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El combate a la corrupción: Una perspectiva europea

Mariano Rajoy Brey

Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y a la AECI por invitarme a participar en un Seminario como el que hoy tiene comienzo y sobre un tema, la corrupción; algo que, desde luego, nos preocupa mucho a todos los que tenemos responsabilidades políticas y por supuesto, administrativas; y sobre el que, además hay que buscar soluciones. Para ello nada mejor que estas jornadas en un marco incomparable como es Santa Cruz de la Sierra.

Estarán de acuerdo conmigo en que hablar de corrupción no es fácil. Y no es fácil si se quiere tratar el tema desde una perspectiva seria, objetiva y útil.

Yo quiero en mi intervención compartir con todos Vds. Unas reflexiones, desde mi visión como Ministro de Administraciones Públicas en España y también porque además es inevitable, reflexiones como persona que forma parte de una sociedad en la que es cada vez más frecuente que los escándalos de corrupción, ocupen un interés preferente sobre otros temas, a mi juicio más importantes.

En este sentido entiendo que la corrupción en cuanto que utilización de potestades públicas para la satisfacción de intereses puramente personales, es un fenómeno de siempre, pues en todas los colectivos han existido personas que no han seguido las reglas del juego establecidas.

Hay una frase de Séneca sobre el particular muy ilustrativa y que afirma que "La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos".

Pero, aunque esto sea así, también pienso, y debe subrayarse, que aunque continuamente aparezcan en los medios de comunicación noticias referidas a presuntas corrupciones la realidad es que se trata de conductas, que según la época histórica, pueden ser, más o menos generales.

Dejando a un lado lo que puede significar la corrupción en el ámbito del sector privado, lo cierto es que ésta supone un atentado grave a la misma esencia del servicio público en la medida en que implica que el funcionario o político, deliberadamente traiciona el sentido de la gestión de los intereses colectivos actuando en contra del bien común, y produciéndose entonces una conversión del interés público en interés personal.

Y en este orden de cosas y como responsable del buen funcionamiento de la Administración en mi país, entiendo que una conducta corrupta, además de ser una conducta ilegal, es corrupta porque va contra el derecho de los ciudadanos a tener una Administración que sirva con objetividad los intereses generales. En la constitución española este deber esencial de la Administración se consagra en el artículo 103 al afirmar con rotundidad que "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales" y somete además, su actuación a la Ley y al Derecho.

En el marco del Derecho comparado, el resto de las Constituciones Europeas tienen preceptos en este sentido, lo que evidencia que hay un consenso generalizado en cuanto a lo que debe ser la actuación de la Administración. Yo estoy convencido, y me consta, que la mayoría de los servidores públicos lo hacen bien. Tienen claro que son "servidores públicos", lo que ocurre es que puede darse una minoría, que a veces es muy numerosa, y que puede contagiar al resto. La cuestión es reaccionar, desde el propio aparato público, y desde la dimensión personal, con contundencia porque, de lo contrario, se podría, como suele ocurrir, generar un ambiente en el que se pretenda imitar la conducta de quien utiliza la discrecionalidad administrativa en beneficio propio. La lucha, y esto lo sugiero como tema para reflexión, debe ser a mi juicio a través de vías jurídicas y, a través de planes periódicos de "ETICA PUBLICA" en los que se definan las vías y métodos a seguir por los servidores públicos en su quehacer diario y en los que queden muy claros los fines del servicio público y la "anormalidad" del uso de los poderes públicos en exclusivo beneficio personal.

Tener claro, además, que las ventajas, y por qué no decirlo, privilegios que tenemos los que ostentamos responsabilidades públicas, son instrumentos que facilitan la buena gestión de los intereses públicos y no su fin.

Pero yo quiero hacer esta intervención en términos positivos, ¿Qué podemos hacer?, ¿Cuáles son las pautas a seguir?, serán cuestiones en las que espero se profundice a lo largo de estas Jornadas y es por eso por lo que quisiera empezar generando un clima de optimismo ya que precisamente el que se celebre un Foro como éste dedicado a la corrupción, al combate del fenómeno de la corrupción es ejemplo ilustrativo de que no nos hemos acostumbrado, y por tanto insensibilizado, a oír hablar de este tema y que estamos dispuestos a abordarlo, como decía al principio, con seriedad, objetividad y un espíritu práctico.

En este orden de consideraciones, y desde mi perspectiva, el primer planteamiento que me surge es ¿qué ocurre cuando hay un clima o una situación de corrupción? ¿Por qué decimos que hay corrupción?.

Y en este sentido, decir que hay corrupción porque un señor se ha beneficiado a título personal de su situación en determinado cargo público, es decir poco y ser excesivamente simplista. Creo que nos tenemos que fijar en varias cuestiones:

En primer lugar y en términos generales, lo que se produce cuando hay corrupción, o ésta empieza a surgir es la desconfianza de los ciudadanos, de la sociedad a quien debemos servir en sus instituciones, en sus gobernantes, y por tanto, una quiebra radical del sistema democrático. Esta falta de confianza en la clase política, en los gestores de los intereses públicos, es la expresión de que el pueblo se siente literalmente alienado por un poder extraño que no es capaz de sintonizar o sentir como suyo y cuya actuación no considera que se realiza en su propio beneficio, sino en el de los propios titulares de la gestión, que han pasado así a apropiarse de ésta y de sus fines. Supone la ruptura de la relación de confianza y, con ello, de la legitimidad del sistema mismo. Es la más grave, entonces, de las deficiencias inmaginables en una democracia, en un sistema en el que los ciudadanos han de sentirse como los verdaderos titulares del poder y que tienen que creer y observar, la coincidencia entre sus intereses y los de sus gobernantes.

En un segundo lugar y en términos concretos, podemos decir que la corrupción se ha afincado en la Administración cuando hay contradicciones entre los criterios o exigencias externas de la Administración a sus administrados y la praxis administrativa interna.

Cuando esto es así, se produce una desidia en las exigencias de eficacia y sobre todo legalidad de los servidores públicos que redunda claramente en perjuicio del ciudadano y éste empieza, y termina, por ver a la Administración Pública desde una perspectiva claramente antagónica.

Todos sabemos qué conductas son o pueden ser consideradas corruptas. No voy a entrar en estas cuestiones que Vds. A buen seguro conocerán mucho mejor que yo. Sí quiero al principio plantear o dejar temas abiertos para su reflexión. ¿Cómo podemos combatir la corrupción?. ¿Es mejor una labor de prevención o simplemente de represión de las conductas corruptas?.

Ciertamente es un tema muy difícil donde las opiniones, y las discrepancias serán muchas pero seguro que encontraremos líneas o puntos en común.

Para mí es importante y eso lo he dicho al principio, que el servidor público tenga claro para qué y al servicio de quien trabaja. Claridad de ideas que también tiene que existir en el ámbito privado lo que ocurre es que aquí la diferenciación de intereses es, como Vds. saben, mucho menos nítida.

Decía que conviene tener claro los objetivos y a quienes van dirigidos su cumplimiento, y para ello es necesario que aquellos que tenemos responsabilidades concretas realicemos una autocrítica, analicemos en qué fallamos, nos enmendemos y seamos capaces de aportar soluciones.

En Europa, como saben, es un referente importante, y lo digo como ejemplo concreto, el documento oficial elevado al Parlamento Británico el 16 de mayo de 1995, "el Informe Nolan". Este Informe "Sobre los standards de conducta en la vida pública" estudia por vez primera de una manera sistemática y resuelta el fenómeno de la corrupción. Creo sinceramente que, este documento, está llamado a tener un valor referencial de primer orden para todas las democracias europeas y ser un instrumento, eficaz y sobre todo, claro, en cuanto a planteamiento de medios o mecanismos de combate contra la corrupción.

El Informe Nolan surge de un intento de responder a la "gran ansiedad" pública despertada por el tema de la conducta en la vida política y administrativa. El motivo inmediato para su elaboración parece haber sido la denuncia prolongada en los medios de comunicación de escándalos, corrupciones y abusos por parte de la clase política (situación que se ha reproducido en numerosos países europeos). Sin embargo este informe incide en algo que a mi me parece esencial para la "sanidad" de la vida pública y de las instituciones y en general para una sociedad democrática como es que, sin perjuicio de la impresión que sobre los escándalos de corrupción ofrezcan los medios de comunicación, pueda resultar sesgada, no procede, en modo alguno, adoptar ninguna medida restrictiva de su libertad informativa y de investigación (salvo los límites constitucionales), ya que constituye un factor esencial de la vida democrática.

Por tanto para evitar o para combatir conductas irregulares el factor información es esencial.

Y aquí me gustaría hacer un inciso y, transmitirles un sentimiento que al menos yo tengo y que me imagino que Vds., que ocupan cargos de elevada responsabilidad comparten también.

A veces los que tenemos responsabilidades políticas tendemos a aislarnos del resto de la sociedad y centramos toda la atención en nuestro ámbito de gestión, dirección y descuidando de esta manera el entorno social en el que nos movemos y en el que desplegamos nuestra labor.

Dejamos, inconscientemente de estar informados, y sobre todo dejamos de estar informados sobre lo que los ciudadanos, que son para quienes trabajamos, piensan de nosotros, de nuestra actuación. Nos empezamos a alejar de aquéllos que nos han ofrecido su confianza.

Para que esto no ocurra, creo que es muy importante no perder nunca de vista la realidad sobre y para la que se trabaja; debemos hacer un esfuerzo en seguir siendo, pese a nuestras responsabilidades, ciudadanos, miembros de una sociedad que no puede tolerar comportamientos irregulares e interesados en una sola dirección.

Y en esta línea, el Informe Nolan al que me he referido, incide en el establecimiento de una serie de principios, de standards que deben presidir la actuación de los servidores públicos y que son pilares para la existencia de una ética pública consolidada. Estos principios se resumen en lo siguiente:

El desinterés y la correlativa capacidad de asumir el interés público como objetivo de la actuación personal, la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia y la capacidad de decisión. Y propone para la salvaguarda de estos principios el establecimiento de códigos de conducta que los incorporen.

En esta línea, en España el futuro Estatuto Básico de la Función Pública, que se encuentra pendiente de Dictamen por el Consejo de Estado (supremo órgano consultivo del Gobierno español), incluye entre sus previsiones, la relativa a la conducta de los funcionarios públicos. Entiende que son valores éticos del servicio público, la integridad, la neutralidad... la imparcialidad, la transparencia en la gestión, la receptividad, la responsabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos.

Por eso, las Administraciones Públicas fomentarán modelos de conducta del personal a su servicio que integren los valores éticos del servicio público en su actuación profesional y en sus relaciones con los ciudadanos.

Otro ejemplo ilustrativo de esta preocupación es la Carta deontológica del Servicio Público Portugués adoptada en Resolución del Consejo de Ministros n° 18/93 en la que se subraya sin ningún género de dudas que la afirmación de los derechos y garantías de los ciudadanos que ha orientado la acción gubernativa tiene como presupuesto la existencia de valores éticos de servicio público que deben inspirar el comportamiento de los funcionarios, los cuales, a pesar de no estar expresos, hace mucho tiempo que son principios de la función pública que hay que explicitar.

Estos principios, independientemente de quien los formule creo que nos vinculan a todos aquéllos que tenemos responsabilidades públicas y que además tenemos el deber de que no se queden en meras ideas y que cuajen en la práctica política administrativa.

Para lograr estos resultados me parece esencial, y en esto estoy seguro de que coinciden todos los pronunciamientos, introducir programas de Etica Pública no sólo en las escuelas de Administración Pública, sino también en la educación previa al ingreso en la Administración y, por supuesto, antes y durante el tiempo en el que se ocupen cargos públicos. No se trata, desde luego, de un planteamiento negativo en virtud del cual se trate de "convertir" a una clase funcionarial y política falta de sensibilidad pública, sino que se trata más bien de preservar y mejorar la calidad del servicio público.

La corrupción, no lo olvidemos crece y llega, si no se la detiene a tiempo, a ser una práctica normal. Por eso la sensibilidad hacia lo público exige, además de una formación adecuada, el ejercicio, por parte de los funcionarios y gestores públicos, de unas conductas ejemplares. Es decir, predicar con el ejemplo.

Es cierto que la Etica Pública en los tiempos que corren es más necesaria que en otros momentos, pero creo que no es menos cierto que la Etica Pública y política actual no es sólo, aunque es su presupuesto, el ejercicio de estas virtudes. Ser honesto, íntegro e imparcial son virtudes básicas para el ejercicio del poder, pero hoy se necesita que los hombres públicos sepan manejarse en supuestos de complejidad creciente y que sepan interpretar las responsabilidades que llevan aparejadas los constantes y acelerados cambios sociales y políticos. Hoy más que nunca, se hace necesaria una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos, un mayor respeto a las minorías, una mayor conciencia ecológica y una mayor operatividad del concepto de la dignidad de la persona.

Pero junto con la creación de Planes de Formación, es determinante que nos movamos en terrenos concretos de actuación. Por ejemplo, el de las normas jurídicas que además, son los instrumentos inmediatos de nuestra gestión.

Las leyes, la legislación en general, tiene mucho que ver con la corrupción. A nadie escapa que vivimos en un mundo en que hay muchas y variadas normas, en el que la maraña jurídica es tan densa que es muy difícil su cumplimiento, cuando no su conocimiento.

La simplicidad en las normas, un lenguaje sencillo y asequible para todos los operadores jurídicos, funcionarios, jueces y ciudadanos, son factores esenciales para hacer de las leyes un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción.

Son muchos los que han estudiado la corrupción en el marco de la Unión Europea, y algunos señalan que la complejidad y falta de claridad de las normas comunitarias es una de las causas de corrupción. Es más, cuantas más leyes y Reglamentos, más infracciones pueden producirse.

Por ponerles un ejemplo, el elenco de subvenciones o ayudas a la exportación consta de más de mil quinientas clasificaciones de productos agrícolas que incluyen cerca de cuatrocientas para productos lácteos y alrededor de ochocientas, por ejemplo, para la carne de buey.

A finales de 1987, el sistema de codificación de la tarifa aduanera comunitaria contenía más de dos mil quinientos códigos... Diganme Vds. si con este panorama no es difícil imaginar que alguien se despiste.

Pero es que dentro de cada uno de los Estados, la situación es la misma. Entonces cuando el Estado cree y cree sin parar no ya sólo en el marco de producción de normas, sino en todos los ámbitos, económico, social... tienden a aumentar toda suerte de grupos destinados a obtener ganancias con cargo al presupuesto público, obtención de privilegios, tráfico de influencias, etc.

Por tanto, insisto en la sencillez de los instrumentos jurídicos, a fin de que estos sean comprensibles para todo el mundo, y se haga realidad el acercamiento entre Administración y ciudadanos. Además es muy simple cuando las normas son claras, es difícil que alguien pueda apelar a su desconocimiento para no cumplirlas o ejecutarlas en sentido equivocado.

En esta línea, otro factor que me parece fundamental es el relativo a la Cooperación y les diré por qué.

En primer lugar, el intercambio de información, de experiencias entre los países es determinante para luchar contra un fenómeno que es universal.

Hoy afortunadamente se dispone de abundante material. Estudios oficiales elaborados por los Gobiernos de los diferentes continentes, demuestran que existe corrupción, tanto en el mundo desarrollado, como en los países en vías de desarrollo.

Estos estudios indican, además, que la corrupción existente se manifiesta en forma de conculcaciones de procedimientos públicos para favorecer intereses personales bajo comisiones, sobornos, uso de fondos públicos para fines personales, cohecho. En fin Vds. ya conocen estas fórmulas concretas de corrupción.

Por eso a través de esta colaboración, los Gobiernos de cada país pueden y deben establecer sistemas de control, y esto hay que entenderlo en un sentido totalmente positivo, y que se sustenta en la experiencia comparada.

El Seminario que hoy se inaugura es un buenísimo ejemplo de lo que estoy diciendo.

Insisto en estos factores, porque tengo de verdad el convencimiento de que la lucha contra la corrupción, cuestión muy difícil, no puede ni debe reducirse a la promulgación de normas jurídicas, mas o menos severas o a la creación de unidades administrativas especializadas. La función de previsión para mí es fundamental. Y en este punto cobra especial importancia algo a lo que me he referido someramente al principio, y que en la actualidad parece estar muy de moda, por lo menos así es en Europa y que yo espero, de verdad, que contribuyamos desde aquí a que no sea simplemente una moda. Me refiero a la ETICA PUBLICA.

Se debe partir del planteamiento de que cualquier aproximación sincera a la realidad de las Administraciones Públicas de nuestros días debe empezar por asumir que éstas son objeto de un debate siempre abierto e inacabado. Vivimos en un mundo de profundos y constantes cambios, que obligan a los diferentes aparatos administrativos a estar dotados de la flexibilidad suficiente para responder con eficacia y rapidez a esa coyuntura y a las demandas de los ciudadanos que a fin de cuentas son los receptores de los servicios públicos.

En este contexto, es básica la integridad personal en el ejercicio de la función pública y las tareas políticas y es justificación suficiente para que la ética pública haya pasado hoy a ocupar un lugar destacado en los planteamientos de los diferentes Gobiernos (en Europa es así), en lo que a las diferentes regulaciones sobre la función pública se refiere, y de las sociedades en general que no se acostumbran a ver como cada vez más la palabra "corrupción" se asocia a la actuación de los Poderes Públicos.

La Etica Pública de la que tanto se habla y que parte del servicio público es, sin duda, un arma de gran eficacia en la lucha contra la corrupción y, por eso se refiere, no sólo a prevenir conductas de tipo negativo, sino a fomentar en el marco de la función pública, de la política, un ambiente de trabajo bien hecho, eficaz, y sensible a los derechos de los ciudadanos. Y encaminado también a lograr el respeto de estos.

Por ejemplo, es muy complicado luchar contra el fraude fiscal, pero será casi imposible si los propios ciudadanos observan como sus gobernantes, sus gestores adoptan conductas encaminadas hacia el lucro personal y en ausencia total de la defensa de sus intereses. Es muy importante que se consolide una cultura de respeto absoluto hacia el ordenamiento jurídico en el que los Planes de Formación son vitales.

Por otra parte, y junto con esta labor formativa, me parece que se deben articular instrumentos y mecanismos eficaces que faciliten la participación de los ciudadanos en la tarea de control del Gobierno. Como muestra les diré que en España se aprobó en el Parlamento el 27 de noviembre del año pasado, la Ley del Gobierno que terminaba con la exclusión del control por los jueces y tribunales de los llamados "actos políticos". Además en España, el Gobierno se somete todas las semanas a una sesión de control en el Congreso y en el Senado que posibilita que se conozcan las actividades que al servicio de los ciudadanos realiza mediante la respuesta a las preguntas que formulan tanto al Presidente, Vicepresidentes y al resto de los Ministros, los diferentes grupos parlamentarios.

Esto cobra su sentido, si tenemos en cuenta que quizás el efecto más pernicioso de la corrupción sea el falseamiento del sistema democrático y una situación generalizada, o mejor dicho un clima de desconcierto en la sociedad que observa desmoralizada como su funcionamiento diario gira en torno a escándalos, abusos, y en general conductas que distan mucho de la gestión eficaz. Con una consecuencia que a mí me parece muy peligrosa y es que pienso que el primer fin del corrupto después de su logro personal es que se corrompan los demás; se genera de esta manera una situación de caos en la que se hace muy difícil identificar al culpable y apartarle de la vida pública. Se dificulta, además, la labor de control judicial y sobre todo se genera una opinión entre los ciudadanos de inutilidad de sus instituciones.

Se produce una evidente pérdida de categoría y calidad humana en quienes ocupan o desempeñan cargos públicos con la consiguiente y progresiva separación de ciudadanos y gobernantes.

Además se pierde profesionalidad en la tarea pública y se contagia una determinada forma de hacer o de "trabajar" opuesta a los valores propios del trabajo honesto.

Se produce, igualmente, un falseamiento del sistema de mercado, se socavan los principios de publicidad y de concurrencia y, también, del de acceso a la función pública de acuerdo con el mérito y la capacidad.

Y no nos olvidemos que desde el punto de vista económico, se incrementan los costos de las empresas que acuden a las prácticas corruptas, lo que lleva a elevar el precio de los bienes y servicios que producen. Y, cuando el demandante de esos bienes es la propia Administración pública, lógicamente, aumenta el gasto público. Es decir, incremento del déficit público.

Como es lógico, la corrupción produce en este sentido una falta de racionalización en el gasto público, tanto en su eficiencia como en su eficacia.

Esto afecta a la gestión de los fondos públicos, donde se produce una clara relajación de los sistemas de control del gasto a través de fiscalizaciones "a posteriori", que ya nada pueden hacer más que constatar los desaguisados o escándalos.

Otro efecto, no menos grave, es que la corrupción, desgraciadamente, aleja de las tareas públicas a aquellas personas que podrían prestar un servicio al bien común con su participación en la dirección de la cosa pública. Y, por el contrario, fomenta la partitocracia, las comisiones ilegales a los partidos políticos y el transfuguismo, del que haré a continuación una breve referencia. En definitiva, un clima social de engaño y mentira en el que todo se mide en función del dinero y del poder, y en el que se pierde, poco a poco, la referencia humana que, tan importante es, y que, a pesar de los pesares, es la referencia fundamental del sistema democrático.

A propósito del transfuguismo político y en alusión a los partidos políticos, estos no son sólo expresión del derecho fundamental de los ciudadanos a asociarse, a defender agrupadamente ideas y objetivos políticos comunes, sino también elementos motores de las democracias modernas.

Por su parte, los grupos parlamentarios tienen también una gran responsabilidad en la vida democrática en la medida en que constituye la proyección de un partido en el marco parlamentario, sin que esto signifique una relación de subordinación estricta.

Y además, tenemos la figura del representante, el diputado o senador, concejales, que junto con las otras dos realidades configuran factores esenciales de la vida constitucional y democrática, de manera que el respeto real a estas funciones asegura la buena marcha de la democracia.

Esta deslealtad se rompe si los representantes políticos, parlamentarios, concejales, movidos por intereses estrictamente personales, pasan de un grupo político a otro distinto, en un acto de deslealtad absoluta a su formación y a los ciudadanos que con su voto han hecho posible su elección, provocando por ejemplo cambios de mayorías que no se corresponden con la elección democráticamente configurada, fomentando la aparición de sobornos, ofrecimiento de prebendas, etc... Es decir, aparece la corrupción.

Ante esta situación, muy frecuente por cierto, es necesario la adopción de compromisos entre los diferentes partidos políticos de no beneficiarse de dicho comportamiento y así evitar las perniciosas consecuencias que acarrea el transfuguismo.

En España, conscientes de que esta situación es nefasta para el buen funcionamiento de las instituciones y en general, de la vida democrática se han iniciado, y están muy avanzados, los trabajos para llegar a un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas para prevenir estas prácticas, que para mí son un claro ejemplo de corrupción.

En fin, para evitar todo esto es fundamental que en Seminarios como éste, se incidan en las ideas del establecimiento de códigos de conducta para los funcionarios públicos que ayuden a la transmisión y mejor conocimiento de los valores del Servicio público, del mayor rango jurídico.

Búsqueda de la mejora continua. Estabilidad y formación integral de los funcionarios, en un marco que se evalúe el rendimiento y se estimule la honestidad y la integridad de los servidores públicos.

Desarrollo y modernización de sistemas de control suficientes, eficaces y preventivos, que fomenten la transparencia en la actividad pública. Así mismo, evaluación de la calidad de trabajo, la eficacia, la rentabilidad y la productividad.

Establecimiento de mecanismos de control eficaces que impidan que las empresas utilicen el soborno para determinar las decisiones administrativas.

Refundición y simplificación normativa para que los ciudadanos puedan conocer con claridad las normas. Además, es importante también que cuaje en la cultura popular la necesidad de obediencias a las leyes.

Introducción de instrumentos y mecanismos eficaces que faciliten la participación de los ciudadanos en la tarea de control del Gobierno al realizar un seguimiento razonable de la aplicación adecuada de los recursos públicos a las finalidades establecidas.

Y por último, el ejercicio más continuado por los que tenemos responsabilidades públicas de la autocrítica para no relajarnos del todo y ser conscientes en todo momento que tenemos un fin muy claro que es gestionar con lealtad, dedicación y ausencia de interés personal los intereses públicos.

Estoy seguro que este Seminario nos ayudará a entender mejor esta labor. A mí, de momento, ya me ha ayudado a reflexionar sobre muchas cosas que les he intentado transmitir con toda sinceridad y con ausencia quizás de planteamientos científicos que estoy seguro que Vds. Elaborarán, debido a su dilatada experiencia, mucho mejor que yo.

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