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El combate a la corrupción en el Paraguay

Daniel Fretes Ventre

Hoy, una de las mayores preocupaciones de nuestros pueblos y de nuestra sociedad es el azote de la corrupción y la implementación de mecanismos para combatirla y para erradicarla.

Décadas de gestiones de Gobiernos Corruptos y Autoritarios sostenidos y apoyados con generosa financiación de instituciones internacionales para el desarrollo, no cumplieron con sus propósitos y desviaron, en forma tolerante, la cooperación internacional para sus beneficios personales. Entre otros, son los casos de Ferdinando Marcos de Filipinas, Mobutu Sese Seko de Zaire, Anastasio Somosa de Nicaragua, Manuel Noriega de Panamá, Alfredo Stroessner de Paraguay, al que ahora se incorpora como miembro pleno el famoso General Suharto de Indonesia.

La reciente reunión de países iberoamericanos, en Isla Margarita, debatió entre otros puntos, el daño moral y económico que produce la corrupción en nuestros países, concluyendo que para combatirlo es fundamental la promoción de una democracia basada en valores éticos, que la convierta en una forma de vida y no solamente en una forma de gobierno.

La necesidad de la transparencia, está implícita en el concepto de democracia, porque involucra la publicidad de todos los actos de Gobierno. Así como también la posibilidad de que todos tengan libre acceso a la información sobre los actos de Gobierno. No se trata de que las actividades públicas queden sujetas solamente al control de los organismos técnicos especializados, lo que ahora se pretende es que los ciudadanos sean protagonistas directos y que las contralorías ciudadanas y las organizaciones privadas tengan acceso a la información y a verificar las gestiones del Gobierno.

En muchos países el sistema democrático se ha reducido a un mero método "de como elegir autoridades". Para que la democracia sea realmente efectiva, el sistema debe promover fundamentalmente la participación ciudadana en el control de los gastos públicos y de las gestiones del Estado.

Hoy en día, cada vez más, las organizaciones vinculadas a las gestiones sociales reclaman a los dirigentes políticos el fin de la demagogia y la recuperación de los valores propios del sistema democrático.

En una reciente declaración el Vicario Pastoral de Montevideo, Paul Dabezies, sostuvo que "Los valores humanos están siempre dentro de nuestros objetivos, pero la pobreza y los diversos casos de corrupción actualizan permanentemente nuestra demanda a los dirigentes políticos. Dejar atrás la demagogia, las promesas incumplidas, etc. El mal manejo de la Administración Pública tiene una estrecha relación con la pobreza y la marginalidad, sobre todo cuando la actividad política busca un rédito personal y no el bien de la comunidad".

Así mismo, Dabezies alertó sobre la "Pérdida de credibilidad de las organizaciones políticas debido a vicios de funcionamiento, a inoperancia y a hechos de corrupción".

Solo para dar algunos ejemplos de corrupción, citaremos a la Revista FORBES que recientemente estimó la fortuna personal del ex-dictador Suharto en 16.000 millones de dólares, aunque realmente la fortuna de la familia Suharto, se afirma asciende a más de 30.000 millones de dólares.

Este y otros gobiernos similares fueron sostenidos y asistidos permanentemente con créditos blandos, con créditos de cooperación y bajo interés, para el desarrollo de programas de salud, de educación, etc.

¿Cuántos hospitales y cuántas escuelas dejaron de construirse, para poder amasar esa inmensa fortuna personal?.

¿Cuántos niños hambrientos y abandonados fallecieron de hambre?. ¿Cuántos ancianos han muerto por falta de asistencia médica?.

¿Cómo se puede explicar tamaña fortuna en un país con tantas desigualdades sociales e impostergables necesidades humanas?.

Podríamos incluir también el caso del General Mobutu que en 33 años de gobierno autoritario y corrupto amasó una fortuna que la misma Revista FORBES estimó en 4.000 millones de dólares, obtenida en base a corrupción en un país con tremendas carencias sociales como es el caso del Ex-Zaire (ahora República Democrática de Congo).

No escapan a esta larga lista de "ilustres delincuentes internacionales vinculados a la corrupción", que nunca podrán explicar el origen de su fortuna, Ferdinando Marcos, Anastasio Somoza, el Ex-Emperador Haile Selassie de Etiopia, Manuel Noriega de Panamá, Alfredo Stroessner de Paraguay y muchos otros que actualmente utilizando el Poder desvían los fondos de asistencia y los fondos públicos; hacia sus empresas y hacia sus intereses personales; postergando obras de interés social y manteniendo en la indigencia a sus pueblos.

El caso de Suharto, es uno de los ejemplos más claros de una gestión corrupta y nefasta, pero que lamentablemente a pesar de haber sido denunciado este hecho, ha logrado siempre, al igual que otros gobernantes corruptos, el apoyo, la cooperación y la asistencia financiera internacional.

Hoy en día, la sociedad internacional y los pueblos están comenzando a tomar conciencia y a tomar medidas concretas para combatir este cáncer que corroe al sistema democrático y que corrompe a nuestra sociedad y a nuestras instituciones.

De tal modo, que los países integrantes de la OCDE, fijaron normas para penalizar a aquellas de sus empresas que en el exterior, mediante actos de corrupción se beneficien en la venta de sus productos, servicios o en licitaciones.

Es conocido el caso de naciones respetables que son implacables cuando se trata del control interno, pero que se vuelven sospechosamente tolerantes cuando esto sucede con sus empresas en otros países.

Mi país sufre la consecuencia de varios contratos formalizados anteriormente en estas condiciones.

¿Cuántas escuelas hubiéramos podido construir?.

¿Cuántos caminos hemos dejado de construir?.

¿Cuántos puestos de salud dejamos de tener?. Y todo ello para poder pagar esos gastos contraídos anteriormente en condiciones sospechosas.

Lo realmente increíble es que, en algunas de estas naciones respetables la corrupción hacia los países en desarrollo estaba "institucionalizada", de tal forma que el monto de los sobreprecios o de los sobornos eran deducidos por las empresas de sus impuestos, porque las leyes de esos países lo permitían.

Esta metodología fue de uso constante y permanente en Latinoamérica y en el tercer mundo. Hoy, en América Latina se ha generalizado la angustia de comprobar que la democracia no solo no es inmune a la corrupción, sino que puede convivir fraternalmente con ella.

Hasta podríamos decir que existen modalidades de corrupción que son típicas del régimen democrático y que solo pueden ser encontradas en él, entre ellas la manipulación sectaria del Estado, el financiamiento de campañas políticas y de partidos políticos, así como las diversas modalidades oficiales de selección y apoyo a determinados candidatos.

Una cierta distorsión perversa de los conceptos, podría alimentar la tentación de creer que estamos ante un sub-producto de la democracia. La moraleja oculta es que "deberíamos retornar a regímenes autoritarios penetrados de una ética fundamentalista para que se pongan las cosas en su lugar y para que se corten las manos a los sinvergüenzas y se devuelvan al pueblo, la fe en sus políticos y en sus gobernantes".

Algunos organismos internacionales hoy empiezan a marcar pautas en la lucha contra la corrupción, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por primera vez impone condiciones de buena gestión de gobierno para acceder a créditos internacionales y de cooperación.

El Director Ejecutivo del FMI, Michael Camdessus, sostuvo en una reunión efectuada en el Club Económico de Nueva York, que "cada país que busca mantener su influencia en el mercado debe aceptar los temas asociados con la buena gestión de gobierno".

De tal forma que ahora el FMI, se involucrará con las reformas institucionales del tesoro, la preparación de presupuestos, la aprobación de procedimientos, la administración de impuestos, contabilidad, mecanismos de auditoría, operaciones de Banco Centrales y funcionamiento de estadísticas oficiales, y "promete ser más activo en la búsqueda de políticas específicas y reformas gubernamentales con el fin de reducir las oportunidades de corrupción y de fraude".

La corrupción no es un virus del sistema democrático, más aún, tiene raíces muy profundas en los gobiernos autoritarios. Pero, puede contribuir a debilitar el sistema democrático y a potenciar soluciones desesperadas y radicales.

La gravedad de los problemas sociales que tienen su origen en la corrupción, ya está dando lugar a la aparición de sorprendentes propuestas mágicas y mesiánicas en América Latina y en el Tercer Mundo.

Tanto es así, que recientemente en la India y en Pakistán, hemos visto a millones de seres humanos, hambrientos y carenciados festejar con júbilo la posesión de la bomba atómica en sus respectivos países. ¿Cuántos millones de estos seres humanos tremendamente carenciados hubieran podido solucionar su hambruna con el costo millonario de estas experiencias nucleares?.

Habiendo tantas necesidades impostergables: ¿Es que acaso no es un acto de corrupción despilfarrar el erario público en una carrera armamentista o en una campaña belicista como la que hacíamos referencia?.

¿Es que acaso la falta de responsabilidad política ante las carencias sociales y la falta de soluciones por la ingobernabilidad que tenga su origen en actos de corrupción, no constituyen delitos?.

La ética en la gestión pública cimentada en la honradez y en la transparencia no podrá resolver por si sola el problema de la corrupción ni los desequilibrios sociales y ecológicos, pero marcará pautas fundamentales en el camino de las soluciones a estos problemas.

Mi país, el Paraguay, no escapa a estos abatares porque después de más cincuenta años de gobiernos autoritarios, había perdido hasta el concepto del derecho que tiene el pueblo soberano para controlar los actos de sus gobernantes.

Se llegó a pensar que la autoridad era todopoderosa, no solamente de hecho sino de derecho, y que los ciudadanos debían por lógica consecuencia estar sujetos a la autoridad y obedecerla, de tal forma que "la autoridad era sagrada y que el simple hecho de ostentarla convertía a la persona en sabia, infalible y honesta".

En ese tiempo, la corrupción formaba parte del quehacer cotidiano. Una parte importante de los recursos del Estado, reales o potenciales, se esfumaban periódicamente en ese misterioso pero "inmerso agujero negro". El problema había llegado a inficionar profundamente a la actividad pública y a la privada.

De tal modo que implementar una cultura de gestión transparente en la administración pública y de contralor de los actos públicos es una tarea reciente que se incorpora a nuestra vida civil con el régimen democrático en la Constitución Nacional promulgada en el año 1992.

La cualificación y la cuantificación de los actos de corrupción de nuestro período democrático fueron evaluados, por primera vez, en las Memorias Anuales de la Contraloría General de la República del Paraguay desde el año 1996 hasta el presente.

La corrupción implica fundamentalmente un acto de deslealtad social, es la traición de un mandato, es un imperdonable abuso de confianza. En tal sentido afecta tanto al sector público como al pueblo. Existen mucho ejemplos: El periodista que engaña a su público por ventajas personales, el gerente que defrauda a su empresa, etc. Estos actos pueden ser detectados fácilmente y castigados.

Sin embargo, la corrupción de los políticos con el sistema empresarial privado y los funcionarios superiores del Estado son aún más graves, porque implican una traición al sistema, por un lado se habla de democracia y de transparencia, y luego, se actúa como seres insensibles, como vulgares impostores que traicionan el mandato de sus pueblos.

Somos conscientes de que el fortalecimiento institucional del sistema democrático necesita afirmarse en una permanente transparencia de la gestión pública, sin enclaves herméticos y sin sitios inaccesibles al control y a la fiscalización, que lamentablemente todavía existen.

Si no se consigue llegar a esa meta de transparencia plena, cada vez más se acentuará el peligro siempre latente de que, la democracia se convierta en un simple maquillaje construido con meras formalidades externas.

Una aparente honorabilidad sobre la cruda realidad es la más peligrosa de las delincuencias: es aquella que logra apoderarse del poder político y desde allí establecer una simbiosis perversa a través de determinados grupos del sector privado.

Pareciera que solamente a través de la acción de organismos nacionales e internacionales de control, organismos sólidos y consolidados y con los recursos técnicos y humanos necesarios, se podrá tener expectativas razonables de éxito.

Será igualmente fundamental que los valores éticos que propugnamos sean compartidos por toda la comunidad nacional e internacional. Sólo de este modo, estaremos en condiciones de sepultar esa rara duplicidad que hoy se impone como "una ética blindada para consumo interno" y "otra ética flexible como goma de mascar" para las actividades externas.

Hoy, más que nunca, tenemos que asumir entre todos el compromiso urgente de "crear, fomentar y sostener una cultura anticorrupción", una cultura que condene y castigue ante la opinión pública este delito, de tal modo que el aporte fundamental de la percepción ciudadana, reafirmada en valores éticos y morales, genere un cambio de actitud y seamos ejemplo para las generaciones venideras.

En otras palabras, estamos ante la necesidad de instrumentar un esfuerzo conjunto, serio y sistemático, porque la corrupción es el peor enemigo del sistema democrático y libre, es el que impide el progreso y el desarrollo humano, es el enemigo oculto que posterga la solución de las urgentes necesidades sociales de nuestros pueblos, en materia de salud, de educación y de vivienda.

"La aldea global" ya no es una hipótesis, es una realidad, y ello implica responsabilidades que deben asumirse con entereza.

Sólo así, estaremos en condiciones de construir un futuro mejor para todo el género humano y de una sociedad cada vez más libre y más justa para las generaciones venideras.

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