Herramientas Personales
Usted está aquí: Inicio Documentos Otros documentos Algunas reflexiones sobre corrupción y los actores involucrados en el problema: La visión del Banco Interamericano de Desarrollo
Navegación
 

Algunas reflexiones sobre corrupción y los actores involucrados en el problema: La visión del Banco Interamericano de Desarrollo

Rosina de Souza

Este prestigioso foro le permite al BID compartir algunas reflexiones sobre la corrupción y los actores involucrados en el problema, plantear algunas ideas acerca del rol de los organismos multilaterales en el esfuerzo por combatir la corrupción, y por último, exponer cuál ha sido hasta el presente la posición del Banco en esta área y qué iniciativas se están llevando adelante.

En septiembre del año pasado, el Banco asistió en Lima al primer foro internacional sobre combate a la corrupción que se realizara en esta región. Entre las variadas enseñanzas que se derivaran de ese encuentro, puede decirse que impresionó la pluridad y disparidad de grupos de interés que ubican la problemática de la corrupción en un lugar preponderante de sus respectivas agendas, grupos que, en algún caso, no suelen compartir inquietudes, pero que en torno a este tema, por razones diversas y no siempre compatibles, están en disposición de aunar esfuerzos.

En efecto: la comunidad empresarial, reclama reglas de juego paritarias en el acceso a las oportunidades de negocios; la comunidad financiera, da muestras de creciente preocupación ante la magnitud de dinero "sucio" que ingresa al sistema y la distorsión que ello provoca en los mercados de dinero o de valores; la ciudadanía, rechaza cada vez con mayor énfasis el enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes a la vez que resiente los costos indebidos que debe asumir para acceder a los servicios públicos; ciertos grupos o figuras políticas, ya sea con intención genuina de recuperar la honestidad en el quehacer público o como forma de capitalizar el descontento popular o de descalificar a sus contrincantes, incorporan el combate a la corrupción a los postulados partidarios; en quinto lugar, la prensa asume un rol protagónico en la denuncia y fiscalización de situaciones de corrupción ocupando espacios frecuentemente cedidos por la inoperancia de algunas instituciones públicas; y por último, también los organismos internacionales, vehiculizan de modo más explícito algunas soluciones al problema que demandan los países miembros u operan como foros de discusión de temas que como éste, rebasan las fronteras nacionales.

Se observa entonces, que las iniciativas por enfrentar la corrupción no cortan por la naturaleza pública o privada de los intereses que se intenta proteger, ni por el nivel de desarrollo de los países de donde surgen ni por el poder o las referencias socio-económicas de quienes las promueven. Esta excepcional conjunción de voces y de esfuerzos, aportando instrumentos y estilos diferentes, abre, seguramente, una ventana de oportunidad única y marca un "momentum" muy especial para emprender acciones conjuntas que reviertan el fenómeno de la corrupción y que no debería desaprovecharse.

En segundo lugar, se podría reflexionar sobre la corrupción y el interés público, valor éste que subyace a la normativa que condena este comportamiento, puesto que de últimas las conductas exigidas a los oficiales públicos son aquellas que hacen posible que el Estado por su intermedio pueda cumplir con sus funciones y cometidos, los que por definición están signados por el interés público. El acto de corrupción subvierte esta premisa al prevalecer en él el interés privado por sobre el público.

En las últimas décadas, la preocupación por estabilizar las economías, llevó a una buena parte de nuestros países a repensar el rol del Estado, lo que implicó redefinir también el concepto de interés público. En algunos casos los Estados se han debilitado material y humanamente al verse obligados a restringir el gasto y la inversión en la administración pública y al implementarse cortes importantes a sus burocracias y mantenerse salarios que no convocan al personal calificado o no logra retenerlo. En otros el panorama ha sido sensiblemente menos sombrío y se reconocen sectores de la administración modernos, eficientes y tecnológicamente actualizados. Paralelamente, los países han visto surgir en los sectores productivos o de servicios, iniciativas privadas pujantes, competitivas y portadoras de nuevos conocimientos y de oportunidades de trabajo y crecimiento. Pero en todo caso, puede decirse que en la última década la tendencia ha sido a que el sector privado y no el público operara como promotor del desarrollo y de la libre competencia en la región.

Sin embargo, al presente existe consenso acerca de que el desarrollo no se logra al margen del Estado y que, por consiguiente, resulta perentorio fortalecer a las instituciones públicas y devolverles su prestigio y credibilidad en tanto que organismos que tienen por misión velar priotariamente por el bienestar social y el interés general. A su vez las políticas sociales (educación, erradicación de la pobreza) recobran protagonismo sobre la base de metas de estabilización económica ya alcanzadas.

Pero quizás el mayor cambio radique en la nueva distribución de roles para atender al bienestar de la sociedad. En la medida en que el sector privado ha subrogado o comparte con el Estado áreas de producción o de servicios que antes eran propios del quehacer estatal, correlativamente, ha asumido o se le requiere un nuevo papel en la sociedad en el sentido de una participación más activa en la búsqueda e implementación de soluciones a los problemas colectivos y de una mayor colaboración con el Estado en el cumplimiento de sus fines. Sectores como el financiero comienzan a exigirse la autorregulación de su comportamiento en tanto que otros apoyan vastos programas educativos o asumen responsabilidad por el cuidado de bienes o espacios públicos, por citar algunos ejemplos.

Por su parte, la sociedad civil, que a veces parece no sentirse representada a satisfacción por las autoridades públicas (circunstancia esta que puede vincularse a la escalada de la corrupción) busca y encuentra mecanismos no tradicionales y conforma organizaciones no gubernamentales para marcar presencia y hacer sentir su voz en el reclamo y defensa de sus intereses.

La corrupción, que como se viera, se ubica en el punto de corte entre el interés público y el privado, precisa ser enfrentada en un escenario en el que participen actores con roles redefinidos: un sector público fuerte, moderno y eficiente, un sector privado solidario y cooperador y una sociedad civil vigilante y responsable y donde el interés público resulte triplemente protegido por esta nueva ecuación de fuerzas.

Acerca del rol de los organismos multilaterales en este esfuerzo, cabría decir que aún siendo de resorte de los sectores mencionados el echar a andar acciones y estrategias que desestimulen o detengan las prácticas de corrupción, aquéllos pueden brindar una asistencia valiosa, cada cual dentro de su competencia (financiera, técnica, académica, política, etc.), y poner en juego las ventajas comparativas de su función específica y de su particular relación y conocimiento de los países.

Es a instancias de los países y en forma creciente que los organismos internacionales son convocados a discutir temas y problemas nuevos o que anteriormente se planteaban exclusivamente dentro del ámbito doméstico y llamados a contribuir en el esfuerzo de dar soluciones a los mismos. Esto obliga a las instituciones a reenfocar las tradicionales líneas de acción y al desafío de mantener la eficiencia en aquellas áreas de colaboración en las que se han acumulado experiencia y conocimiento a la vez que adaptarse, a veces rápidamente, a las nuevas demandas de los países.

También se observa la tendencia o la voluntad de los países de ubicar en el plano de la normativa supranacional, pautas, principios o estándares de comportamiento en distintos campos, que habrán de obrar como referentes para la regulación nacional de asuntos domésticos. La Convención contra la Corrupción de la OEA y la de la OECD sobre soborno internacional, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para prevenir el lavado de dinero, o los Principios de Basilea sobre Supervisión Bancaria son algunos ejemplos. Esto se debe ya a la "globalización" de los problemas y al consiguiente reclamo de líneas o criterios de solución armónicos y compartidos, y a la necesidad de abordarlos sobre la base de la cooperación internacional y de la transferencia de experiencias entre Estados.

En todo caso, estas circunstancias le otorgan a los organismos multilaterales un protagonismo y una responsabilidad que se debe asumir en estrecha colaboración a fin de potenciar el impacto del uso de los recursos tanto humanos como financieros en beneficio de los países. Pero el rol de las agencias internacionales es fortalecer los instrumentos que los sectores que mencionáramos: Estado, sector privado y sociedad civil, puedan poner en juego, para abordar, a la luz de las particularidades de cada caso y las modalidades y mecanismos que estimen pertinentes, la solución de sus problemas, entre ellos el de la corrupción.

Hay aspectos cruciales del combate a la corrupción como ser su encuadre dentro de una visión integral del Estado y de la racionalidad operativa del Estado como un todo. En este sentido si bien pueden promoverse islas de integridad de la administración estatal, la sustentabilidad y el impacto a largo plazo de estos espacios dependerá de que los organismos con los que se vinculen también compartan dicha lógica. Otro punto a mencionar es el afianzamiento del principio de la tripartición de poderes y de la consiguiente independencia de éstos así como de los organismos de contralor. También se hace necesario instaurar sistemas de gratificaciones y sanciones justas para incentivar el buen comportamiento de los oficiales públicos, recomponer el prestigio del servicio y reforzar las lealtades que deben ligar a los funcionarios con el Estado y a éste con el funcionario. Estos y otros principios deben analizarse y resolverse dentro del fuero interno de los Estados, pudiendo éstos ser asistidos, si así lo reclaman, por los organismos multilaterales, fundamentalmente dentro de la línea del reforzamiento institucional.

El Banco, por su parte, viene directa o indirectamente abordando la preocupación por el problema de la corrupción en los países miembros desde tiempo atrás. Dentro del contexto de operaciones vinculadas a la Reforma del Estado, se han relevado decenas de operaciones que de modo más o menos evidente han contribuido a un desempeño más transparente y eficiente del ejercicio de las funciones públicas de los países: proyectos de apoyo a los sectores judiciales, a los Congresos, a los órganos ejecutivos, a las Aduanas, a los sistemas de tributación, a los procesos de privatización y descentralización, al sector financiero, etc. Y, en principio, las áreas de cooperación dentro de las que el Banco está encauzando la asistencia a los países en el campo de la corrupción, son aquellas en las que puede exhibir mayor experiencia y conocimiento y que, a la vez, se asocian a un mayor impacto sobre los objetivos perseguidos.

Entre las líneas de trabajo que se están llevando adelante se destacan las siguientes: Comienza a ejecutarse un proyecto regional que tiende a preservar la integridad de los mercados financieros. El proyecto prevé secuencias de entrenamiento de un total de quinientas personas, entre funcionarios de los organismos reguladores y de los bancos, en mejores prácticas para detectar y prevenir el lavado de activos. En esta área, el Banco conjuntamente con la Superintendencia Bancaria de Colombia, organizó un seminario dentro del contexto de su última Asamblea Anual de Gobernadores en el mes de marzo en Cartagena de Indias, con el fin de analizar la situación de la región frente a este problema. En el terreno de los crímenes financieros, la alianza del sector público con el privado, tal como se señalara anteriormente, surge como imprescindible y así se ha reconocido en ambas actividades. En dicho seminario, así mismo, quedó sellada una rutina de colaboración entre los organismos multilaterales participantes (la OEA, Naciones Unidas, FMI y el Grupo de Acción Financiera) la que habrá de consolidarse en caso de materializarse un programa regional muy abarcativo que a instancias del Programa de Naciones Unidas contra el Lavado de Dinero será discutido durante el semestre entrante. En esta línea, también, el Banco está en condiciones de formalizar su vinculación con el Grupo de Acción Financiera del Caribe con quienes se estarán analizando iniciativas de cooperación en esta sub-región y en Centro América. Los problemas de lavado de activos se vinculan muy fuertemente con el sector financiero, campo en el que el Banco ha colaborado intensamente en muchos de sus países miembros. Este es un claro ejemplo de cómo fenómenos relativamente recientes (el blanqueo de capitales comienza a perfilarse como problema de entidad hace apenas de diez años) obligan a las instituciones a armar nuevas bases de conocimiento, a ajustar sus programas a los nuevos requerimientos de los países, a incorporar la preocupación en el diseño de nuevos proyectos (tal el caso, por ejemplo, del que ayudará a crear un mercado de valores en Bahamas) o a incluir estas preocupaciones en la elaboración de los Documentos de País, en casos en los que estas actividades comienzan a alterar el perfil económico de los Estados.

En el área de corrupción, hemos lanzado una propuesta de investigación sobre corrupción en el sistema hospitalario público a los centros de estudio de la región. Esta iniciativa se integra a nuestro Programa de Red de Centros dentro del que anualmente se someten a consideración de una vasta red de centros académicos del hemisferio temas de interés para el Banco y para los países. El trabajo comienza a fines de este mes cuando se recepcionen las propuestas de los centros, luego de lo cual seguirá la fase de investigación por parte de los centros seleccionados que tomará prácticamente un año.

Conjuntamente con la OEA, se está desarrollando un proyecto regional de promoción de la Convención Interamericana contra la Corrupción que abarcará doce países en los que se desarrollarán actividades diferentes según éstos hayan ratificado o no la Convención. En los países que ya han aprobado la Convención, el objetivo será facilitar la elaboración o el ajuste de las normas nacionales que habrán de tipificar o tipifiquen delitos de corrupción, de modo tal que se compadezcan con los criterios que se establecen en la Convención. Este es otro ejemplo de colaboración entre organismos multilaterales en temas en los que los países han promovido instrumentos legales supranacionales.

En el campo de las adquisiciones públicas, se han introducido ajustes a las políticas de adquisiciones del Banco a efectos de minimizar las posibilidades de corrupción en operaciones financiadas por la institución y a futuro, se está pensando reforzar aún más los controles en la etapa de ejecución de los proyectos. A comienzos de este año se realizó un seminario sobre Eficiencia y Transparencia en las Adquisiciones Estatales con la idea de insertar el tema de las compras públicas de modo más visible en las políticas de Reforma del Estado y al que concurrieron numerosos Contralores de los países miembros. En proyectos de reforzamiento de Contralorías, en tres países centroamericanos se estarán insertando componentes que explícitamente aborden la problemática de la corrupción y el fraude y ya está comenzando a ejecutarse una cooperación técnica para la Contraloría de Guatemala que tiene como objetivo principal la prevención de la corrupción en esa institución. Se entiende, así mismo, que el apoyo en la incorporación de tecnología de la información y de las comunicaciones en el ámbito de las compras estatales es prioritario para incrementar la eficiencia y la transparencia de estos procesos y para la conformación de bancos de datos sobre adquisiciones públicas que facilitarán enormemente los procesos de integración regional y la apertura y transparencia de los mercados. Algunas iniciativas en este sentido comienzan a explorarse a nivel de algunos países del MERCOSUR y el Banco es muy receptivo a sugerencias y propuestas de los países de este frente.

También se han mantenido conversaciones con representantes de países que, como Bolivia, están estudiando estrategias globales para combatir la corrupción u otros que desean, como Costa Rica, apoyar instituciones clave como la del Defensor del Pueblo. República Dominicana, que fuera el primer país en ejecutar cooperaciones técnicas con el Banco para apoyar iniciativas específicas de combate a la corrupción, ha vinculado estos esfuerzos a programas más abarcativos de reforma del Estado y de apoyo a los procesos de privatización.

En suma, se podría afirmar que el Banco ha demostrado enorme plasticidad para ir incorporando estas nuevas preocupaciones de los países, lo que se refleja tanto en el área de proyectos como en la presencia que se viene marcando en foros internacionales. La posición de la institución en estos campos ha estado determinada por su voluntad de acompañar las iniciativas de los países, de mantenerse dentro del ámbito del apoyo técnico en áreas técnicas en las que se ha acumulado experiencia y conocimiento y dentro líneas de acción que se compadezcan con la visión integral del desarrollo que determina el mandato dictado en ocasión de la Octava Reposición de Recursos de 1994.

La presente reunión brinda al Banco la oportunidad de acercarse nuevamente a los países para aprender más acerca de su situación en estas áreas y de sus perspectivas al respecto. Así mismo, permite poner de manifiesto la voluntad de la institución de ayudar a los países a aprovechar esta particular ventana de oportunidad que se abre para articular esfuerzos conjuntos del sector público, del sector privado y de la sociedad civil que impliquen una participación responsable de cada parte en la cosa pública y en la salvaguarda de los valores colectivos. Por último agradecemos al CLAD la posibilidad de poder brindar un panorama actualizado de las actividades del Banco vinculadas a los problemas de corrupción y crímenes financieros y de reafirmar, una vez más, en presencia de los organismos internacionales aquí representados, la importancia que el BID atribuye a la coordinación y complementación de roles y acciones entre las instituciones como modo de potenciar los beneficios que se pretende aportar a los países.

Acciones de Documento

Logo Siare

EIAPP

Logo Redes del CLAD

Logo Asociación CLAD

Publicaciones

Revista 74 CLAD
Suscripción Boletín Reforme

Suscribase al Boletí­n Reforme para recibir semanalmente información actualizada sobre temas importantes.

« Diciembre 2019 »
Diciembre
LuMaMiJuViDo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031