemplo, uno de los documentos argentinos ("Transparencia y Tecnologías de Gestión") indica que la transparencia "no puede hacerse depender de un 'cambio cultural' que seguramente no evolucionará satisfactoriamente si no se lo impulsa y moviliza a través de un conjunto de estímulos que rompan la inercia cultural y que alteren -en el sentido deseado- las relaciones causales entre las variables organizacionales de interés"(p. 36, énfasis original). Además de la educación, Argentina está intentando implantar una serie de tecnologías gerenciales "para incrustar transparencia en la Administración" (p. 36, énfasis en el original).

Sin embargo, eventualmente el autor señala que los cambios técnicos tampoco son suficientes. Más allá de las mejoras técnicas, se requiere de un cambio organizacional siendo ésto difícil para la burocracia. Más aún, también se requiere de un cambio social que incluya una transformación en las actitudes de los ciudadanos para ejecutar el control sobre la administración pública. "En síntesis, el fortalecimiento de la Sociedad Civil es también un requisito para la transparencia" (p. 37). Pero ésta es la última aseveración del documento; y no ofrece ninguna pista de cómo las transformaciones y los fortalecimientos necesarios pudieran ocurrir, de hecho, tampoco ofrece ninguna pista sobre lo que éstos términos pudieran exactamente significar, dejando al lector en una especie de limbo: no a la ética, pero si a las actitudes, sin embargo no se aporta el "cómo".

Otras propuestas para reducir la corrupción

Un Estado más flaco

La privatización se ha ido adelantando en muchos de los países. Algunas personas creen que esto reducirá la corrupción. Por ejemplo, el documento panameño describe muchos ejemplos de empresas del Estado privatizadas como la clave para la anti-corrupción. Las contribuciones de Bolivia y Nicaragua, entre otros documentos, señalan a una economía menos distorsionada cuando hay poca intervención del Estado.

Democracia

Interesantemente, la democracia por sí misma, aunque bienvenida por muchas razones, no es ninguna panacea contra la corrupción. La presentación paraguaya declara en forma franca "Hoy, en América Latina se ha generalizado la angustia de comprobar que la democracia no sólo no es inmune a la corrupción, sino que puede convivir fraternalmente con ella".[9]  Bolivia "ha logrado avances importantes en institucionalización y profundización democrática". No obstante: "La población no percibe avances y pierde credibilidad" debido a la corrupción. El progreso en la lucha contra la corrupción vendrá de un "proceso integral y gradual con liderazgo concentrado"[10] .

Un Gobierno orientado al desempeño

El gobierno boliviano enfatizó en el mejoramiento de los incentivos para los servidores públicos conjuntamente con una mayor responsabilidad, limitación de la discreción oficial, y una estrategia comenzando con las áreas más vulnerables a la corrupción. Los funcionarios públicos también deberán declarar sus "bienes y rentas". Se impondrán sanciones más severas a aquellos que ofrezcan o reciban sobornos. Los trámites burocráticos serán simplificados y ampliamente difundidos. Estos son algunos pasos que parecieran ser ambiciosos con resultados sistemáticos en contra de la corrupción, fundados en incentivos al buen desempeño incluyendo la honestidad[11] .

 

Accountability

El accountability no puede ser recompensado si éste no puede ser medido. Esto implica muchas formas de accountability y evaluación. Algunas son las auditorias sistemáticas tanto de la información que entra como de la que sale, inspecciones al azar, la participación ciudadana. Varios países han iniciado acciones interesantes en esta materia.

Por ejemplo, México cuenta con un programa interesante de inspecciones móviles, al azar de la prestación de los servicios públicos, conocido como el "usuario itinerante". Mediante investigaciones no anunciadas, los inspectores observan como son manejados los servicios. También controlan el proceso de desregulación y la simplificación administrativa además de "coadyuvar a la prevención, control y combate de los actos de corrupción"[12] 

Chile cita, como una iniciativa administrativa importante contra la corrupción, la creación del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno. Este consejo se ha constituido en una especie de "cerebro" para realizar auditorías internas y preparar "los documentos doctrinarios y técnicos" que guían el proceso a través del gobierno[13] 

Varios países proporcionaron ejemplos detallados en el mejoramiento de las auditorias internas. Por ejemplo, en el caso de un sistema de control interno, una investigación en Brasil ha demostrado que mejorando el método en la selección de casos a revisar conduce a mejorar la eficiencia. El documento brasileño (Falcao Pessoa) contiene otras ideas útiles para mejorar los sistemas de control interno. El documento argentino "Transparencia y Tecnologías de Gestión" también contiene ideas útiles para mejorar los sistemas de control. Pero este documento también señala que una de las iniciativas más interesantes (resultados-basados en la evaluación) ha arrojado resultados decepcionantes (pp. 26-7). Con algunas excepciones, las reformas de incentivos no funcionaron: "la conducta exhibida por el aparato burocrático parece haber tendido frecuentemente a cumplir con los requisitos formales para apropiarse de los eventuales incentivos, sin modificar significativamente las actitudes, las conductas y los desempeños sustanciales" (p. 27, énfasis original).

El Salvador describe varias reformas estructurales que parecen ser prometedoras para el autor. En 1993, una comisión de alto nivel, nombrada por el Presidente, examinó la corrupción en la administración pública. Sus resultados estimularon a llevar a cabo acciones en contra de la corrupción. La sociedad civil ha ido creciendo con más voz en su oposición a la corrupción que la prensa. Una alianza entre los grupos publico-privado-ONG, llamado el Grupo Lima, ha intentado elevar el nivel de concientización en contra de la corrupción más allá de los límites políticos e institucionales. La Oficina de Probidad tiene la tarea de prevenir la corrupción en el área judicial. La Corte de Cuentas tiene nuevos programas que incentivan la participación popular contra la corrupción. Para evitar el lavado de dinero y que el proceso de privatización no este viciado por la corrupción, se han promulgado nuevas leyes que clarifican las sanciones. Un proyecto para consolidar la administración municipal incluye un esfuerzo para promover la eficacia y la honestidad[14] 

Muchos países estarían interesados en conocer más sobre el programa mexicano de "contraloría social". Iniciado en 1991 y fortalecido en 1995, son los comités cívicos quienes tienen ahora la responsabilidad de revisar el desarrollo de los programas y proyectos públicos. De 1995 a 1998 se han establecido más de ocho mil Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. Estos comités vigilan todos los trabajos públicos que lleva a cabo el Estado o se realizan con fondos federales en las 122 municipalidades del Estado de México. Sus acciones se han ido ampliando hasta incluir los subsidios al fertilizante, mantenimiento de canales de irrigación, electrificación y el equipamiento de las escuelas. Estos comités tenían una beneficio impredecible. En las elecciones locales de 1996, de los candidatos de diversos partidos, 244 habían sido "controladores sociales".[15]  No está claro sí los resultados de la contraloría social están vinculados con el mejoramiento de los incentivos (incluyendo las sanciones, en caso de necesidad) para los servidores públicos y los ciudadanos.

Uruguay ha aprobado una ley que permite una amplia participación pública. "...[L]a participación ciudadana es una de las mejores armas para combatir la corrupción, nuestra ley incorpora distintas herramientas que permiten a la ciudadanía participar en la lucha generando instancias de control social"[16] . Los detalles son vagos.

Hay una variedad de maneras para alentar al público a denunciar actos de corrupción. En Venezuela, un acuerdo con el servicio postal ha conducido a establecer "buzones anti-corrupción." Los ciudadanos "pueden acudir a la oficina postal más cercana a su centro de trabajo o domicilio para realizar denuncias sobre hechos de corrupción" (González Urdaneta, p. 27)[17] . Desafortunadamente, la experiencia en otros países ha demostrado que las denuncias son a menudo falsas, maliciosas o calumniosas. Una pregunta clave es: ¨Qué hace el gobierno una vez que recibe las denuncias de distintas clases y de diferentes fuentes?

Panamá ha creado una oficina para recibir las quejas públicas sobre corrupción. También ha creado un "Diálogo Nacional para la Participación Ciudadana en la Lucha Contra la Corrupción" con carácter público-privado. Con el apoyo de las Naciones Unidas, esta iniciativa involucra a la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Contraloría y el capítulo panameño de Transparencia Internacional (organización no gubernamental). En éste esfuerzo, los asesores técnicos son de la ONG venezolana Pro Calidad de Vida. El Diálogo promueve seminarios y cursos tanto en los sectores públicos como privados y lleva a cabo la realización de encuestas de opinión dirigidas a los ciudadanos para conocer su percepción sobre la corrupción.

Algunas estrategias nacionales significativas

La República Dominicana tienen una estrategia nacional contra la corrupción relativamente nueva, la cual cuenta con muchas características ejemplares. Además del documento dominicano, fue distribuido un libro de publicación reciente, que describe en detalle la incipiente estrategia del país[18] El documento nicaragense presentó otra estrategia significativa que, al igual que el esfuerzo boliviano, se encuentra en una etapa inicial de implantación.

Bajo la administración del entonces Presidente Samper, el documento colombiano describe una estrategia que parecía ser ejemplar. Esta incluía:

Un plan nacional en contra de la corrupción (Plan Transparencia "Para Volver a Creer")

Reformas legales, incluyendo un estatuto anti-corrupción

Un código de ética para los servidores públicos

Vigilancia ciudadana

Involucrar al comercio en la auto-regulación

Declaración de bienes por los servidores públicos, incluyendo un Sistema para el Control y Seguimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos

Un énfasis en el desempeño del gobierno

Otras reformas administrativas, incluyendo la simplificación, un "banco de datos" de historias exitosas y "precios testigo".

"Estas son excelentes estrategias pero la mayoría de ellas son estrategias escritas en un papel", fue el comentario de un participante de la conferencia. Otra manera de decir esto es que todavía no estamos seguros que estas estrategias serán implantadas o como van a funcionar sí ya están en ejecución. Estoy impresionado por las ideas y las acciones llevadas a cabo hasta ahora en República Dominicana, Nicaragua, Colombia, y Bolivia. Todos estos países enfatizan la prevención, recogen la información en forma seria y práctica, se preocupan acerca de los incentivos, priorizan. Sin embargo, ninguno de ellos cuenta con la suficiente experiencia para evaluar la efectividad de sus acciones. Excepto, quizás, el caso de Colombia y aquí el pastel no parece ser universalmente digerible.

En Colombia, a pesar de la importante estrategia del gobierno de Samper, el documento presentado para esta conferencia así como otros documentos, señalan que la corrupción fue el mayor problema en la campaña presidencial de 1998. En el documento colombiano se observa un orgullo sobre las muchas medidas positivas realizadas, pero también se encuentra presente el pesimismo. "Ha faltado, debe reconocerse, aplicación de la ley; el Gobierno debe reconocer su responsabilidad al respecto, como lo viene haciendo." En 1998, una Directiva Presidencial buscó soluciones para el "incumplimiento de los instrumentos normativos vigentes." Un proyecto experimental se está llevando a cabo en el Departamento de Quindío, con el fin de ponerla en práctica. Sin embargo, "Se presenta, hay que reconocerlo, incapacidad técnica para poner en ejecución las investigaciones disciplinarias ante la ausencia de tradición administrativa y subsiguientes dificultades interpretativas." Esta declaración es particularmente desalentadora: "Cuando se han detectado las causas y no se ha hecho nada, lo que termina prevaleciendo es la tolerancia de los ciudadanos, actitud que significa complicidad."[19] 

ConclusionesLos participantes de esta conferencia, y creo que sus gobiernos, no desean seguir siendo cómplices de la corrupción. Sus violentas pero a veces comprensibles agitaciones en la exhortación y el predicamento, en los llamados a nuevas normas éticas o recobrar las existentes- en la maravillosa expresión de la comisión Costarricense, "el rescate y la formación de valores". Como ha sucedido, por años los latinoamericanos han sido buenos en la exhortación y el predicamente, en expresar y discutir alternativas de visiones holísticas de la degradación cultural y el mejoramiento; y aunque es doloroso admitirlo, esto ha conducido a tener muy poco progreso en contra de los problemas tales como la corrupción. En cualquier caso, la retórica es bastante universal y ahora la tarea es aprender sobre las medidas prácticas que puedan reducir la impunidad, consolidar las instituciones, realzar la responsabilidad sin crear costos excesivos y burocracia y crear mejores incentivos para servir al público y controlar la corrupción.

Yo creo que sí los recién elegidos Presidentes de Paraguay, Ecuador y Colombia y Venezuela hubieran participado en este foro, hubieran apreciado las diferentes presentaciones y discusiones, algunas de las cuales serán incluidos en esta publicación. Pero también habrían exigido a los participantes en hacerlo mejor, en ser más prácticos y menos retóricos además de aprender de las experiencias exitosas de otros.

Hemos visto que una gran cantidad de iniciativas interesantes están en curso, sin embargo pocas son las que se pueden analizar o evaluar sistemáticamente. ¨Podemos acelerar nuestro aprendizaje entre nosotros mismos compartiendo no solamente la información, sino también fomentando los esfuerzos regionales para analizar estudios de casos y las evaluaciones?

Del Foro surgieron varias recomendaciones prácticas. La más concreta fue la creación de una "red anti-corrupción" usando la tecnología de Internet. La idea es crear un site que permita a los participantes del foro interactuar. Pero mucho más que eso: este site pudiera ser un reclutador activo de instituciones e individuos interesados en la lucha contra la corrupción. Algunos participantes serían funcionarios de gobierno. Otros serían estudiantes, activistas, hombres de negocios y ciudadanos comunes. El site sería manejado por el CLAD[20] .

Otra idea implica una experiencia de aprendizaje aún más práctica, mediante la cual los participantes de la región compartirían sus actividades de anti-corrupción y se ayudarían unos a otros en éste proceso. Las experiencias pudieran ser compartidas y desarrolladas nuevamente. Existió el interés de aplicar programas prácticos a nivel municipal, con el fin de que funcionarios municipales examinaran las mejores prácticas y trabajos en el desarrollo de estrategias anti-corrupción.

Una tercera idea es emprender evaluaciones más rigurosas de los problemas y sus soluciones. Colombia está adelantando un número de estudios importantes sobre los efectos de los sistemas corruptos y de las varias maneras de hacer tales sistemas menos corruptos. Sería interesante conocer los beneficios y costos de la idea mexicana sobre la responsabilidad social, las iniciativas de República Dominicana y Nicaragua, en los diferentes esfuerzos que se evalúan en la región en materia de códigos de conducta y moral. Sin una cuidadosa e independiente, es frecuente dejar indocumentados los aciertos, lo cual nos lleva a tener poco peso o poco poder persuasivo en el contexto político.

Así, es de esperar que este foro de lugar a la creación de una "red anti-corrupción", que también catalice un número de talleres para estudiar y elaborar estrategias anti-corrupción y por un cuidadoso estudio y evaluación de las muchas iniciativas que se adelantan en la región en esta materia. Con estos pasos, podemos suponer que en cuatro o cinco años, cuando otro grupo de nuevos presidentes latinoamericanos tomen posesión de sus cargos, conoceremos mucho más sobre las clases de iniciativas que los presidentes pudieran considerar cuando ellos también le declaren la guerra a la corrupción.

NOTAS

[1]  "Una economía atascada con desórdenes incontrolables en el sector financiero; una situación política inestable con problemas resueltos en forma precaria; los ciudadanos empobrecidos, cuyos sectores organizados se movilizan para obtener satisfacciones improductivas; una corrupción desenfrenada causando pérdidas millonarias; servicios básicos que son cada día más deficientes. Wasmosy entrega el gobierno dejando a un país en peores condiciones de lo que él lo encontró". La Nación, Asunción, 15 de agosto de 1998, tomado de Internet; mi traducción Text

[2]  "La Corrupción y la Experiencia Cubana," p. 2. El documento portugués también señala que la corrupción no es un problema serio (Catarino, pp. 9-11). Texto

[3]  Villegas Garzón, p. 13. Texto

[4]  Luis Hidalgo López, Administración de Justicia. Serie Estrategias para Combatir la Corrupción en el Ecuador. Quito: Asociación Nacional de Empresarios, 1998, p. 7. Texto

[5]  "Institucionalidad: Plan Nacional de Integridad. Estrategia Boliviana de Desarrollo Institucional y Lucha contra la Corrupción," briefing notes, p. 2. Texto

[6]  "No hay estado de derecho, debilidad institucional, poder judicial partidzado," "Institucionalidad...", p. 3. Texto

[7]  "Otro aspecto constitucional relevante radicó en el cambio de régimen hacia una descentralización precipitada del sector central al territorial, que produjo un masivo traslado de recursos, decisión que no se acompañó de controles, de formas de veeduría que hubieran evitado la apropiación de lo que se consideró como un botín" (Villegas Garzón, p. 3, énfasis en original). Texto

[8]  Vega Miranda, esp. pp. 18-21. Texto

[9]  Fretes Ventre, p. 6. Texto

[10]  "Institucionalidad," p. 7. Texto

[11]  "Institucionalidad..." p.6. Texto

[12]  Haro Belchez, pp. 17ff. See also the large briefing book distributed by the Secretaría de la Contraloría. Texto

[13]  "Acciones para el Fortalecimiento de la Probidad y La Ética Pública: La Experiencia Chilena," pp. 3-4. Texto

[14]  "Esfuerzos para Combatir la Corrupción: Caso El Salvador," pp. 2-5. Texto

[15]  Haro Belchez, pp. 15ff. Texto

[16]  Manini Ríos, pp. 8-9. Texto

[17]  It is not clear why special, local places to post the denuncias is necessary (why not through regular mail?). And as the author goes on to say, without irony, "Esto supone que, tramitada la misma, es posible prevenir la continuidad lacerante del hecho corrupto y formar conciencia intolerante hacia este tipo de actuación" (González Urdaneta, p. 27). Texto

[18]  La Lucha contra la Corrupción en la República Dominicana. Documentos de la Conferencia Nacional hacia un Plan Estratégico de Prevención de la Corrupción. Santo Domingo: Procuraduría de la República, 1998. Texto

[19]  Villegas Garzón, pp. 12, 8, 7, 13 Texto

[20]  En cumplimiento de esta resolución, el CLAD creó la Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Etica Pública (RICOREP), que actualmente está integrada por 45 instituciones de América Latina y Europa y personalidades vinculadas con el estudio académico sobre el tema. Estas instituciones e individuos mantienen un activo intercambio de comunicaciones, documentos y experiencias referidos al combate a la corrupción y el rescate de la ética pública a través de un boletín electrónico y una página en el website del CLAD. La RICOREP viene desarrollando además algunos proyectos orientados a potenciar el conocimiento recíproco sobre esta temática y se aspira que a la misma puedan integrarse otras instituciones y personas con interés sobre estos tópicos. Texto

Acciones de Documento

Logo Siare

EIAPP

Logo Redes del CLAD

Logo Asociación CLAD

Publicaciones

Revista 74 CLAD
Suscripción Boletín Reforme

Suscribase al Boletí­n Reforme para recibir semanalmente información actualizada sobre temas importantes.

« Noviembre 2019 »
Noviembre
LuMaMiJuViDo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930