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Declaración de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá, 26 y 27 de junio de 2000


 

III CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y REFORMA DEL ESTADO

DECLARACION DE PANAMA

(Ciudad de Panamá, Panamá, 26 y 27 de junio de 2000)

Los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los países iberoamericanos, reunidos bajo la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), los días 26 y 27 de junio de 2000, en la ciudad de Panamá

  • Se han constituido en la III Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, a fin de debatir y presentar líneas de orientación y cooperación en materia de "Estrategias de modernización institucional para una gestión eficiente de promoción del bienestar de la niñez y la adolescencia" y "La innovación tecnológica en la contratación de compras gubernamentales: Un nuevo camino hacia la eficiencia y la transparencia".
  • Han dado secuencia a las preocupaciones manifestadas en los ámbitos de la Administración Pública y Reforma del Estado en las sucesivas cumbres presidenciales de Bariloche, Viña del Mar, Isla de Margarita y Oporto y la más reciente, realizada en La Habana, Cuba, que hizo suya integralmente la "Declaración de La Habana", adoptada en ocasión de la II Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en La Habana, Cuba, los días 24 y 25 de junio de 1999.
  • Obtuvieron consenso en los principios que se enuncian a continuación, acordando que se presentarán en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Presidentes de Gobierno, a realizarse en la ciudad de Panamá, en el mes de noviembre del presente año.

     

ESTRATEGIAS DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL PARA UNA GESTION EFICIENTE DE PROMOCION DEL BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

     

  1. Todos los países iberoamericanos han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose así a respetar y garantizar el pleno disfrute de los mismos. El cumplimiento de esos derechos es esencial para la construcción de ciudadanía, para fomentar una visión solidaria de la vida social y como condición necesaria para que el desarrollo humano sea sostenible.
  2. Gran parte de los niños, niñas y jóvenes de la región no pueden ejercer sus derechos más elementales a tal punto que muchos de ellos carecen por completo de protección y de oportunidades para desarrollarse como personas y como ciudadanos. Esto constituye una manifestación de exclusión social, que perpetúa la pobreza y la inequidad prevaleciente en las sociedades y limita sus opciones de desarrollo.
  3. Los gobiernos tienen la responsabilidad ineludible de enfrentar estos problemas. Para ello, es preciso impulsar una serie de transformaciones institucionales que, dentro de un enfoque integral de las políticas públicas, permita una asignación más equitativa de los recursos y una gestión eficiente y eficaz de las políticas sociales, en especial, de aquellas dirigidas a promover el bienestar de la niñez y la adolescencia.
  4. Es necesario que se generen consensos nacionales respecto al carácter estratégico de la niñez y la adolescencia. Estos consensos deben traducirse en una clara y explícita definición de las prioridades políticas de los gobiernos, de manera que sea evidente y exigible el consecuente aumento y redistribución de los recursos asignados a la ejecución de las políticas a favor de la niñez y la adolescencia.
  5. Es preciso tener en cuenta que no se trata sólo de aumentar la cantidad de recursos que se dedican a las políticas de niñez y adolescencia, es necesario también maximizar la eficiencia y equidad con que se utilizan esos recursos.
  6. Reconociendo las particularidades de cada país, los diversos puntos de partida y los recursos disponibles, se requiere el diseño de rutas críticas rigurosas, de manera que los gobiernos logren definir no sólo dónde quieren llegar, sino cuándo y cómo hacerlo.
  7. Es fundamental el desarrollo de mecanismos que garanticen el trabajo conjunto y la coordinación intersectorial e interinstitucional de todas las instancias gubernamentales involucradas en la ejecución de políticas de promoción del bienestar de la niñez y la adolescencia. Dichos mecanismos de coordinación deben hacerse extensivos a los programas dirigidos a la niñez y a la adolescencia que involucran a empresas del sector privado y a organismos no gubernamentales respecto de los cuales deben mejorarse también los mecanismos de rendición de cuentas.
  8. Una mejor gestión de los programas sociales y, en especial, de los relacionados con niñez y adolescencia, demanda un esfuerzo particular en el campo de los recursos humanos, en su profesionalización y capacitación, en el acceso a las tecnologías de punta idóneas a su función, y en la motivación y estímulo correspondiente.
  9. Se deben fortalecer los procesos de descentralización que permitan una mayor participación ciudadana en la elaboración y en la ejecución de las políticas públicas, tanto para aumentar su eficiencia como para garantizar que las mismas se orienten más claramente a satisfacer las necesidades de la población y, especialmente, de la niñez y la adolescencia.
  10. Es necesario asumir y establecer responsabilidades en todos los niveles de gobierno, para que en cada uno de ellos se pueda exigir el consecuente y necesario rendimiento de cuentas a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. Para ello se deben desarrollar instrumentos y procesos de evaluación de gestión, resultados e impacto de estas políticas, así como sistemas de incentivos capaces de infundir una dinámica que consolide la búsqueda de la eficiencia social en la asignación de los recursos públicos. Esta eficiencia social no se limita a la reducción de costos, sino al logro de un balance dinámico entre el costo, la calidad y la cobertura de los distintos programas.
  11. Como una herramienta clave para evitar una ineficiente asignación de los recursos públicos, se requiere un compromiso para medir y hacer explícito el costo de oportunidad de no invertir en la niñez y la adolescencia, de manera que, ante cada decisión, se conozca cuánto pierden nuestros países por los recursos que no están dedicando a la niñez y la adolescencia.
  12. Los gobiernos deben promover la participación activa de la sociedad en los niveles nacionales, regionales y locales de gobierno, en todas aquellas decisiones que afecten a la niñez y la adolescencia, reafirmando su condición de sujetos de derecho. Es necesario además desarrollar canales y mecanismos que promuevan la vigilancia ciudadana sobre los programas y políticas en cuestión.
  13. Habida cuenta de los importantes logros en materia de estrategias institucionales para enfrentar la problemática de la niñez y de la adolescencia obtenidos en los países de la región, surge como una prioridad significativa la divulgación y el intercambio de mejores prácticas en este campo.
  14. Los países iberoamericanos deben desarrollar mecanismos de cooperación bilateral y multilateral para apoyar la definición de estrategias de modernización institucional que contribuyan al desarrollo de políticas de promoción del bienestar de la niñez y la adolescencia.

     

LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LA CONTRATACION DE COMPRAS GUBERNAMENTALES: UN NUEVO CAMINO HACIA LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA

     

  1. La cada vez más intensa dinámica social y económica, así como la consolidación de valores y prácticas democráticas exigen una administración pública plenamente comprometida con una cultura de servicio, calidad y rendición de cuentas en todos sus niveles. El mero cumplimiento de la normatividad establecida ya no es condición suficiente para servir a la población. La sociedad requiere medios institucionales y organizacionales que emanen de una cultura administrativa que privilegie la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia y la permanente participación social. Los valores democráticos, en un estado de derecho y en una sociedad equitativa, sólo admiten que una cultura administrativa, con los principios enunciados, sea el eje rector en el gobierno.
  2. En este nuevo contexto, el sector de compras gubernamentales en Iberoamérica debe ampliar su participación en el proceso de reforma del Estado y de integración económica de los mercados en los próximos años, siendo uno de los principales sectores en los que los gobiernos deben invertir para su modernización. Es más, las compras gubernamentales deben ser parte de una política de Estado pues tienen un significativo impacto en la gobernabilidad.
  3. En el pasado reciente el sector de compras y contrataciones administrativas estaba afectado por la ineficiencia y por la precariedad de las herramientas de gestión modernas y de mecanismos de control eficientes. El Estado ha sido un comprador deficiente, sus contrataciones se han visto influidas por normas, tecnologías y criterios de larga data, no compatibles con las posibilidades que brindan actualmente las comunicaciones, la ciencia y la tecnología en general y el desarrollo cibernético en particular. Como consecuencia de dichos condicionamientos, el Estado ha sido un sujeto pasivo de las estrategias de sus proveedores, no ha hecho pesar suficientemente su poder de compra o de contratación y, a pesar de ser el mayor demandante individual de bienes y servicios, se ha tornado en un receptor atomizado frente a oferentes monopólicos u oligopólicos.
  4. Los avances tecnológicos en informática y telecomunicaciones permiten modernizar las compras gubernamentales en la región, principalmente a través de la creación de redes de información que favorezcan una mayor eficiencia, transparencia y economía en los procesos. Utilizando tales avances, varios países en América Latina y la Península Ibérica están realizando esfuerzos importantes por modernizar sus funciones en materia de contratación y compras gubernamentales. Así, han surgido aplicaciones informáticas y telemáticas, a través de Internet, en materia de licitaciones, catastros unificados de proveedores, registro de precios, gestión de contratos, catálogos de materiales y servicios, seguimiento de series históricas de precios, etc.
  5. Estos esfuerzos poseen un potencial significativo de impacto sobre el sector público, las empresas y la sociedad.

Así, el sector público puede disponer de:

  • Procedimientos de trabajo estandarizados al contar con la información en medios electrónicos y en formatos y tiempos iguales
  • Agilidad y transparencia en los procesos de licitación pública. La consulta en medios electrónicos es más rápida y se encuentra a disposición de quien la requiera en todo momento
  • Mecanismos expeditos de control y seguimiento en las contrataciones
  • Mayor cantidad de proveedores en las licitaciones al ser más fácil y menos costoso el procedimiento
  • Mejores condiciones de calidad y precios en las propuestas de empresas al no repercutir en sus ofertas los gastos de viaje y desplazamiento
  • Economías significativas de recursos a través de la reducción de desperdicios y negociación de los mejores precios, sin perjuicio de la calidad y de acuerdo con las necesidades del aparato administrativo

De su parte, las empresas pueden contar con:

  • Mayores posibilidades de participar en licitaciones públicas
  • Mecanismos más rápidos y fáciles para obtener información y dar seguimiento a los procesos de contratación del gobierno
  • Ahorros en el costo de las bases de las licitaciones
  • Acceso más amplio a la oferta de bienes y servicios de las pequeñas y medianas empresas, antes limitadas por las condiciones restrictivas de los procesos de licitación.

Asimismo, la sociedad puede disponer de:

  • Mecanismos transparentes de rendición de cuentas de las compras gubernamentales al contar, en cualquier momento y desde cualquier lugar, de toda la información
  • Cualquier ciudadano puede conocer datos tales como cuánto gasta el gobierno en bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas; cuáles dependencias y entidades están realizando un proceso de compra; bajo qué procedimientos se realizan las contrataciones; cuáles empresas participan en los concursos y cuáles son las ganadoras; y si se presentó alguna inconformidad en determinado proceso o si algún proveedor o contratista ha sido sancionado.
  1. Teniendo en cuenta los logros alcanzados, se sugiere proseguir con el esfuerzo de modernización de la función de compras gubernamentales considerando las siguientes acciones:
  • Valorar suficientemente la capacidad existente en la región para desarrollar innovaciones tecnológicas en este campo y emplear medios de avanzada para transferir e intercambiar estas experiencias entre los países de Iberoamérica
  • Desarrollar programas específicos de aprendizaje, en particular, un programa de formación y capacitación a distancia en estos temas
  • Continuar el proceso de adecuación de los marcos jurídicos y normativos que existen sobre control de compras gubernamentales, con el propósito de que los mismos reflejen las innovaciones tecnológicas que se incorporan a esta función. Dicha adecuación debería contemplar además el reconocimiento de la firma digital, del documento electrónico y de otros avances telemáticos en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

     

MESA REDONDA PARA DISCUTIR Y ACORDAR PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA HORIZONTAL EN MATERIA DE TRANSFORMACION DEL ESTADO, RECONSTRUCCION INSTITUCIONAL Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

La Conferencia consideró pertinente recomendar que los países de Iberoamérica establezcan una agenda de prioridades en materia de cooperación técnica horizontal a realizarse en el futuro inmediato, ya sea a través de programas regionales a ser coordinados y articulados por el CLAD o mediante acuerdos de cooperación bilateral a ser acordados entre los países interesados.

Entre las áreas más significativas en que dicha cooperación podría realizarse se señalaron las siguientes:

  • Profesionalización del servicio público
  • Alta dirección del gobierno
  • Servicio civil de carrera
  • Sistemas de control gubernamental
  • Evaluación del desempeño
  • Incorporación de innovaciones en tecnología informática y telemática a la gestión pública
  • Participación ciudadana, defensor del ciudadano y consejos de diálogo
  • Transparencia y probidad en la gestión gubernamental
  • Descentralización y fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales
  • Mejoras regulatorias y simplificación de trámites.

     

RESOLUCIONES

Los Ministros de Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los países iberoamericanos, reunidos en los días 26 y 27 de junio de 2000, en la Ciudad de Panamá, Panamá, en la ocasión de la III Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, deciden adoptar las siguientes resoluciones:

Expresar el reconocimiento al Gobierno de Panamá por el apoyo dado a la excelente organización de la Conferencia, por su proverbial hospitalidad y sus contribuciones al clima de confraternidad iberoamericana que ha caracterizado esta Conferencia.

Continuar con la realización de encuentros periódicos de los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, previos a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, de tal forma que contribuyan a la toma de decisiones y formulación de recomendaciones acordes con las necesidades comunes de las administraciones de la región.

Aceptar la invitación del Gobierno del Perú para la realización de la IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.

Encomendar a la Secretaría General del CLAD la realización de las acciones de coordinación necesarias con el Gobierno del Perú, a los efectos de la organización y ejecución de la IV Conferencia Ministerial.

Solicitar a la Secretaría Pro-Tempore de la X Cumbre Iberoamericana que, a través de los respectivos canales, someta a consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno el contenido de la presente "Declaración de Panamá".

Argentina D. Leandro Popik

Bolivia D. Carlos Bejar Molina

Brasil D. Solon Lemos Pinto

Chile D. Rodrigo Egaña Baraona

Costa Rica Da. Odette Fonseca León

Cuba D. Ernesto Sentí Darías

Ecuador D. Diego Ordoñez Guerrero

España D. Jesús María Posada

Guatemala D. Rokael Cardona Recinos

Honduras D. Hilario René Vallejo

México D. Arsenio Farell Cubillas

Nicaragua D. Orlando Castro Gutiérrez

Panamá D. Víctor N. Juliao Gelonch

Perú D. Richard Inurritegui Bazan

Portugal D. Alexandre Rosa

Rep. Dominicana Da. Donatila Germán Pérez

Uruguay D. Juan Carlos Lioy Gazzaneo

Venezuela D. Miguel Van der Dijs

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