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El combate a la corrupción en Venezuela

Adelso González Urdaneta

I. Introducción

Es para mí un honor poder estar aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, aceptando la invitación que generosamente me realizaran el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), para participar en el Foro Iberoamericano sobre "El Combate a la Corrupción", actualmente un tema de tanta transcendencia mundial, que una vez más nos reúne con una perspectiva más que americanista, puesto que se trata de un flagelo que amenaza seriamente la supervivencia y el desarrollo de nuestras democracias, que anida en su seno fuertes y consolidados intereses creados, que cuenta con el apoyo de ciertos poderes económicos y políticos.

Dado el ámbito iberoamericano en que se desenvuelve este Foro, resulta obligante para todos nuestros países cruzarnos en cuantas comunicaciones podamos tener entre nosotros, sus representantes, para transmitirnos y compartir ideas, experiencias, reflexiones y propuestas en la búsqueda común de lograr objetivos y acciones superiores en lucha nacional e internacional contra la corrupción, a sabiendas de que ello se ha convertido, por su enorme alcance y complejidad, en un grave problema de Estado y de Sociedad, que requiere una política y una estrategia únicas para hacer posible que el terrible y amenazante flagelo se reduzca a su mínima expresión.

Con base en tan elevada inspiración y teniendo como guía eterno a nuestro Libertador Simón Bolívar, padre de severidad en la lucha venezolana contra la corrupción, me propongo en seguida ofrecer a la audiencia del Foro el aporte de quien en su país y desde su alto cargo público, en un ejercicio de casi tres años y medio, ha estado aprendiendo, experimentando y hasta inventando en un campo tan duro, exigente, difícil y complejo como es el de la lucha contra la corrupción, en tiempo común de profunda crisis de valores, con una escala invertida, donde el dinero y el poder económico se ensoñorean como en un imperio de dominio absoluto. Por lo que se nos impone a todos un Nuevo Orden Etico, nacional e internacional.

Hacia tal dimensión tratamos de acercarnos con nuestra modesta ponencia.

II. Visión general de la corrupción

Ante todo resulta necesario ponernos de acuerdo, tratándose de una calamidad que azota al mundo, en el contexto en que ella se mueve, sabiendo todos nosotros que los signos de ese contexto son entre nosotros iguales o semejantes, con los obvios rasgos propios de cada región y país. Al respecto, en las reuniones adonde se me ha invitado, nacionales e internacionales, he aportado en las líneas apretadas que siguen la síntesis del contexto general en que se ha venido moviendo la corrupción:

a) Es un flagelo mundial y no tiene fronteras: ni físico-geográficas, ni económicas ni político-ideológicas.

b) Es de antiquísima data y está en las propias debilidades de la naturaleza humana frente a la diabólica combinación del poder y del dinero, cuando lo ajeno es administrado, tanto en el sector público como en el privado, indebidamente.

c) Su nacimiento y desarrollo, así como el combate que se da contra él, están envueltos en un entrecruzamiento de arraigados intereses creados y fuertes poderes, económicos y políticos, establecidos.

d) Se ha convertido en una cultura , sub-cultura o mejor anti-cultura.

e) Afecta al propio sistema político en su dimensión integral: la economía, el desarrollo, el crecimiento y las inversiones; la educación y la cultura, con todas sus deformaciones; la Democracia, su estabilidad y su seguridad; la Soberanía Nacional; la Familia; la Sociedad y sus Comunidades; la República, el Estado y el Poder Público en sus diversos niveles y ramas; el individuo como persona humana.

f) En consecuencia con lo anterior la corrupción es un problema de Estado y de Sociedad, que requiere una política de Estado, que esté por encima de los intereses particulares o grupales y de las coyunturas.

g) La impunidad se empareja con la corrupción, marcando su ritmo y alimentándose no sólo desde el Poder Público, sino también desde variadas organizaciones e instituciones fundamentales del área privada o semi-privada, como son las partidistas, sindicales, gremiales, empresariales, profesionales, bancarias, etc.

h) A la población la sacude una crisis integral: en lo ético-moral, económico-fiscal, educativo y sanitario; en lo familiar, personal e institucional; en lo coyuntural y estructural. Como derivación de ella se vive una calamitosa situación, con peligros y amenazas de potencial explosión como: la inflación, especulación y creciente carestía de la vida, con un angustiante descenso en su nivel y calidad; el desempleo; la inseguridad personal, social y jurídica; la deficiencia y precariedad de los servicios públicos en las comunidades; la pobreza, el abandono, la desnutrición infantil y la crisis de muchísimos hogares; una economía muy enferma; una cultura pro-corrupción y una educación con muy poca ética, incapaz de una real y eficiente formación de valores.

Un poco más un poco menos éste es el común denominador del cuadro, al menos de muchos de nuestros países.

Convencido de que la lucha contra la corrupción debe tener muy presente el contexto en que ella se mueve, debiéramos intentar la mayor aproximación posible en aspectos que nos ayudan en la visión general que tengamos del tema. Señalemos en tal dirección algunas de las varias características de la corrupción:

  • Se presenta de muchas formas y puede variar desde lo trivial hasta lo monumental. Suele involucrar el uso indebido de los instrumentos de políticas y lineamientos; de leyes o reglamentaciones en relación con la seguridad pública; de la observancia de los controles; o de simples procedimientos.
  • Se da en el sector privado o en el público, y a menudo en ambos al mismo tiempo, a veces mediante mecanismos de comunicación convenidos y establecidos.
  • Suele incluir promesas de estímulos o compensaciones, amenazas de distinto grado, o ambas.
  • Puede iniciarla un funcionario público o un cliente interesado.
  • Puede acarrear actos de omisión o comisión.
  • Involucra servicios ilícitos o lícitos.
  • Anida y se desarrolla dentro o en la periferia de organizaciones e instituciones variadas, como las políticas, sindicales, gremiales y profesionales, etc.
  • Es difícil determinar sus límites y éstos dependen de las leyes y del uso y costumbres de cada comunidad.

Una encendida luz de esperanza y confianza nos alumbre a todos: lo corrupto es lo menor y lo honrado es lo mayor. Existe en cada grupo humano un número ilimitado de personas honradas que conforman la gran mayoría de la población, ante una minoría corrupta que, en virtud de su poderío político o económico, en muchos casos con ambos, utiliza esa fuerza perversa para sus propios fines, generalizando para crear caos y confusión en derredor, con lo cual logra prácticamente la conformidad y se da el fenómeno sociológico del decir: "estamos invadidos, no hay nada que hacer..."

Pero hay una diferencia entre la mayoría no corrupta y la minoría corrupta, que pone a ésta en ventaja, al menos por ahora, en el inicio de esta guerra larga que es el combate a la corrupción: mientras la minoría tiene potencia política y económica e inteligente estrategia, la mayoría se mantiene con carencias, limitaciones e insuficiencias económico-sociales y no está informada, ni adiestrada ni preparada ni educada para la guerra planteada, cayendo a veces en la tentación, en la trampa, en el juego de la corrupción, incluso por necesidad...

En su interesada direccionalidad esa minoría se pone en aliados directos e indirectos, visibles e invisibles, para algunas de sus operaciones, entre ellas: la de hacer que el denunciante o el investigador pase a ser denunciado, mediante la respuesta de la acusación, convirtiendo esto en un juego de lo absurdo, donde "lo que es, no es" y "lo que no es, es". La denuncia de esta forma pierde su esencia como figura democrática de participación ciudadana, la investigación muere como instrumento ductor de la verdad, y el consagrado derecho a réplica se distorsiona; todo, con profundo daño, en ocasiones irreparable, de la Democracia, de las instituciones en general y de la persona humana en particular. Esto es apenas una muestra del escenario de armas y maniobras en que se mueven los autores y actores de la corrupción, siempre, con las honrosas excepciones del caso, más veloces en sus acciones y logros que los órganos del Estado que los combaten.

Los costos sociales que produce a la humanidad este calamitoso flagelo se pueden resumir en lo siguiente:

  • Las organizaciones de servicio público han perdido el sentido centrífugo de su misión.
  • La Administración Pública no ha ayudado al debido funcionamiento de la Sociedad.
  • La práctica generalizada de la corrupción constituye, en su inicio, una fuente de inhibición y de bloqueo del aparato económico, restando competitividad con grave daño a la economía y señales preocupantes par los inversionistas extranjeros.
  • Los anti-valores (viveza, manipulación, inescrupulosidad, partidocracia, amiguismo...) han sustituido en forma creciente a los méritos personales (honestidad, capacidad, esfuerzo, auto-estima) para la permanencia o el ascenso en los cargos y para otras distinciones.
  • Se ha incrementado peligrosamente la pillería y la práctica corrupta ha penetrado en algunos casos órganos de seguridad y de administración de justicia.
  • Ha desgastado y pervertido símbolos importantes para la democracia y la estabilidad social, como la igualdad de las personas, el respecto a la autoridad, el Estado de derecho y la seguridad derivada del contexto social.
  • Se ha dado el relajamiento, la inhibición, la frustración y una polaridad entre el individuo honesto y las funciones del Estado.

Otro aspecto de sumo interés, para todos es el conocimiento claro de las conductas deseables y de las indeseables o indebidas, por parte de los funcionarios públicos, ya que ello ha de ayudarnos para estimular las primeras y castigar las segundas por todas las vías posibles. Los ejemplos que siguen dan una muestra del conjunto de los indeseable o indebido:

  • El hurto de bienes y patrimonios de la Nación.
  • El uso de un cargo para provecho personal, grupal o de terceros.
  • El usufructo y provecho personal o corporativo, valiéndose de influencia, halagos, pagos ilegales a funcionarios públicos, para obtener beneficios, favores o privilegios, en perjuicio de los derechos de los demás ciudadanos.
  • El desviar un servicio público de la misión para la cual ha sido creado.
  • El tener una función en el servicio público y no cumplir los fines para los cuales ha sido creado. En esta conducta se inscriben los "reposeros" y "cabalgadores de horario", así como quienes perciben un pago sin trabajar o sin rendir lo necesario.
  • El permitir, ignorar, amparar, ocultar o dejar que ocurran algunas de las conductas indebidas e indeseables señaladas anteriormente, sin tomar las medidas correctivas, disciplinarias o administrativas, punitivas o de denuncia ante los órganos competentes.

Lo anterior nos conduce al alcance definitorio de la corrupción, según la visión que de ésta se tenga. Precisemos al respecto los dos manejos del concepto: a) El muy limitado, de rigurosidad jurídica, b) El extenso, de sentir y uso sociales, por ser como la gente la entiende, con inclusión en ella de las ya señaladas, entre otras, conductas indeseables o indebidas, que se tienen frente a lo ajeno para provecho personal o grupal, para sí mismo o para otros (amigos, familiares, copartidarios...).

Como características de estas negativas conductas se pueden aportar las siguientes premisas:

  • Un sentido de minusvalía de la persona, una baja autoestima y una acentuada dependencia, revelada en expresiones muy propias de otros sentimientos y en el texto de cada región, país o localidad.
  • Un bajo nivel de aspiración y falta de confianza en el éxito propio (mayor inclinación a ser perdedor que ganador).
  • Pérdida en el arraigo a su contexto social y disminución del sentido de pertenencia a su país, reflejado también en expresiones muy propias de ello.
  • Una baja motivación al logro y una alta motivación al poder, lo cual se refleja en prácticas como éstas:
  • El uso que hacen los dirigentes del poder (político, sindical, empresarial, etc.) para provecho personal o grupal.
  • El fenómeno de la compra venta del favor político entre empresarios y dirigentes gubernamentales y/o partidistas.
  • La obtención de un cargo o un ascenso logrado por amiguismo o clientelismo.
  • El funcionario público que impone lo indecoroso y el usuario que lo acepta (por necesidad o por negocio).

En Venezuela la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público determina en sus artículos 65 y 67 el alcance jurídico de la corrupción como sigue:

"Artículo 65: "Cualquier funcionario que por razón de sus funciones reciba, para sí mismo o para otro, retribuciones y otra utilidad que no se le deban, o cuya promesa acepte, será penado con prisión de uno a cuatro años y multa de hasta el cincuenta por ciento de lo recibido o prometido. Con las misma pena será castigado quien diere o prometiera el dinero, retribuciones u otra nulidad indicados en este artículo".

"Artículo 67: "Cualquier funcionario público que por hacer, retardar u omitir algún acto de sus funciones o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres a siete años y multa de hasta el cincuenta por ciento del beneficio recibido o prometido.

"La prisión será de cuatro a ocho años y la multa de hasta el sesenta por ciento, si la conducta ha tenido por efecto conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convengan en contratos relacionados con la administración a la que pertenezca el funcionario, o favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en procedimientos administrativos o juicio penal, civil o de cualquier otra naturaleza. Si el responsable de la conducta fuera un Juez y de ello resultare una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad, que exceda de seis meses, la pena de prisión será de cinco a diez años. Con las mismas penas y en sus casos, será castigado quien diere o prometiere el dinero u otra actividad indicada en este artículo".

El rol del Servidor Público en la lucha contra la corrupción es fundamental al ocuparnos de la conducta de los funcionarios públicos, en cualquiera de nuestros países, tomando en cuenta que ello es clave para que la Administración del Estado ande con salud y eficiencia. En esto debemos lógicamente tener presente la necesidad de Leyes, Códigos o Normas afines y de los requeridos organismos ad hoc que trabajen en la coordinación de tan exigente tarea, felizmente en estado de conciencia y en marcha en toda nuestra comunidad internacional, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), con su Código Internacional de Conducta para Funcionarios Públicos, sus medidas contra la corrupción y su Declaración, de 12/12/96; por la Organización de Estados Americanos (OEA), con su Convención Interamericana contra la corrupción, suscrita en la Conferencia Especializada de Caracas, 27 a 29/03/96, donde el Presidente de la República de Venezuela tuvo, como saben todos ustedes, un papel de liderazgo y la cual hace derivar actos legislativos nacionales de ratificación y complementación , en lo que todos estamos obligados a trabajar pronta y eficientemente; por la Sociedad Internacional de Defensa Social (SIDS), con sus aportes especializados; por la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, con su reciente y significativo aporte de Lima, recogido en su esencia por la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de Caracas, 1997; por los varios países que a esta requerida tarea se están progresivamente incorporando, incluso con sus frutos en organismos ad hoc y en disposiciones legales que orientan y regulan la conducta del funcionario público.

Todo cuanto se ha desarrollado en esta ponencia da ciertas bases de sustentación a la visión general que tenemos sobre la corrupción en el mundo, América y Venezuela. Y ello es fundamental para en seguida entrar en lo específicamente nacional y aportar nuestra propia contribución, como organismo ad hoc en Venezuela.

III. La contribución de la Oficina de Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, en Venezuela

Resulta obligante, siquiera en apretadas líneas, tener una idea general de la realidad venezolana y con base en ella precisar nuestro propio aporte en este combate común contra la corrupción.

En el entorno nacional la obligación es asumida por un conjunto de entes pertenecientes a las tres ramas del Poder Público. La Constitución Venezolana de 1961 establece un sistema de competencias expresas para cada una de ellas: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, de la misma forma como establece las competencias propias de las entidades político territoriales, a la Nación, los Estados y los Municipios, a pesar de que a los Estados la competencia le fue atribuida de forma residual (todo aquello que no sea competencia del Poder Nacional o Municipal se considera que es competencia de los Estados). Lo dicho tiene una gran significación en la lucha venezolana contra la corrupción, ya que existen funciones claramente establecidas que permiten determinar las responsabilidades inherentes al ejercicio de las competencias. En la gran mayoría de los casos estas competencias constitucionales han recibido un tratamiento legislativo apropiado para el desarrollo de la normativa constitucional, pero en otros casos lamentablemente no es así, aunque se trabaja con denodado esfuerzo para superar tal situación.

No obstante que la transparencia del texto constitucional en cuanto a la atribución de competencias no sea suficiente, el Constituyente creó, además, un sistema contralor de la actividad de los órganos del Estado para garantizar el cumplimiento y el justo ejercicio de las atribuciones. Así podemos mencionar las competencias constitucionales dadas a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República, al Consejo de la Judicatura y a la Procuraduría General de la República, cada uno de los cuales en la esfera de esas competencias cumple un rol de primer orden en el combate contra la corrupción.

Y para que esta labor contralora tuviera el éxito esperado, la Constitución Nacional atribuyó en el artículo 136, ordinal 2° al Poder Nacional:

"La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de las leyes en todo el territorio nacional".

Es decir, el máximo garante del cumplimiento de las disposiciones atributivas de competencia y del mantenimiento de la paz y el orden ciudadano es el Poder Nacional, que se ejerce a través de la figura del Presidente de la República y sus Ministros.

Esto permitió al Presidente de la República servirse de una figura que fuese su brazo ejecutor en la lucha por la suprema vigilancia de los intereses generales de la República, expresados éstos en salud moral y eficiencia de la Administración. Por ello se produjo, mediante Decreto Presidencial N° 529, de fecha 11 de enero de 1995 y publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.630, del 12 de enero de ese mismo año, la creación de la figura del Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, quizá como un acercamiento tímido pero firme hacia la figura mundial del Ombudsman, más cercano al modelo francés que al modelo sueco. La designación para tan ardua labor que hasta la fecha ha desarrollado una actividad primeramente de intercolaboración con los demás órganos contralores en atención a la especialidad de sus competencias, y en segundo lugar de creación de una infraestructura de control preventivo y correctivo en la lucha incesante que nos impone el cáncer acechante de la corrupción, indujo en mí la auto-imposición, desde que me juramenté (16-01-95), del Código Moral del Cargo, extensivo a mis colaboradores, cuyo texto es el siguiente:

a) No tener ataduras ni complacencias partidistas, familiares o amistosas.

b) No deber favores personales ni políticos. En tal sentido, no aceptar de nadie de la Administración Pública: homenajes, condecoraciones o placas de reconocimiento, invitaciones muy especiales, regalos, préstamos simbólicos o privilegiados y cualquier otra forma de atención que el Comisiondo juzgue inaceptable.

c) No hacer ninguna recomendación para cargo alguno en la Administración Pública ni para contratos con ésta.

d) No realizar entrevistas fuera de la Oficina de Miraflores, con excepción de aquellas que el propio Comisionado considere justificadas a los fines del alto cargo.

e) No procesar ni tramitar informaciones o denuncias, de buena o mala fe, evidentemente infundadas.

f) No recibir ni procesar anónimos.

g) Aceptar toda cooperación que de buena fe se ofrezca, preferentemente gratuita, en: aportes de estudios sobre la corrupción en Venezuela, denuncias o informes fundamentados, comisiones sectoriales y regionales, divulgación debida por los medios de comunicación social de casos en procesamiento y demás gestiones de sana colaboración.

h) Mantenerse fiel a las Leyes y al Estado de Derecho de la República.

i) Actuar con objetividad, seriedad, firmeza, prudencia, sensatez, equidad y justicia, sin prejuicio alguno ni predisposición a favor ni contra nadie.

j) Tener siempre presentes las enseñanzas de El Libertador Simón Bolívar, del Maestro de Maestros Luis Beltrán Prieto Figueroa y de mis humildes y honrados padres.

Este alto funcionario público, como órgano auxiliar del Presidente de la República de Venezuela, se ocupa a tiempo completo, en la lucha por el correcto funcionamiento de la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada, con dos grandes objetivos: su saneamiento y su eficiencia. Este cargo se asume dentro de la línea constitucional de inter-colaboración entre los diversos órganos del Estado, en atención a la especialidad de sus competencias, y mediante una infraestructura de control y prevención cumple su difícil, compleja y exigente gestión, dentro de una visión integral e integradora, a pasos que se van dando progresivamente, en corto, mediano y largo plazo, actuando nacional e internacionalmente en dos grandes campos de batalla: lo investigativo-represivo y lo preventivo-formativo, uno y otro inspirado en los siguientes parámetros, grandes directrices o líneas maestras de la Oficina, trazadas desde el principio, complementarias del Código Moral del Cargo y las cuales pueden resumirse en lo siguiente:

a) La función es de Estado y no de gobierno propiamente y ella debe ser cumplida con toda la majestad posible, con ponderación, objetividad e imparcialidad, con autonomía e independencia y sin atadura de ninguna naturaleza, sin prejuicio alguno y sin predisposición a favor ni contra nada ni nadie.

b) Desde el cargo se debe promover y estimular la denuncia como figura democrática de participación ciudadana, como un derecho-deber que ha de ejercerse con toda seriedad, responsabilidad y fundamentación, en una constante pedagogía de la denuncia.

c) En relación denunciante-denunciado, prestar atención y protección a los dos: al denunciante, para que no sea objeto de represalia debido a su denuncia; al denunciado, para que no sea sin investigación y procesamiento, sin ejercicio de su derecho a la defensa, sometido al escarnio y escándalo público.

d) No esperar por la gestión cumplida ni agradecimientos ni reconocimientos, dada la naturaleza y alcance de la función.

e) Primero es la investigación y después es la noticia. No hacer el juego a quienes promueven el escándalo público, sin importar la investigación.

f) Preferir ante todo prevenir y evitar el mal.

En el área preventivo-formativa, en mi rol de Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública en Venezuela y como maestro de vocación, me propuse acometer como primera batalla a librar la que se debe dar en el necesario campo de todo el sistema educativo venezolano, tanto en el formal, sistemático o escolar, desde el preescolar hasta la educación superior y el post-grado, como en el no formal, asistemático o extra-escolar, donde cumplen un papel fundamental los medios de comunicación social, las iglesias y las diversas organizaciones e instituciones que interactúan en nuestro proceso educativo.

Entiendo que así es como se debe atacar el mal de la corrupción, yendo a una de sus principales raíces como es la educación y ocupándonos mucho más en la formación y el ejercicio de valores en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sin dejar de lado a los adultos en general. Todo, encaminado al logro esencial de una conducta recta y sana que contribuya consigo mismo, como persona humana, con la Familia, con el Estado, con la Sociedad y sus Comunidades y con las distintas instituciones públicas y privadas en la conquista de un Nuevo Orden Etico nacional e internacional, con una nueva, diferente y contraria escala de valores, donde el dinero y el poder económico pasen a ocupar su justo lugar y donde puedan en el futuro menos lejano posible nacer y desarrollarse personas e instituciones superiores.

Con base en esta necesidad patriótica, mi Oficina elaboró, previo un amplio e intenso proceso de consulta y participación, el Proyecto de Plan Nacional Compromiso Educativo Anti-corrupción, hoy convertido y por disposición del Presidente de la República y Resolución del Ministerio de Educación N° 115, del 15 de enero de 1997, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.128, del 17 de enero de 1997, en Plan de Estado, actualmente en franco proceso de promoción, implantación y desarrollo. Dicho Plan contiene una aproximación de diagnóstico de nuestra dura realidad nacional, con los contextos deformadores que se han dado en la Familia, en la Escuela, en el Lugar de Trabajo, en los Medios de Difusión y en la Sociedad, objetivos y metas hacia el deber ser, personal e institucional, y con programas operativos concretos, a iniciar como implementación del Plan, como son los siguientes:

  1. En lo Preventivo:

1) De adiestramiento, en especial del personal que se ocupa del control interno y del desarrollo de los recursos humanos.

2) De acción comunicacional de educación ciudadana, especie de campaña masiva por parte de los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, cine y otros), en la idea esencial de ayudar al rescate de la ética pública, como objetivo general, y a la preparación del ciudadano para que conozca los trámites elementales para la prestación del obligante servicio público, que sepa ejercer debidamente su derecho a la denuncia como figura democrática de participación ciudadana, que no caiga en las tentaciones y en el juego de los corruptos en cuanto a beneficios indebidos, en fin, que su actuación frente a la Administración Pública sea vigilante y sana moralmente.

3) De acción educativa formal, en todos los niveles y modalidades de esta expresión del sistema educativo, en lo público u oficial y en lo privado, en lo civil y militar, en lo laico y religioso, en lo local, municipal, estadal y nacional. Este programa ha de estar orientado hacia el paradigma en una escala deseable de valores y en función de principios y criterios directrices, objetivos, mecanismos de funcionamiento, seguimiento y evaluación, en procura de una ética democrática.

B) En lo correctivo:

4) De gestión de acciones punitivas, en el entendido de que ello ha de hacerse en forma progresiva, junto con la acción preventiva de la educación, de la necesaria simplificación administrativa y de los instrumentos legales que se puedan ir armando en el escenario legislativo, como el Código de Conducta de los Servidores Públicos.

5) De participación ciudadana, donde debieran interactuar, como expresión de la sociedad civil, el Voluntariado Público contra la Corrupción, que mi oficina viene promoviendo, estimulando y creando, y las Organizaciones no gubernamentales ganadas para esta causa, entre las cuales sobresale la Asociación Pro-Calidad de vida, que tiene a su cargo el capítulo venezolano de Transparencia Internacional.

6) De fortalecimiento y coordinación de la acción contralora en la Administración Pública, en la búsqueda de un eficaz control de gestión y de una correcta administración de los fondos públicos,

Fundamentan este Plan Nacional los siguientes principios o criterios rectores: pertenencia, sistematización, integridad, democratización, participación, continuidad, coherencia, perfectibilidad y educación permanente.

Otro aspecto de suma importancia lo constituye el Código de Conducta de los Servidores Públicos, de muy pronta publicación, en el cual han confluido los principios rectores que deben encauzar el desarrollo de las actuaciones de los funcionarios públicos, los cuales por primera vez en Venezuela y de forma sistemática, son organizados en un cuerpo de normas deontológicas, capaces de exigir moralmente a cada funcionario un comportamiento cónsono con las máximas rectoras de una conducta proba, sin sanción, sin contención, acudiendo al poder de convocatoria que existe dentro de cada ciudadano por mejorar la situación de su país, de su familia y de sí mismo. Este Código tiende a cambiar y transformar todo un subsistema de mediocridad conductual, en donde se cría el germen poluto de la corrupción.

La ansiedad pública sobre el nivel ético de la vida política existe y debe atenderse, en nuestro caso expresada ella en dos clamores que hoy por hoy son fundamentales, a saber: el sentir de cerca el buen ejemplo del funcionario público, mucho más que los denominados "Jefes", y el también sentir de cerca el severo castigo para quien dé el mal ejemplo. La erosión de la confianza ciudadana en los titulares de los oficios públicos es una cuestión muy seria, por lo que un grado de austeridad, de respeto y las buenas tradiciones y una severa conducta en la vida pública no solamente es deseable, sino esencial.

La erosión en cuestión lleva un nombre, la corrupción, que distorsiona la función del Estado y tiene un alto costo para la sociedad, obtenida de la conjunción de factores de carácter político, económico, social y ético-moral, que ha afectado negativamente la credibilidad de la población en los valores del sistema democrático, cuya propia seguridad y estabilidad se siente por ello amenazada.

Debemos tener presente que un Estado de Derecho es por esencia un Estado Etico, conminado al ejercicio de sus competencias bajo el respeto de los principios de la legalidad y de la legitimidad ética.

Entre los principales problemas del país la corrupción impune es uno de los más graves, pues carcome progresivamente los resortes morales de la sociedad y de la familia, de los valores ciudadanos, de la eficiencia del Estado, de la recuperación económica, de la capacidad de autodefensa de la Nación; y ella ha creado una especie de subcultura o anti-cultura, donde se la tolera, se la acepta y a veces hasta se la celebra. Soportamos la acción permanente de factores que han venido erosionando las bases éticas y los más altos valores morales de nuestra sociedad, dejándola campear libremente.

De ahí que la lucha contra la corrupción, siendo un grave problema de Estado y de Sociedad, debiera convertirse en una verdadera política de Estado, fundamental para la pervivencia de la democracia y la sanidad de nuestra economía. Es indispensable reconocer que el propósito clave de una lucha frontal contra la corrupción es, junto con la severidad sancionadora, el rescate de los valores éticos esenciales para una democracia moderna, a través de medidas prácticas y factibles, que reduzcan y hasta erradiquen las condiciones institucionales, políticas, económicas y sociales que la facilitan.

Lo valores morales no pueden dejarse al solo albedrío de cada individuo, cuando se refiere a la vida en sociedad y a la relación entre seres humanos. La moralidad objetiva no ha sido transmitida con el mismo énfasis ni con la misma claridad a todos los grupos sociales. Porque no basta con cumplir con la Ley, que no siempre es moral, ya que todo cuanto hacemos en sociedad tiene implicaciones éticas. Ser responsables significa que estamos aptos para responder por las acciones que realizamos o por las que dejamos de hacer, ya que la omisión de un deber ético es igualmente dañina y sancionable.

Por esta razón, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y el Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, en Venezuela, elaboramos conjuntamente un Código de Conducta de los Servidores Públicos, como un sistema que expresa una concepción de autorregulación, una disciplina impuesta y vigilada por los propios interesados, a diferencia de la Ley, que es abstracta y rígida. En su fase de Anteproyecto el Código fue sometido, al igual que el Plan Nacional Compromiso Educativo Anti-corrupción, a un amplio e intenso proceso de consulta y participación, cuyo resultado fue el de importantes y hasta necesarios aportes para su mejoramiento y enriquecimiento. Como Proyecto lo entregamos, junto con el Presidente de la COPRE, Dr. Ricardo Combellas, al Señor Presidente de República, quien se ha mantenido siempre informado y consultado en todas las fases del Código, para su estudio y consideración finales. Lo sometimos como tal, con la autorización e instrucción del Señor Presidente, a la consulta del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública (CAJAP), de donde ya salió consensualmente convenido y sin observaciones como Código de Conducta de los Servidores Públicos, a ser inmediatamente considerado por el Presidente Caldera en Consejo de Ministros, a los efectos de su aprobación y sanción, con la consiguiente publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

Y no sólo es una necesidad, sino un imperativo categórico, que rebasa y va más allá del combate al comportamiento corrupto. Tengamos presente que la corrupción no es la única violación de lo ético. Por ello este Código aborda un concepto amplio de lo éticamente deseable e indeseable o indebido.

El Código de Conducta de los Servidores Públicos no puede eludir lo exhortativo y aleccionador, porque la ética se refiere más a los motivos, las intenciones, las aspiraciones, las actitudes y las disposiciones que a conductas externas. Su existencia traduce la mayor deseabilidad de unas conductas que otras, consideradas nefastas; y, lo más importante, su finalidad es que el espíritu de la norma se materialice en la conciencia del receptor de la idea, que sea interiorizada y manifestada desde su profundidad, en sus más íntimos sentimientos, que son en definitiva los que otorgan solidez a los actos externos.

Un aspecto del Código que interesa destacar es la enunciación y promoción de los principios rectores de la conducta y su expresión jerárquica. Estos principios rectores son: la honestidad (preponderante ante posibles conflictos en su aplicación), la equidad, el decoro, la lealtad, la vocación de servicio, la disciplina, la eficacia, la responsabilidad, la puntualidad, la transparencia y la pulcritud. Cada uno de éstos el Código lo desarrolla en cuanto a su alcance, práctica y apreciación, todo lo cual forma un cuerpo directriz de conductas de los servidores públicos, en deseable combinación óptima de todos ellos.

Las apretadas líneas que siguen dan una aproximación de lo que es para el Código la práctica y apreciación de cada principio rector:

a) La honestidad, principio rector preponderante: Ningún comportamiento puede afectar el interés colectivo, en función de los fines públicos, y él debe estar signado por la rectitud y la integridad, sin aprovechamiento particular alguno del cargo.

b) La equidad: Frente a quienes solicitan o demandan el servicio se debe actuar con imparcialidad y objetividad, sin discriminación ni preferencias, en la idea esencial de ser útil a los demás.

c) El decoro: El respeto al beneficiario del servicio debe exteriorizarse en el lenguaje y en el trato, con una conducta acorde con las buenas costumbres establecidas.

d) La lealtad: permanente y debida fidelidad, con constancia, solidaridad y fraternidad, sin aceptación de presiones extrañas.

e) La vocación de servicio: Siempre con sentido institucional, entrega diligente a las tareas asignadas y atención respetuosa, oportuna, pronta y eficaz a los justos requerimientos que se hagan, procurando en todo momento los mejores resultados del servicio.

f) La disciplina: Cumplimiento cabal de la normativa establecida, con digno acatamiento de las órdenes superiores, sirviendo a la continuidad administrativa, al mantenimiento personal en el trabajo y al respeto a la documentación e información ajena y reservada.

g) La eficacia: Realización de lo encomendado con el menor costo y tiempo posible y el logro óptimo en su resultado, manteniendo y desarrollando lo ya alcanzado y cumpliendo la obligación en todo despacho o dependencia de ofrecer al ciudadano un mecanismo que le garantice una oficina, un servicio y un procedimiento para atender debidamente quejas, reclamos, denuncias, peticiones, solicitudes y sugerencias.

h) La responsabilidad: Responder por lo que se asume, por asignación o a iniciativa propia, concientizando sus limitaciones y acudiendo a la debida orientación, no evadiendo compromisos contraídos, cuidando el patrimonio de su ámbito de trabajo, prestando pronta atención a las entrevistas y audiencias, evitando molestias innecesarias al ciudadano, cumpliendo los deberes tributarios y afines. Importa mucho en esto decir que en toda juramentación y toma de posesión se debe leer partes del Código y entregar copia del mismo.

i) La puntualidad: Cumplimiento de lo convenido en los lapsos fijados o aceptados, con exactitud y precisión, sin afectar el respeto y la cortesía con los demás.

j) La transparencia: Claridad absoluta en la actuación y accesibilidad de los actos a quienes tengan interés legítimo en ello, teniendo la verdad como un natural derecho del ciudadano, evitando lo intimidatorio y la duda o la sospecha, asegurando la debida publicidad en todo lo que sea adquisiciones y compras.

k) La pulcritud: Adecuada presentación de bienes y personas del servicio público, con la debida conservación de lo que es propiedad pública.

No obstante lo anterior, un instrumento aislado no puede proporcionar por sí solo los resultados a los que aspira, por lo cual fue necesario concebir un sistema de vigilancia de la conducta ética, el diseño de un órgano que asegure su puesta en práctica. De ahí la exhortación del Código al Ejecutivo Nacional para que se cree el Consejo Nacional de Etica Pública, que garantice el cumplimiento de las normas previstas en este Código, junto con la Oficina Central de Personal (OCP) y el Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública.

Las normas contenidas en este Código no han sido previstas como una lista piadosa de aspiraciones. Antes bien, son normas que forman parte de un fenómeno universal esgrimido no sólo por la sociedad civil, sino recogido a nivel oficial, en contra de la corrupción, que encuentran su respaldo normativo en la ya señalada Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA (marzo de 1996).

Junto con el instrumento de la OEA citado, convertido hoy en nuestros países en Ley Nacional, dentro del actual cuadro internacional han inspirado, orientado e impulsado nuestro Código de Conducta de los Servidores Públicos instrumentos afines como los siguientes: Código Internacional de Conducta para Funcionarios Públicos de la ONU (1996), Código de Etica Profesional del Servidor Público Civil del Poder Ejecutivo Federal de Brasil, Ley Colombiana 190 de 1995 mejor conocida como Estatuto Anti-corrupción, Executive Order 12674 de los Estados Unidos de Norteamérica, el Summary of the Nolan Commitee’s Firts Report on Standards in Public Life en Gran Bretaña, Normas de actuación en los mercados de valores de España, Código de Etica de los cuadros del Estado Cubano (1196), Código de Etica del Ministerio Público de Perú, Ley sobre el Código de Conducta en la Oficina, de Nigeria en Africa, en preparación por el gobierno rumano, Proyecto de Ley del gobierno rumano sobre los Funcionarios Públicos, sus deberes e incompatibilidades, entre otros casos.

No debo dejar de destacar el Convenio establecido con el Instituto Postal Telegráfico (IPSOTEL) para la implantación de los Buzones Anti-corrupción, mecanismo por el cual los ciudadanos pueden acudir a la oficina postal más cercana a su centro de trabajo o domicilio para realizar denuncias sobre hechos de corrupción acaecidos dentro de la Administración Pública. Esto supone que, tramitada la misma, es posible prevenir la continuidad lacerante del hecho corruptivo y formar conciencia intolerante hacia este tipo de actuación.

Igualmente, se encuentra en ejecución la realización de las Escuelas Regionales de Gobierno, cuyo plan piloto ha comenzado en el Estado Zulia, por iniciativa del Instituto Zuliano de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IZEPES), a la cual hemos venido dando todo nuestro apoyo. Esta iniciativa, ya extendida a otros Estados del país, tiene por finalidad la formación de líderes tecnopolíticos de las diferentes agrupaciones partidistas para dotarles de más y mejores herramientas de gerencia pública y política. Esto ha traído como consecuencia necesaria el surgimiento del Proyecto de Escuela Nacional de Gobierno, que mi Oficina está elaborando, seguramente con la valiosa cooperación que nos dará la COPRE, como mecanismo capaz de organizar y sistematizar los esfuerzos obtenidos desde las regiones, oferente de una mayor y mejor gobernabilidad, con eficacia gerencial y apta para enfrentar su rol competitivo ante los desafíos de la globalización y de la conflictividad social.

Sería imperdonable de mi parte no hacer alusión a un proyecto legislativo en el que se trabaja de forma ardua en la Oficina y al que hemos llamado de manera provisional Ley Anti-corrupción, la cual consiste en el desarrollo de los principios contenidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la luz de la legislación nacional preexistente. En este Proyecto estamos trabajando inicialmente para luego, como siempre, conjugar el esfuerzo con el aporte de la COPRE, nuestro aliado permanente en los propósitos y acciones comunes. Confío serenamente y con gran firmeza en las bondades de una Ley de estas características, dirigida a una población ávida de entender no sólo que existen fórmulas de control para prevenir la corrupción, sino también que ella puede conocer y poner en práctica estos mecanismos.

Dentro del campo preventivo-formativo, en cualquier caso preferimos dondequiera prevenir y evitar, aunque ello no sea noticioso y mucho menos escandaloso, sobre lo cual entre nosotros priva uno de nuestros parámetros ya señalados.

En este campo cabe anotar otras iniciativas importantes con buenos logros que se han tenido, como las siguientes:

  • Creación y funcionamiento del Voluntariado Público contra la corrupción, como asociación civil ajena al clientelismo político, y ad honorem, comprometida en la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, junto con las Organizaciones no Gubernamentales ganadas para la causa.
  • Trabajo de aproximación con los Consultores Jurídicos de la Administración Pública y con los Contralores Internos Nacionales, promoviendo y logrando la constitución de la asociación de estos últimos.
  • Promoción y preparación de una próxima reunión nacional de los órganos estatales de vigilancia, control y protección del Patrimonio Público, en la idea esencial de elaborar y convenir unas bases comunes para una estrategia única contra la corrupción, frente a la dispersión, desarticulación y no coherencia de esos órganos estatales.
  • Convenios de intercooperación entre varias entidades públicas y privadas y la Oficina. Se han iniciado ya los de la Asociación Pro-Calidad de Vida, que es el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, del área privada, de la Alcaldía de Caracas y del Ministerio de la Defensa, estando cerca de darse otros Convenios con universidades y demás entidades.
  • Talleres, Coloquios Instruccionales y eventos afines de concientización y formación e igualmente Unidades Modulares de Formación Etica.
  • Asistencia al Gabinete Social del Ejecutivo Nacional, y presencia como Observador en licitaciones y en especial en el proceso de venta de las emisoras del Estado venezolano que fueron propiedad del banquero prófugo Orlando Castro.
  • Estudios realizados, con la colaboración de otros, como el relacionado con el Contrabando e Ilícitos Aduaneros, la Descentralización Administrativa y los Análisis anuales del informe del Contralor General de la República al Congreso Nacional, con recomendaciones al Ejecutivo.
  • Acciones dirigidas, luego de recibir las denuncias del caso, a evitar ventas precipitadas o invalidar algunas consumadas.

Lo investigativo-represivo, que es lo más complejo y difícil por el conjunto de intereses creados y de poderes establecidos que se entrecruzan en su proceso, requiere unos breves comentarios, informaciones y precisiones que podemos sintetizar en los siguientes:

  • Cuento con el absoluto apoyo del Presidente de la República, quien ha dicho interna y externamente de manera reiterada que él respeta y hará respetar toda decisión mía, cualquiera sea la persona afectada.
  • Mi campo de competencia es la Administración Pública Nacional, la Central (todos los Ministerios, sin excepción) y la Descentralizada (Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Corporaciones, Fundaciones y Fondos Patrimoniales), cuyos casos recibidos por vía denuncia son procesados debidamente con sus Conclusiones y Recomendaciones al Presidente de la República y al Alto Ejecutivo correspondiente.
  • Los casos relacionados con Concejales, Alcaldes, Gobernadores, Legisladores Estadales y Nacionales, Jueces y Sector Privado no son de mi competencia en cuanto a su investigación, pero sí los recibo y tramito, como intermediario o gestor público de buena fe, al órgano competente, con el necesario seguimiento a los mismos para información del denunciante. Estos casos ocupan cerca del 20% de las denuncias recibidas, todas las cuales en el presente pasan de mil doscientos (1.200).
  • Por razones legales no soy ni puedo ser en esta materia juez ni policía, clarificación que la mayoría de la gente no ha entendido y por ello juzga mi rendimiento según mis presos, cosa que ni se ha dado ni se dará por lo imposible que es, ya que existen para esto órganos judiciales y policiales suficientemente autorizados y estructurados para tal fin.
  • Los recaudos con incidencia penal, administrativa o disciplinaria, luego de la investigación o del recibo según los casos, los pongo en manos de los Tribunales, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Judicatura, el Congreso Nacional, etc.
  • Por nuestra gestión, a veces en forma mancomunada con otras Entidades, además de haberse evitado ventas precipitadas o fraudulentas consumadas, se han alcanzado logros importantes en cuanto a sustituciones temporales y definitivas, re-estructuraciones e intervenciones con el consiguiente cambio de autoridades en distintas entidades de la Administración Pública, las que aunque no hayan sido en grado suficiente, han constituido un significativo avance.

IV. Conclusiones y recomendaciones

1) La corrupción es un amenazante y peligroso flagelo universal, de antiquísima data, ligado a intereses creados existentes y poderes económicos y políticos establecidos, expresión de una anticultura y dañino a la integridad de todas las instituciones y de la persona humana, todo lo cual lo convierte en un grave problema de Estado y de Sociedad. En consecuencia, se recomienda a los gobiernos iberoamericanos crear y aplicar frente al flagelo una auténtica política de Estado.

2) Es una necesidad para el mundo iberoamericano promover y ejecutar en lo posible estrategias, políticas y acciones comunes en el combate nacional e internacional a la corrupción. En tal dirección se recomienda actuar en lo adelante con respecto al flagelo de la corrupción.

3) Mientras no se combata a fondo la impunidad en la corrupción, los resultados serán débiles y en algunos casos hasta inútiles. Por lo tanto se recomienda asumir este combate atacando frontalmente la impunidad, que se da con frecuencia con los autores y actores de la corrupción.

4) La mayoría de nuestra poblaciones no es corrupta, y ella requiere un tratamiento como tal, empezando en todo cuanto sea orientador y formativo. Estando esa mayoría en estado de carencia informativa y formativa, se recomienda que se tenga a la educación como raíz fundamental del flagelo; y se asuma en cada país un plan educativo anticorrupción, teniendo el Plan Nacional COMPROMISO EDUCATIVO ANTI-CORRUPCION, de Venezuela, como importante referencia.

5) Hay necesidad de incrementar, en nuestros países los organismos ad hoc para combatir la corrupción, por parte de cada gobierno, y los Códigos de Conducta de los Servidores Públicos o normas afines. Se recomienda promoverlos donde éstos no existan. Acudir para ello a la fuente de los países que lo han hecho, felizmente ya no tan pocos aunque con obvios rasgos diferenciales.

6) La corrupción es un fenómeno muy complejo por su naturaleza y alcance de carácter integral e integrador. Dado esto, la estrategia para combatirla debe abarcar conjugadamente lo nacional y lo internacional, así como desarrollarse en dos grandes campos de trabajo: lo investigativo-represivo y lo preventivo-formativo.

7) En nuestros países, con honrosas excepciones, no ha tenido la merecida relevancia democrática ni el debido tratamiento la figura de la denuncia. Se recomienda dar a ella carácter de figura democrática de participación ciudadana; y en tal sentido promoverla y estimularla, con una especie de pedagogía de la denuncia que enseñe a hacerla con seriedad y fundamentación.

8) La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA requiere en cada país ser debidamente complementada e instrumentada para su mayor efectividad. Se recomienda diseñar en cada república un plan de complementación e instrumentación de esa Convención, teniendo presente, además de lo que es ya ley nacional para el país que la suscriba, la posibilidad de hacerlo por vía de una Ley Anti-corrupción específica.

9) En muchas partes aún la sociedad civil no se ha organizado para el combate de la corrupción. Conviene recomendar su organización, mediante las Organizaciones No Gubernamentales aptas para ello o institucionales ad hoc como el Voluntariado Público contra la Corrupción.

10) Los diversos órganos estatales de vigilancia, control y protección del Patrimonio Público se mantienen en muchos de nuestros países en situación de multiplicidad, desarticulación e incoherencia. Se recomienda esforzarse por aproximar lo más posible a estos órganos estatales y elaborar las Bases para una estrategia, política y acción comunes frente a la corrupción.

11) Sintiendo la necesidad, frente a la profunda crisis de valores existentes en el mundo de un Nuevo Orden Etico, nacional e internacional, se recomienda trabajar con toda seriedad en la construcción de ese Nuevo Orden.

12) Se recomienda acometer cuantas medidas sean posibles para prevenir y evitar la consumación de hechos de corrupción, como una política sana y necesaria por parte de todo órgano de control.

V. Palabras finales

Finalmente, amigos de este Foro Iberoamericano, una últimas palabras, dichas a ustedes con toda la transparencia necesaria y producto de mi convicción y de cuanto he podido aprender, experimentar e inventar, como lo dije al principio, en el ejercicio del cargo de Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública, durante el cual uno de los aspectos más duros ha sido el de mantener un sano equilibrio entre los niveles de aspiración y logros, regla sicológica válida para cualquiera que no quiera caer en estados de impotencia, decepción, frustración y aún de depresión y entrega fatalista, por no saber dimensionar la realidad y el verdadero alcance de los éxitos.

El infatigable esfuerzo de esta Oficina en su lucha propuesta, tratando de mantenerse lejana a las angustias, carencias , insuficiencias, limitaciones, dificultades e incomprensiones, frente a sus enemigos naturales, celosos, adversarios y no colaboradores de buena fe, se ha traducido en una labor de siembra en la conciencia de un número cada vez mayor de nuestra población.

Mi trabajo, junto con el grupo de colaboradores internos y externos, se revela sobre todo en el campo formativo, donde modelamos día a día, en la fragua ardiente de cada conciencia ciudadana, la necesidad de actuar en conformidad con los principios éticos rectores de la vida individual y colectiva.

La contribución de esta Oficina sólo será develada bajo el cumplimiento fundamental de dos condiciones: la constancia en la labor sin recompensa y el transcurso no menor de veinte o treinta años, tiempo en el cual las enseñanzas estarán ya lo suficientemente cimentadas en el espíritu de cada hombre, quien a su vez será capaz de respaldar sus pensamientos y sentimientos con su recto proceder e instará a sus seres más cercanos o emularle.

Estoy convenido de que estamos atacando por raíz la calamidad de la corrupción y habremos de sembrar, con seguridad de buena cosecha, con hondo sentir de patria y sin fronteras raciales, económicas, religiosas ni ideológicas, como soñaran nuestros Libertadores, con quienes estamos ahora más que nunca comprometidos. Simón Bolívar en su Magisterio Americano nos enseña que "La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos", que "La destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado", que "Es la superioridad de la fuerza moral la que inclina hacia sí la balanza política", que "En la moral como en política hay reglas que no se pueden traspasar, pues su violación suele costar caro", que "Sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República", que "Para el gobierno nada será más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la Administración", que "La impunidad de los delitos hace que éstos se cometan con más frecuencia", que "Sin moral republicana no puede haber gobierno libre", que "Moral y luces son nuestras primeras necesidades".

Asimilemos y hagamos nuestros todos nosotros estos sabios y alertadores mensajes y así, con suficientes jueces, legisladores y ejecutivos probos, estaremos abriendo caminos, construyendo y sembrando el futuro.

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