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Declaración de La Habana

La Habana, Cuba, 24 y 25 de Junio de 1999

 

 

II Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado

DECLARACIÓN DE LA HABANA
(La Habana, Cuba, 24 y 25 de Junio de 1999)

  1. Nuevas tecnologías, eficiencia, transparencia y control ciudadano del Estado
  2. La reconfiguración del Estado en la economía global: nuevos roles, nuevos retos
  3. Consideración de iniciativas de la Conferencia para la promoción de proyectos Iberoamericanos
  4. Resoluciones

Los Ministros de la Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los países Iberoamericanos, reunidos bajo la iniciativa del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica de Cuba y del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), los días 24 y 25 de Junio de 1999 en la Ciudad de La Habana, Cuba.

- Se han constituido en la II Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, a fin de debatir y presentar líneas de orientación y cooperación en materia de "Nuevas tecnologías, eficiencia, transparencia y control ciudadano del Estado", "La reconfiguración del Estado en la economía global: nuevos roles, nuevos retos" y "Consideración de iniciativas de la conferencia para la promoción de proyectos iberoamericanos",

- Han dado secuencia a las preocupaciones manifestadas en los ámbitos de la Administración Pública y Reforma del Estado en las sucesivas cumbres presidenciales de Bariloche, Viña del Mar e Isla Margarita y la más reciente, realizada en Oporto, Portugal, que hizo suya integralmente la "Declaración de Lisboa", adoptada en ocasión de la I Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, celebrada en Sintra, Portugal , los días 27 y 28 de julio de 1998,

- Obtuvieron consenso en los principios que se enuncian a continuación, acordando que se presentarán en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Presidentes de Gobierno, a realizarse en la ciudad de La Habana, en el mes de noviembre del presente año.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y CONTROL CIUDADANO DEL ESTADO

     

  1. A pesar de la diversidad de estilos y grados de desarrollo entre los países, existe consenso en que la construcción del Estado del siglo XXI está estrechamente conectada con las capacidades para enfrentar el desafío tecnológico. En esta nueva fase, un problema central será transitar de la reforma a la modernización del Estado, asumida esta como el diseño y la implementación de la arquitectura política, tecnológica, organizacional y de gestión de un Estado orientado al ciudadano, con el pleno uso de las tecnologías de información, a nivel local, nacional y supranacional.
  2. Para que la informática quede verdaderamente al servicio de la sociedad ella debe servir para aumentar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como para lograr la transparencia en la rendición de cuentas de la gestión pública y, por ende, un mayor control ciudadano sobre el Estado.

  3. Una gestión transparente implica la obligación de dar a conocer a la sociedad, para su escrutinio, toda la información relacionada con actos de autoridad y administración de recursos, así como los datos relativos a la conducta, el desempeño y los criterios bajo los cuales los servidores públicos adoptan decisiones.
  4. Por su parte, la realización de trámites vía Internet y su utilización para que la ciudadanía pueda conocer los estándares de servicio de las distintas agencias públicas, constituyen vías concretas para aumentar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos y, en última instancia, la calidad de vida de los ciudadanos. En este último aspecto es además deseable propender a la propia prestación de servicios, entre otros los sociales, haciendo uso de los recursos de la informática.
  5. Lo que en cualquier caso cabe asumir es que la información, en sí misma, es uno de los más importantes bienes que la administración pública puede ofrecer a los ciudadanos. Condición básica para ello es la existencia de garantías legales al acceso a los documentos administrativos, así como la debida publicidad de las políticas y programas que desarrolla el Estado y sus resultados.

  6. Entre los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, un lugar destacado corresponde a la modernización del derecho constitucional y administrativo y a la capacitación del personal público ante la aparición del documento electrónico y la firma electrónica, entre otras tecnologías.
  7. En el futuro, el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la capacidad para utilizar sus aplicaciones, serán factores críticos para acceder al mercado laboral. Por ello, corresponde al Estado desarrollar políticas que las contemplen desde los ciclos educativos básicos hasta la formación profesional de los ciudadanos.

    Particular importancia en este sentido reviste el desarrollo de las capacidades gerenciales y del personal público, en pos de su profesionalización y recalificación continua.

    Por otra parte, en lo que corresponde a las adaptaciones del derecho, cabe profundizar en la consolidación del derecho informático positivo, tal como se está logrando en algunos países.

  8. Si bien es innegable que las nuevas tecnologías de información pueden contribuir a reforzar la ciudadanía y potenciar el diálogo social con las administraciones públicas, cabe también considerar que ellas pueden reforzar las asimetrías sociales y constituirse en una nueva fuente de inequidad. Por lo tanto, corresponde a los Estados adoptar las previsiones para evitar que el acceso a las nuevas tecnologías y a los beneficios inherentes a ellas sea condicionada por la capacidad económica de los ciudadanos, tanto como les corresponde incrementar el interés público por un mayor uso de ellas.
  9. También corresponde a los Estados adoptar todas las previsiones necesarias –incluidas las jurídicas- para preservar la privacidad de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones.
  10. En especial, el derecho a la intimidad del ciudadano adquiere relevancia en virtud de los bancos de datos que sobre las personas tienen no sólo las administraciones públicas, sino también empresas ajenas al Estado.

    En otro sentido, y con las excepciones debidas, también es indispensable asegurar el derecho de todo habitante a conocer la información que sobre él se posea y el derecho a solicitar la rectificación de datos erróneos.

  11. Es preciso, asimismo, tener en consideración que nuestros países enfrentan no sólo una serie de deficiencias que impiden el pleno ingreso a la sociedad de la información, sino una serie de barreras que limitan incluso el aprovechamiento integral de las tecnologías actualmente disponibles. El costo de las comunicaciones y la falta de cultura de uso constituyen barreras evidentes en tales sentidos. Ellas, además de los bajos índices de educación y salud de importantes segmentos de la población latinoamericana, deben ser activamente enfrentados por los Estados, a fin de superar los rezagos existentes en nuestras sociedades y las situaciones de infoexclusión que existen al interior de ellas.
  12. En atención a que el alto costo que conlleva la adquisición y transferencia tecnológica constituye una limitante en la mayoría de los países de la región, es indispensable explorar mecanismos eficaces a tales efectos.

También es conveniente propender al desarrollo de un sistema de información sobre las experiencias acumuladas en estas materias, que puede incorporarse a las bases de datos existentes en el CLAD.

LA RECONFIGURACION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA GLOBAL: NUEVOS ROLES, NUEVOS RETOS

     

  1. El Estado se encuentra hoy en el centro de controvertidos debates políticos y económicos a la luz de los desafíos que el fenómeno de la globalización plantea. Este fenómeno es producto de la creciente interdependencia entre los miembros de la comunidad internacional, no sólo en el plano económico sino también en el político, cultural, tecnológico y social, para mencionar los más importantes. Sin embargo este se manifiesta particularmente significativo en la esfera económica. En efecto, la globalización se ha convertido en un factor condicionante del proceso de desarrollo de la economía de los países, reproduciendo las contradicciones y dualidades de las sociedades económicas tradicionales expresadas en el incremento de las diferencias entre países ricos y países pobres, entre naciones industrializadas y no industrializadas y en la exacerbación de las desigualdades internas de las sociedades nacionales.
  2. En términos generales la globalización ofrece grandes oportunidades de crecimiento económico interno, pero al mismo tiempo genera un alto grado de incertidumbre e inestabilidad económica y social, a la que los Estados deben estar preparados para enfrentar. De hecho, la globalización está afectando en forma creciente a la propia naturaleza del Estado y a su posición frente al contexto global y, consecuencialmente, está atravesando un proceso de limitación de sus potestades soberanas, que ahora debe compartir con otros Estados y agentes sobre los cuales tiene muy poco control.
  3. En atención a la problemática antes descrita queda claro que el Estado debe transformarse y reconfigurarse de forma tal que pueda enfrentar exitosamente los constantes desafíos y oportunidades planteadas en el contexto internacional, y maximizar las ventajas susceptibles de ser derivadas de la globalización, a la vez que protegerse de sus repercusiones negativas.
  4. Este proceso de reforma puede ser múltiple y variado dependiendo de la perspectiva ideológica y política con que se lo enfoque. En efecto, la gama de respuestas es diversa y va desde el Estado caracterizado por su reducida estructura gubernamental, pasando por una concepción del Estado gestor que vuelca su énfasis sobre la eficiencia de su gestión o, una corriente que ha venido cobrando relevancia en el pasado inmediato, que propone una tercera vía en la que se postula la compatibilización de las fuerzas del Estado y del mercado que se tornan sinérgicas y complementarias.
  5. Sea cual fuere la perspectiva de abordaje a esta problemática, y salvaguardando la diversidad de situaciones que presentan los países de la región y la singularidad de sus respectivas idiosincracias, resulta evidente que para poder enfrentar con éxito las vicisitudes de la globalización, el Estado deberá desempeñar los roles derivados del nuevo contexto. Entre los más significativos se pueden mencionar los siguientes:
  • Constituir un contexto normativo estable que dé seguridad jurídica al desarrollo de las actividades económicas y las inversiones.
  • Asegurar la inversión en servicios sociales básicos e infraestructura
  • Privilegiar la protección de los grupos vulnerables
  • Promover la defensa del medio ambiente
  • Potenciar su capacidad reguladora para conciliar intereses opuestos y precautelar el bien común
  • Asumir un papel activo y dinámico para acometer plena y eficientemente su responsabilidad en lo que respecta a desarrollo social y equidad, desarrollo institucional, desarrollo sostenible y desarrollo científico y tecnológico.
  1. La realización de todos estos roles requiere de un aparato del Estado dotado de mejores capacidades de gestión, partiendo de un nuevo diseño institucional, en particular para el núcleo estratégico de formulación de políticas, las agencias reguladores y ejecutivas y las organizaciones públicas no estatales. Asimismo, es esencial contar con una función pública profesionalizada y altamente calificada, para lo que se hace necesario una inversión significativa en programas de formación y capacitación especializados.
  2. También este Estado requerirá un uso intensivo de la tecnología de la información para aumentar su productividad y mejorar la calidad en la prestación de los servicios orientados al ciudadano.
  3. Es necesario destacar que dadas las dinámicas del contexto global, los Estados ya no pueden alcanzar por si solos sus propios objetivos de crecimiento económico y desarrollo social si no implantan estrategias de integración, que en el caso de Iberoamérica se ven facilitadas por características comunes tanto históricas como culturales. La integración regional, conservando la individualidad de los Estados, constituye una de las respuestas más eficaces que el Estado puede dar para enfrentar los desafíos de la globalización.
  4.  

CONSIDERACIÓN DE INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS IBEROAMERICANOS

La II Conferencia Ministerial tuvo la oportunidad de conocer y evaluar varias iniciativas, en relación con las cuales acuerda proponer lo siguiente:

  1. Respaldar la organización de un espacio de intercambio electrónico entre gestores públicos preocupados con los problemas de gestión del Estado y el desempeño de las organizaciones públicas, para dinamizar un proceso de intercambio de conocimientos, experiencias exitosas e ideas innovadoras.
  2. Sugerir la constitución de un Programa Iberoamericano de Formación y Capacitación Interactiva a Distancia de Funcionarios Públicos, utilizando las capacidades institucionales y tecnológicas disponibles, propendiendo a su desarrollo y fomentando la colaboración e intercambio de programas de aprendizaje. En esta línea se incluye la creación de una Maestría a Distancia en Tecnologías Informáticas para la Gestión Pública.
  3. Crear un Premio Iberoamericano de Calidad en materia de Gestión Pública.
  4. Propugnar la creación de unas líneas éticas de actuación pública válidas para los funcionarios públicos y apoyar iniciativas vigorosas que permitan contar con una estrategia iberoamericana de cooperación para la lucha contra la corrupción. En este contexto se apoya la realización de un Taller Iberoamericano sobre Eficiencia e Integridad en el Gobierno como Estrategia para enfrentar la Corrupción.
  5. Encomendar a la Secretaría General del CLAD preparar los proyectos acordados, en colaboración con los países proponentes, y en coordinación con el responsable de cooperación iberoamericana de Cuba en tanto Secretaría Pro Témpore de la IX Cumbre, y encomendar a las delegaciones que promuevan, con los responsables de cooperación iberoamericana de sus respectivos países, el apoyo necesario para dar viabilidad a estas iniciativas.

     

RESOLUCIONES

Los Ministros de la Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los países iberoamericanos, reunidos en los días 24 y 25 de Junio de 1999, en la ciudad de La Habana, Cuba, en la ocasión de la II Conferencia Iberoamericana de Administración Pública y Reforma del Estado, deciden adoptar las siguientes resoluciones:

  1. Expresar el reconocimiento al Gobierno de Cuba por el apoyo dado a la excelente organización de la Conferencia, por su proverbial hospitalidad y sus contribuciones al clima de confraternidad iberoamericana que ha caracterizado esta Conferencia.
  2. Continuar con la realización de encuentros periódicos de los ministros de administración pública y reforma del Estado, previos a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, de tal forma que contribuyan a la toma de decisiones y formulación de recomendaciones acordes con las necesidades comunes de las administraciones de la región.
  3. Aceptar la invitación del Gobierno de Panamá para la realización de la III Conferencia Iberoamericana de Administración Pública y Reforma del Estado.
  4. Encomendar a la Secretaría General del CLAD la realización de las acciones de coordinación necesarias con el Gobierno de Panamá, a las efectos de la organización y ejecución de la III Conferencia Ministerial.
  5. Expresar el reconocimiento por la iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas al haber aprobado el financiamiento de una "Red electrónica de instituciones regionales para el fomento de la capacidad en materia de administración y finanzas" que apoyará las acciones que el CLAD realiza en el ámbito de difundir actividades de promoción de la modernización de la gestión pública en América Latina.
  6. Solicitar a la Secretaría Pro-Tempore de la Cumbre Iberoamericana que, a través de los respectivos canales, someta a consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno el contenido de la presente "Declaración de La Habana".
  7.  

Argentina D. Luis Santos Casale
Bolivia D. Franz Aguirre
Brasil D. Paulo Daniel Barreto Lima
Colombia D. Miguel María Arias Sanabria
Costa Rica D. Odette Fonseca León
Cuba D. Ibrahim Ferradaz García
Ecuador D. Ramón Yulee Ch.
España D. Jaime Rodríguez-Arana
Guatemala D. Willi Kaltschmitt Luján
Honduras D. Gustavo Adolfo Alfaro Zelaya
México D. Arsenio Farell Cubillas
Nicaragua D. José Barrios Vanegas
Panamá D. Norberta Tejada Cano
Paraguay D. Dalmasio Salinas R.
Perú D. Juan Castilla Meza
Portugal D. Fausto Correia
República Dominicana D. Pablo del Rosario
Uruguay D. Rubén Correa Freitas
Venezuela D. Miguel G. Vander Dijs
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