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Corrupción administrativa, el caso de República Dominicana

Justo Pedro Castellanos

Doy inicio a estas palabras agradeciendo a los organizadores de este importante evento la invitación que le han hecho a mi país para que exponga aquí nuestras opiniones en torno a la corrupción y al combate contra ella.

Las opiniones que vertiré a continuación no son sólo mis opiniones personales sino que, más aún, ellas forman parte de las definiciones que el gobierno dominicano ha hecho a propósito de los planes y actividades que estamos desarrollando en materia de lucha contra la corrupción.

Así, pues, comenzamos diciendo que entendemos el problema de la corrupción administrativa como un problema de sistemas que hacen posible tal ocurrencia.

Esencialmente no es un problema de personas, o bien de funcionarios que actúan de forma deshonesta, si bien son personas y funcionarios los que cometen los actos de corrupción, sino que el problema se define como tal en términos sistémicos, en términos de sistemas que permiten, hacen posible y promueven la ocurrencia de la corrupción.

El problema, pues, no es que se produzcan hechos de corrupción, que siempre se van a producir, sino que existan sistemas que permitan y promuevan la corrupción generalizada en nuestros gobiernos y sociedades.

La existencia de esos sistemas no siempre es ingenua ni casual, sino que, por el contrario, los mismos constituyen sistemas bien estructurados, bien definidos, bien decididos, que funcionan anacrónicamente en detrimento de los intereses colectivos, pero armónica y perfectamente de los intereses de individuos y grupos bien relacionados, social, económica y políticamente, que usan al Estado como una fuente rica, provechosa y fácil de enriquecimiento y de poder.

Ese problema así caracterizado, tiene a nuestro juicio, múltiples facetas y causas, algunas de las cuales señalaremos a continuación.

Es un problema de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que normalmente se paga a los funcionarios y empleados públicos constituyen un aliciente importante a las prácticas corruptas.

Los bajos salarios, las magras condiciones en que trabajan nuestros funcionarios y empleados públicos, de ninguna manera constituyen un hecho aislado sino que, por el contrario, son la expresión de un Estado atrasado y pobre y sobre todo, sin vocación política para el progreso y la riqueza compartida. Los funcionarios y empleados de ese Estado no reciben de él sino inseguridad; los bajos salarios son un elemento más de los que inciden en la perspectiva de vida que estos funcionarios y empleados normalmente se pueden hacer en estas condiciones, una perspectiva de vida caracterizada por la inseguridad en cuanto a su porvenir y al de su familia, y por una tendencia cierta a garantizarse el mejor porvenir posible de una forma unipersonal, al margen de ese Estado y, por supuesto, al margen de la ley y la moral.

Es también un problema de carácter administrativo, por cuanto la existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y anacrónicos dificultan la relación entre el Estado y el contribuyente o el ciudadano, promoviendo con ello la existencia de mecanismos alternativos, informales e ilegales, a través de los cuales se supera esa dificultad.

Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia de controles o la existencia de controles obsoletos promueven la existencia de sistemas caracterizados por el dispendio, la ineficiencia y la corrupción.

Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados o no puedan serlo adecuadamente.

Si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende en gran medida de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces sucede que hay voluntad política, pero no existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes correspondientes.

Nuestros pueblos deben contar con leyes modernas que regulen todo lo relativo a las contrataciones públicas, sea de bienes y servicios, sea de obras; así como lo relativo a la declaración de bienes y el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos provenientes de hechos de corrupción. Nuestros pueblos deben contar con sistemas legales actualizados, modernos, que, desde ellos, nos permitan enfrentar el problema de la corrupción de una forma adecuada.

Una gran discrecionalidad, vigente en muchas de nuestras leyes, en aduanas, en rentas, es un hecho común que comúnmente genera corrupción.

La existencia de leyes obsoletas regulando el ámbito de las contrataciones y licitaciones públicas hacen que en el mismo no existan los controles adecuados y necesarios para un manejo claro y transparente.

Así mismo, la existencia de leyes obsoletas hacen posible la existencia de sanciones infuncionales y ridículas para aquellos que se apropian ilícitamente de los fondos públicos.

Hay que mejorar nuestras leyes no sólo para rescatar su funcionalidad, su eficiencia, sino también para rescatar su credibilidad y la credibilidad de nuestros sistemas políticos que descansan, en gran medida, en nuestras leyes.

Es un problema cultural, por cuanto en nuestro seno se ha desarrollado lo que nosotros llamamos la "cultura de la corrupción", que caracteriza la visión que una parte importante de nuestros ciudadanos tienen hacia la gestión pública y que hace posible que estos no conozcan ni vislumbren otra posibilidad que no sea la de usar la función pública en beneficio privado. La "cultura de la corrupción" en nuestro país se refleja claramente, por ejemplo, en el hecho de que una buena cantidad de personas cree, honesta y sinceramente, que el cobro de comisiones, merced del ejercicio de una función pública, constituye una actuación legal y moralmente permitida a los funcionarios públicos. Desde esta perspectiva, el problema de la corrupción no es un problema propio del Estado, sino que es un problema social, de la sociedad, que se refleja y se expresa en el Estado y que, obviamente, se revierte en perjuicio de la sociedad.

Los que usan las funciones públicas para robar son ciudadanos de nuestros países y ellos lo hacen porque tienen razones para hacerlo. Tienen posibilidades y oportunidades, pero sobre todo, en este caso, tienen razones para hacerlo. Razones económicas, morales, políticas.

En este sentido, el problema de la corrupción es, también un problema ciudadano, un problema de participación ciudadana en el rechazo y la denuncia de la corrupción, de los corruptos y los corruptores; en el seguimiento a las promesas, planes y acciones de nuestros gobiernos para enfrentar el problema; en el desarrollo de la voluntad política de la ciudadanía, de la sociedad civil, por enfrentar con éxito, preferiblemente de forma conjunta con los gobiernos y, si no fuera posible, sin ellos, un problema esencialmente complejo y difícil.

Por otra parte, las consecuencias de que existan sistemas que hagan posible la corrupción generalizada en la administración pública, las pagan las mayorías de nuestros pueblos, los de siempre, los más pobres, los olvidados, y es de contribuir a beneficiarlos, a mejorar sus niveles de vida, lo que justifica todo este afán, todo este empeño, todo este esfuerzo, por combatir eficazmente la corrupción administrativa en nuestros sistemas de gobierno, ello sin desmedro de otras consecuencias del problema, las cuales se reflejan en otros ámbitos, como el político, y tienen una gravedad insospechada por cuanto restan credibilidad a nuestros sistemas políticos. La existencia de funcionarios corruptos que, a expensas del Estado y de sus connacionales, se enriquecen a la vista de todos y no son sancionados por ello, le resta credibilidad a nuestras leyes, a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, a nuestros sistemas políticos.

Cuando a sus manos de investigador, o aun de ciudadano sin responsabilidades públicas, llega un expediente de una denuncia de corrupción en la que una cantidad de canales de riego no fueron construidos pero fueron pagados a los supuestos constructores, en la realidad está sucediendo no sólo que se violó la ley ni que el Estado perdió un cantidad más o menos importantes de recursos sino, sobre todo, que una cantidad importante de hombres y mujeres de nuestros campos se han quedado esperando esas obras para cultivar y cosechar sus pequeños sembradíos y con su producto prorrogar pobremente sus pobres vidas y las de sus familias.

La lucha contra la corrupción, así, para el gobierno dominicano tiene razones no sólo de carácter ético y legal, administrativo o político, sino también, y sobre todo, de carácter económico y social.

La corrupción es un mal que socava la vida y reduce las posibilidades de desarrollo y progreso de nuestros pueblos, y es por preservar lo poco que hemos logrado y profundizar lo mucho que nos falta en términos democrático reales más que formales, que es fundamental que nos organicemos para enfrentar adecuadamente este problema, haciendo lo necesario para conocerlo de la mejor manera, para lo cual este foro es, sin dudas un excelente escenario.

Notas sobre la experiencia dominicana

Ahora bien, ¿qué está pasando en la República Dominicana en materia de lucha contra la corrupción?

Esta repuesta se puede decir simplemente: el gobierno ha definido y está implementado una política de lucha contra la corrupción.

Esa política, su sola existencia, es trascendente por cuanto ningún gobierno anterior había llevado el tema de la corrupción administrativa a la categoría de política pública.

En este sentido, hay que decir que la República Dominicana ha vivido en los últimos diecinueve meses una situación radicalmente nueva, que tiene su génesis en el acto inaugural de gobierno del Presidente Fernández, que fue el nombramiento del Procurador General de la República con el específico encargo a éste de coordinar y desarrollar un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Cumpliendo con ese encargo presidencial, en la Procuraduría General de la República Dominicana llegamos a la conclusión de que, si queríamos trabajar efectivamente en este sentido, era necesario hacerlo, no de una forma casual sino cotidiana y permanente, y para ello era absolutamente necesario diseñar y establecer una estructura que operara en ese sentido, todo lo cual hicimos hasta que, mediante el Decreto N° 322-97 del 24 de julio de 1997, quedó creado formalmente el Departamento de Prevención de la Corrupción.

Es ese departamento el que, desde el escenario gubernamental, ha venido desarrollando los trabajos anti-corrupción en nuestro país, y por ello nos parece interesante hablarles, así sea brevemente, sobre esta nueva entidad, no sin antes dejar establecido que en la historia dominicana no se conoce la existencia de una igual o siquiera parecida.

El Departamento de Prevención de la Corrupción ha sido ubicado dentro de la estructura del Ministerio Público y al más alto nivel de este, bajo la dirección de un Sub-Procurador General de la República, que tiene la misma jerarquía que un Sub-Secretario de Estado o un Vice-Ministro. Esa ubicación tiene el propósito de que dicho Departamento pueda disponer y hacer uso en el momento que lo considere necesario, de todas las atribuciones que les son propias al Ministerio Público y particularmente a esta jerarquía del Ministerio Público.

Es, como dice el Decreto, una entidad especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República Dominicana; "responsable del diseño, ejecución y manejo del Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción Administrativa", y ello tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito correctivo, para lo cual desarrollará un trabajo de coordinación permanente a nivel nacional con las instituciones que conforman la Administración Pública, con el Ministerio Público y con la Sociedad Civil.

Con el Departamento de Prevención de la Corrupción se profesionaliza y se institucionaliza el combate a la corrupción administrativa en la República Dominicana. Desde su creación, en la medida en que él está real y concretamente presente en el seno de la administración pública nacional, la lucha contra la corrupción tiene una presencia también concreta, estructural, permanente, cotidiana.

El Departamento de Prevención de la Corrupción desarrolla un trabajo necesariamente multifacético, a través de una estructura diseñada para estos fines, que está compuesta por un División de Investigaciones, una División de Operaciones, y una División de Educación.

Las Divisiones de Investigaciones y de Operaciones trabajan para prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción mediante la ejecución de controles y el monitoreo de informaciones de diversa índole. En el ámbito correctivo trabajan para contribuir a la mejor investigación de las denuncias, aportando para ello sus medios materiales y su experiencia profesional en la búsqueda y en el análisis de informaciones.

A estos fines, la División de Investigaciones está formada por Contadores Públicos Autorizados, uno de los cuales la dirige, y tiene, entre otras, las siguientes funciones: investigar la veracidad de las denuncias sobre hechos de corrupción; mantener un registro detallado y actualizado de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos; monitorear, a partir de un programa informático diseñado al efecto, las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de bienes; realizar auditorías en algunas instituciones públicas sobre las que considere necesario actuar, para lo cual desarrollará un trabajo de coordinación permanente con la Contraloría General de la República; y en fin, realizar cuantas investigaciones de carácter económico sean necesarias para manejar adecuadamente los expedientes de corrupción que se presente.

Por su parte, la División de Operaciones está dirigida por un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas Dominicanas y tiene, entre otras, las siguientes funciones: coordinar y ejecutar acciones que permitan verificar las informaciones contenidas en las declaraciones juradas de bienes, así como en las denuncias de corrupción; y mantener un registro detallado y actualizado de informaciones sobre las instituciones públicas y los funcionarios públicos, que puedan interesar al Departamento y al Procurador General de la República.

Las Divisiones de Investigaciones y de Operaciones trabajan de manera muy estrecha e interrelacionada. Ambas cumplen objetivos tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito correctivo.

Contrario a ellas, la División de Educación, por su parte, carga buena parte del trabajo en el ámbito preventivo, pretendiendo promover el desarrollo de una nueva y arraigada conciencia ciudadana caracterizada por los mejores valores morales y humanos.

La División de Educación está compuesta, a su vez, por tres Unidades que son las siguientes:

  • La Unidad de Programas Educativos, que administra el diseño, planificación y ejecución de los programas educativos en tres vertientes: para la Administración Pública, para el Sistema Educativo y Programas de Educación Sectorial, para todo lo cual desarrolla trabajos de coordinación permanente con otras instituciones públicas como la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y el Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT), entre otros,
  • Unidad de Divulgación y Publicidad, que administra diversos programas de divulgación radial, televisiva, gráfica, escrita y artística y oral;
  • y la Unidad de Integración Sectorial, que administra la integración de los diversos sectores nacionales al desarrollo del Plan Nacional de lucha contra la Corrupción Administrativa, para la cual desarrolla diversos programas con la Sociedad Civil, con las Instituciones Religiosas, con los Propietarios y Relacionados con los Medios de Comunicación, con las Asociaciones Empresariales y Sindicales, con las Instituciones vinculadas a la Educación Formal, entre otras.

La División de Educación tiene, entre otras, las siguientes funciones: diseñar, coordinar y desarrollar programas educativos y culturales en todos los niveles de la educación formal dominicana, así como talleres con los funcionarios y empleados públicos a nivel nacional, con el propósito de elevar su nivel profesional y su nivel ético; coordinar la realización de diagnósticos y encuestas sobre la corrupción administrativa en la República Dominicana; coordinar la elaboración de campañas publicitarias que ayuden a la formación de una nueva conciencia ciudadana; coordinar y preparar estudios, estadísticos o de otro tipo, así como informes que permitan conocer cada vez mejor la problemática de la corrupción en la República Dominicana y mejorar cada vez más las acciones que se desarrollen contra ella.

La corrupción es, como ya hemos dicho, un problema de múltiples causas, frente al cual hay necesariamente que plantear soluciones múltiples para ser aplicadas todas al mismo tiempo, en el entendido de que la aplicación de una sola de ellas no tendría eficacia como solución al problema.

En este sentido, creemos que es necesario que los funcionarios y empleados públicos sean dotados de condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones, las que a menudo se caracterizan por un alto nivel de riesgo profesional y personal, y ha sido justamente por ello que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno dominicano ha sido la de aumentar substancialmente los salarios de los principales funcionarios públicos, tanto civiles como militares, y ha realizado también aumentos, no tan substanciales, a la empleomanía pública en general.

Creemos que es fundamental la mejora de la burocracia pública, los marcos legales, las estructuras, los procesos, de forma que los contribuyentes y los ciudadanos puedan relacionarse con el Estado de una forma más fluida, efectiva y transparente.

Creemos que es fundamental la mejora del marco legal vigente en nuestro país, en el entendido de que si bien es cierto que la aplicación de las leyes depende no sólo de su existencia sino también de la voluntad política para hacerlo, no es menos cierto que a veces hay voluntad política para actuar pero no hay un marco legal adecuado para hacerlo de la manera en que las circunstancias lo ameritan.

Es así, que en este sentido, se han emprendido una serie de acciones entre las cuales cabe destacar el hecho de que el Presidente de la República remitió al Senado de la República en el mes de noviembre de 1996, la "Convención Interamericana contra la Corrupción", a los fines de que la misma sea ratificada.

Además de ello, en relación con el marco legal vigente, hemos elaborado varios anteproyectos de ley, entre los cuales podemos señalar:

  • Un anteproyecto de Ley Sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilícito, que nos ayudará a satisfacer dos objetivos: por una parte, reformar la ley sobre declaración jurada de bienes, haciéndola más amplia y rigurosa, más eficiente en cuanto a la cantidad y calidad de los datos e informaciones que ella nos puede aportar en relación con el status social y económico de los funcionarios públicos, y por otra parte, a tipificar en la legislación penal dominicana el delito de enriquecimiento ilícito y, más aún, a revertir el fardo de la prueba en los casos relativos a hechos de corrupción.
  • Un anteproyecto Ley de Reforma al Código Penal dominicano, agravando las penalidades relativas a las infracciones de corrupción.
  • Un anteproyecto de Ley sobre Lavado de Activos proveniente de hechos de corrupción.
  • Una primera propuesta para unificar y reformar la legislación que regula las adquisiciones públicas, en el entendido de que tradicionalmente esta ha sido un área en la que se han desviado grandes cantidades de fondos públicos, y de que la legislación existente requiere actualización.
  • Así mismo, por las mismas razones señaladas en el párrafo que antecede, estamos promoviendo la unificación y reforma de la legislación que regula las construcciones públicas, para lo cual el Presidente de la República ha creado, mediante el Decreto N° 200-98, una comisión mixta de funcionarios y personalidades ligadas al mundo de la construcción que está elaborando un anteproyecto de ley para ser presentado en un breve término.
  • También estamos elaborando un Código de Etica del Funcionario Público.

Pero no es sólo mejorar el marco legal vigente; es también conocerlo. Es por ello que desde el año pasado estamos impartiendo talleres sobre "Etica y Responsabilidad Penal" en las instituciones públicas del país, con el propósito de que los funcionarios y empleados públicos conozcan y manejen adecuadamente el marco legal que regula sus actuaciones. Y es por ello, también, que estamos elaborando los compendios "Legislación Dominicana contra la Corrupción" y "Código de Conducta y Mística Institucional de la Procuraduría General de la República", los cuales pondremos en circulación en este año y a partir de los cuales realizaremos talleres en las instituciones públicas y en los departamentos judiciales del país, respectivamente.

Creemos, por otra parte, que es fundamental el trabajo en la conducta, la conciencia, la formación, la educación de nuestros ciudadanos, subrayando la formación en valores como la única vía a través de la cual podemos vencer la "cultura de la corrupción", instaurando una cultura caracterizada por el trabajo, la honestidad, la solidaridad y el respeto a las leyes, para lo cual hemos iniciado el desarrollo de programas educativos a través del Sistema Educativo Formal. En este sentido, hemos suscrito sendos Acuerdos Institucionales con la Secretaría de Estado de Educación y Cultura y con el Consejo Nacional de Educación Superior que contemplan la realización coordinada de distintas actividades en las escuelas, institutos de educación superior y universidades del país, entre las que destacan actividades con sus directivos, con los estudiantes y la inclusión de contenidos en los programas y pensa de los mismos.

Hay que desarrollar una nueva cultura y mística de servicio y honestidad en el seno de la Administración Pública, y para ello impartiremos talleres que permitirán que los integrantes de las distintas áreas de la Administración Pública accedan a conocimientos teóricos y prácticos respecto de su área de trabajo y de temas específicos relacionados con técnicas de prevención e investigación de fraudes. En tal sentido, hemos suscrito sendos Acuerdos Institucionales con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y con el Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT). Este programa de capacitación apunta, en especial, a que los propios integrantes de la organización adquieran los conocimientos necesarios para constituirse en el primer eslabón en la cadena de la prevención de la corrupción.

Lo mismo hay que hacer con los diversos sectores que componen la sociedad dominicana, para lo cual estamos elaborando un programa de educación sectorial a ser desarrollado a través de instituciones tales como, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y otras Asociaciones Empresariales y Comerciales, en el caso de los empresarios y comerciantes; las Confederaciones de Sindicatos de Trabajadores, en el caso de los trabajadores; la Comisión Presidencial para el Desarrollo de los Barrios, en el caso de los pobladores de los barrios.

Todas estas actividades educativas y culturales estarán soportadas también por una campaña publicitaria que ha sido diseñada y será lanzada dentro de muy poco, así como por el accionar de otros medios de difusión propios iniciados el año pasado, como son el programa radial semanal "¡Casa Limpia!", producido pro el Departamento de Prevención de la Corrupción, y la revista "Ministerio Público".

La definición del problema y la definición de lo que consecuentemente hay que hacer para enfrentarlo de la mejor manera, es lo que explica el diseño que hemos hecho del Departamento de Prevención de la Corrupción, su estructura, sus funciones, sus objetivos.

Con este año hemos iniciado el desarrollo del "Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Corrupción", aprobado en la "Conferencia Nacional Hacia un Plan Estratégico de Prevención de la Corrupción", realizada del 28 al 30 de noviembre pasado, convocada por el Departamento de Prevención de la Corrupción y la Procuraduría General de la República, conjuntamente con diez personalidades independientes, provenientes de distintas áreas del quehacer nacional, todas ellas con una prestigio e influencia en la opinión pública.

En este sentido, es necesario señalar que es la primera vez que los dominicanos contamos con un documento como este, que, por cierto, fue amplia y democráticamente debatido en la "Conferencia..." en grupos de trabajo que sesionaron al efecto, y aprobado unánimemente por más de seiscientos representantes de organizaciones e instituciones no gubernamentales, sociales, religiosas, comunitarias, culturales, sindicales, campesinas, deportivas, barriales, profesionales, empresariales y académicas, sin vínculos partidarios, así como entidades gubernamentales, particularmente las diferentes Secretarías de Estado y Direcciones Generales, todos ellos provenientes de ochenta y ocho de los ciento doce municipios del país, lo que sin duda constituye una buena representación nacional, de forma tal que el "Plan..." que tenemos a partir de la jornada del pasado domingo 30 de noviembre, ya no es solamente el plan del Departamento de Prevención de la Corrupción ni de la Procuraduría General de la República, sino también de todos los participantes, personas e instituciones, tanto del gobierno como de las instituciones sociales del país.

Nunca antes en nuestra historia se había desarrollado un evento similar a ese.

Nunca antes se había realizado un esfuerzo de esa naturaleza, dirigido a abordar el problema de la corrupción, integrando iniciativas gubernamentales con la voluntad política de la sociedad civil, bajo la visión del propio gobierno de convocarles a constituirse en fuerza de garantía de la continuidad del proceso y a operar orgánicamente con absoluta independencia del propio gobierno.

Ese "Plan Estratégico Nacional...", que es el documento que contiene la política del gobierno dominicano en materia de lucha contra la corrupción, tiene entre sus fundamentos más importantes los siguientes:

1ro.: Actuar sobre los sistemas en el entendido de que, como ha dicho el prestigioso abogado argentino Luis Moreno Ocampo, "el problema no es detectar personas culpables, sino detectar los sistemas culpables; porque las personas son reemplazadas por otras que hacen lo mismo, y lo que se busca es cambiar el sistema".

El "Plan Estratégico Nacional...", en efecto, ha sido diseñado principalmente para evaluar los sistemas que permiten la corrupción, generan discrecionalidad e impiden la transparencia en la gestión pública, y actuar sobre ellos.

El enfoque sistémico implica trabajar en los procesos, reglas, estructuras, funciones, incentivos y otros elementos de la organización pública para hacerlos más resistentes a los desvíos e irregularidades.

El enfoque sistémico, en la medida en que trabaja sobre sistemas y pretende establecer sistemas y estructuras que operen contra la corrupción, tiene un carácter de permanencia que le da trascendencia a las acciones que se realicen.

Con este propósito, hemos realizado y continuaremos realizando durante este año, diagnósticos sobre la corrupción en las instituciones públicas de la República Dominicana, en el entendido de que a través de los mismos es posible contar con información precisa sobre el escenario real de cada una de ellas, la cultura, las reglas formales e informales, los valores existentes, los circuitos de poder, las zonas de riesgo, los puntos fuertes y débiles del sistema, las áreas críticas y los sistemas que favorecen la ocurrencia de irregularidades en cada organismo. Los diagnósticos a su vez permiten medir la incidencia que pueden estar tendiendo en cada una de las instituciones públicas las políticas anti-corrupción desarrolladas, y, con ello, seguir la evolución del "Plan...". Para ello, continuaremos desarrollando el programa de encuentros con todas las dependencias públicas, con el propósito de discutir con sus funcionarios y empleados, las formas que toma la corrupción en cada una de ellas y las mejores formas para combatirla.

Es pertinente señalar que, sin perjuicio del enfoque sistémico, está prevista la actuación para casos específicos en las situaciones que sean necesarias.

En este sentido, hemos iniciado el trabajo de capacitación y especialización del personal del Departamento de Prevención de la Corrupción y de las Fiscalías del país, con el propósito de aumentar la capacidad y la calidad de respuesta a las demandas en cuanto a la investigación de casos de corrupción.

2do.: Actuar preventivamente, a partir de la idea de que la prevención es la forma más eficiente de enfrentar el problema del uso indebido de los recursos y fondos públicos.

Para nosotros es claro que la tarea preventiva es mucho más eficaz en el resguardo de los fondos públicos que aquella que puedan realizarse con posterioridad al desvío. Es difícil que un juez o un auditor recupere los fondos mal asignados en una obra pública, las rentas e impuestos no percibidos o los sobreprecios pagados en un programa de salud. Resulta fácil, efectivo y menos costoso mejorar los controles, logrando con ello reducir la ocurrencia de irregularidades y al mismo tiempo poniendo en mejores condiciones a los organismos coercitivos de desarrollar su tarea de la mejor forma.

Actuar en forma preventiva implica conocer y atacar la enfermedad en sus orígenes.

Entre las actividades más importantes que desarrollaremos en este sentido se encuentra la instalación de bases de datos de precios testigo en las instituciones públicas del país, una de las cuales ya probamos en la Secretaría de Estado de Salud Pública. En este año, planeamos instalarla en otras cinco instituciones públicas. Mediante este mecanismo se registran los precios pagados por la Administración Pública, por la compra de diversos bienes. La información es incorporada en una base de datos y luego se analizan los distintos resultados para identificar cuáles han siso las mejores decisiones. Estos datos permiten, a su vez, establecer un parámetro para las demás operaciones del sistema para que ajusten sus acciones futuras. A través de este mecanismo se puede reconocer la existencia de sobreprecios, posibles irregularidades o ineficiencias en las adquisiciones. Es una forma de controlar la ineficiencia en el gasto social, a través de la trasparencia y la información.

Otra actividad fundamental será el establecimiento de un programa de seguimiento del status económico y social de los funcionarios públicos, particularmente de los obligados a presentar declaración jurada de los bienes.

3ero.: Actuar integralmente. La integralidad, en este caso, se refiere a dos aspectos básicos: por una parte, a que el trabajo preventivo no excluye el trabajo correctivo sino que, por el contrario lo incluye plenamente, por lo que de lo que se trata es de actuar en los dos ámbitos al mismo tiempo. Es necesario actuar tanto en el plano preventivo como en el correctivo, es decir, previniendo y sancionando, haciendo lo posible para evitar y dificultar que el hecho de corrupción ocurra, y en el caso de que no se pudiera evitar, colocándonos -los auditores, investigadores, fiscales y jueces- en las mejores condiciones posibles para el desarrollo de sus investigaciones y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Por otra parte, la integralidad se refiere al hecho de que la lucha contra la corrupción incluye, como hemos dicho, no sólo al gobierno sino a toda la sociedad.

Reconocemos, en este sentido, que la responsabilidad central de enfrentar la corrupción recae sobre el Gobierno; él es el eje principal, dada su categoría de soberano con relación a las demás organizaciones de la sociedad y su rol de administrador del erario público y de gestor de las políticas públicas. Es el gobierno el que, como parte del proceso de gestión que conduce, debe aplicar los mecanismos de control necesarios para que las políticas que se implementan logren los objetivos para los cuales han sido diseñadas, con las mínimas posibilidades de desvíos e irregularidades.

Así, el gobierno aporta la voluntad política y los recursos necesarios para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, creando los medios y las condiciones para un ejercicio transparente de la función pública y para que sean castigadas las acciones dolosas contra el mismo y contra la sociedad. Esa es su responsabilidad.

La sociedad civil, por su parte, debe darle todo el apoyo a las iniciativas del gobierno en la lucha contra la corrupción: apoyo de carácter moral, en los casos punitivos; y apoyo material y humano en el impulso a los programas de carácter preventivo.

La sociedad civil debe ser un ente vigilante o fiscalizador de las ejecutorias de los gobernantes y funcionarios públicos; convertirse en uno de los protagonistas principales de manera que sus acciones contribuyan a la modernización del Estado y a la reeducación de los ciudadanos.

Reconocemos claramente como un imperativo que la sociedad civil y el gobierno trabajen conjuntamente y en este sentido hemos venido trabajando, promoviendo una relación franca, honesta e independiente, muestra de lo cual constituyen no sólo varios talleres que realizamos en el marco del "Programa para el Mejoramiento...", la "Conferencia Nacional..." de noviembre pasado y, más recientemente, los "Encuentros Regionales de Prevención de la Corrupción", realizados en cuatro de los nueve departamentos judiciales del país con la participación de líderes sociales independientes de catorce de las treinta provincias del país, y en los que se han conformado, escogidos por los propios participantes, catorce Consejos o Voluntariados Provinciales y cuatro Regionales de Prevención de la Corrupción. Otros cinco encuentros semejantes están previstos para ser realizados en este año.

Creemos firmemente que es fundamental la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, y por ello hemos venido trabajando en la promoción de la organización independiente de la sociedad civil. Esta constituye una experiencia interesante, por cuanto, mientras en otros países la participación de la sociedad civil se ha producido de frente al gobierno, sobre todo por la ineficacia de éste para enfrentar el problema, en la República Dominicana, es el gobierno el que, con un claro sentido estratégico, está promoviendo no sólo la participación sino, más aún, la organización de la sociedad civil en organismos de participación ampliada. En este sentido, además de las actividades señaladas en el párrafo anterior, durante el mes que cursa formalizaremos los formidables acuerdos de trabajo que hemos logrado e implementado con las Iglesias Católica y Evangélica, y continuaremos desarrollando el programa de encuentros con los sectores más importantes de la sociedad dominicana, tales como, las asociaciones empresariales, los sindicatos, los propietarios y relacionados con los medios de comunicación, las instituciones de educación superior, entre otros.

Es necesaria la apertura de canales para que esa participación sea posible y fácil, particularmente en lo que se refiere a las denuncias de hechos de corrupción.

Para ello, el Presidente de la República ha ordenado, mediante el Decreto N° 149-98 del 29 de abril de 1998, la creación de Comisiones de Etica Pública en todas las instituciones públicas, como organismos de carácter cívico al interior del propio gobierno, que tendrán por objetivo el control y el seguimiento de la calidad de la gestión en cada uno de ellas y sugerirá estrategias de corrección a los titulares de sus instituciones. Estos organismos estarán formados por equipos pequeños multidisciplinarios, que constituirán una masa crítica al servicio de las acciones de prevención y control y servirán, además, de enlace y canal con el Departamento de Prevención de la Corrupción para el desarrollo de los planes y actividades y para el intercambio de informaciones de todo tipo. Este mecanismo se apoya en la idea de que es necesario contar con una masa crítica de funcionarios del mejor nivel posible para implementar los cambios.

Por otra parte, hemos habilitado un funcionario en cada una de las Fiscalías del país, para que maneje todos los casos de corrupción que se presenten, en el entendido de que esta medida debe facilitar la formulación de denuncias por parte de la ciudadanía y debe mejorar su manejo por parte del Ministerio Público, en la medida en que se especializa y capacita un personal para esos fines.

A los mismos fines señalados en los párrafos que anteceden, para el presente mes o el próximo, tenemos previsto la apertura de una Línea Etica o de Atención Ciudadana para la presentación de denuncias por la vía telefónica, así como la instalación de buzones, comenzando por las Fiscalías del país, cuyo funcionamiento estará apoyado por una campaña publicitaria.

Con todo lo anterior nos proponemos satisfacer los siguientes objetivos:

Primero: Reducir substancialmente la incidencia de la corrupción en la Administración Pública dominicana.

Segundo: Propiciar la transparencia en la gestión pública dominicana.

Tercero: Enfrentar la cultura de la corrupción, desarrollando una cultura fundamentada en la honradez, el trabajo, la vocación de servicio y el respecto a la ley.

Y cuarto: Promover la participación ciudadana y la integración de todos los sectores nacionales como actores fundamentales en la lucha contra la corrupción.

Estamos convencidos de que el camino que hemos escogido es el correcto: actuando en profundidad, sobre las raíces del problema, con profesionalidad y, en todo caso, ajenos a intereses menores.

Hemos avanzado mucho y avanzaremos mucho más en este año.

Confiamos plenamente en que con la firme voluntad política del gobierno, con la comprensión y el apoyo del liderazgo dominicano, particularmente con la creciente voluntad política de la sociedad civil, así como con la ayuda y colaboración de la comunidad internacional, los dominicanos podremos andar con éxito este camino nuevo, ciertamente complejo y difícil, de adecentar y transparentar la gestión pública en nuestro país, y de esa formar hacer realidad la idea expresada por el Presidente de la República en la apertura de la "Conferencia Nacional Hacia un Plan Estratégico de Prevención de la Corrupción", en el sentido de que la "República Dominicana puede empezar a ser descubierta por el mundo por una cualidad singular que nos puede enaltecer como dominicanos y reafirmarnos en nuestra dominicanidad: no somos potencia económica, no somos potencia política, no somos potencia geoestratégica, pero la República Dominicana puede darle una lección al mundo, puede convertirse en una potencia moral".

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